La “anacrónica” SCJN aplica un revés a los derechos humanos en México y pone en riesgo a ciudadanos: IMDHD

04/09/2013 - 12:05 am
Edgar Cortez. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
Edgar Cortez. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).– La reforma constitucional en materia de derechos humanos en México, aprobada en 2011, sufrió ayer un retroceso. Así lo considera el investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos (IMDHD), Edgar Cortez Morales, luego de que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera una contradicción de tesis y con 10 votos a favor decidiera que “los derechos humanos de fuente internacional a partir de la reforma al Artículo 1° constitucional tienen la misma eficacia normativa que los previstos en la Constitución, es decir, se les reconoce el mismo rango constitucional”, lo cual va en concordancia con la reforma de 2011.

Pero también acordó que “cuando haya una restricción expresa en la Constitución al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional”, y es ahí donde radica la regresión e incluso el peligro para los derechos humanos, indica el activista.

Lo ve como un paso atrás porque entonces lo que está firmado en tratados internacionales como el derecho de una persona a estar ante una autoridad luego de ser detenido y saber cuál es la acusación para la defensa, se puede vulnerar ante una figura como la del arraigo, de recurrente práctica en México, e incluida en la Constitución, y que para organismos internacionales, como Amnistía Internacional, es violatoria a los derechos humanos.

“(Con la decisión de la Suprema Corte) el arraigo no se puede cuestionar aunque haya instrumentos internacionales que lo cuestionan, no se puede hacer nada”, lamenta Cortez.

Con la votación de ayer del pleno de la SCJN cuestionamientos al arraigo y a la prisión preventiva pierden efectividad, añade.

“Si una norma en la Constitución es contraria a los derechos humanos internacionales (con la votación de ayer) no tienes nada que hacer”, afirma el experto.

“La SCJN teniendo la posibilidad de votar en sentido original y consolidar nuestro avance, decide dar un paso atrás y hace tortuoso un proceso para que sean efectivamente protegidos los derechos humanos”, dijo Cortez.

POSTURAS REGRESIVAS

Desde 2011, luego de la aprobación de reformas constitucionales en materia de derechos humanos, hubo revisión sobre si la Constitución estaba por encima de tratados internacionales de derechos humanos. Se revisó el Caso Radilla, que es el de una persona desaparecida en la década de los setenta, en la llamada “Guerra Sucia” de la que se responsabilizó al Ejército Mexicano, y cuyo caso fue llevado ante la Corte Interamericana que determinó que sí había responsabilidad militar.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisó el caso para ver si no se contradecía con la Constitución y ese mismo año determinó que no.

A inicios de este año, el Diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco Arroyo Vieyra, presentó una iniciativa para proponer que los tratados internacionales no podían estar por encima de la Constitución, pero debió retirarla ante la protesta de organismos de derechos humanos.

El tema llegó de nuevo a la mesa de las discusiones, luego de que la SCJN aprobó resolver una contradicción de tesis entre dos juzgados, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

El Máximo Tribunal del país debía determinar si de acuerdo con el marco constitucional vigente las normas de derechos humanos reconocidas en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, se relacionan en términos jerárquicos con aquellas reconocidas en la Constitución o si, por el contrario, todas forman parte de un mismo catálogo de derechos que integran el parámetro de control de la regularidad constitucional.

A Arturo Zaldívar Lelo de Larrea le tocó ser el ministro ponente del proyecto, y la semana pasada lo presentó, para mostrar que no había contradicción, pero no tuvo los votos suficientes del Pleno para su aprobación.

Ante este revés, organizaciones de la sociedad civil como el propio IMDHD, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez o la Red Todos los Derechos para Todos y Todas, alertaron que podría significar un retroceso.

“El debate ha evidenciado posturas que expresan posiciones regresivas en materia de derechos humanos con las que se busca desconocer el objeto de la reforma de 2011 y volver a un paradigma que permitiría la violación de derechos humanos reconocidos internacionalmente”, alertaron mediante un comunicado conjunto.

El lunes pasado se volvió a presentar el proyecto y Zaldívar propuso una versión modificada del proyecto presentado la semana pasada.

“Propuso una versión domesticada planteando que haya mandato de la Constitución, lo que va a prevalecer es la Constitución sobre los tratados”, recuerda Cortez.

“Para mí sí significa un retroceso porque el sentido de las reformas lo que planteaban era esta unidad donde una parte de la unidad era la Constitución y otra parte eran los tratados internacionales. Lo que algunos han llamado bloque de constitucionalidad y otros reconocimiento de derechos extendidos, pero la idea era este conjunto. Al tener el conjunto aplicabas dos cosas, la interpretación conforme; es decir, la Constitución junto con los tratados para hacer esta lectura coherente y armónica, y si no tenía esta lectura o tenías otras complicaciones tenías el principio Pro Persona, que se refiere a qué norma terminaba beneficiando más a las personas. Entonces eso era lo que estaba en cuestión y lo que el lunes se propuso es que se mantiene este criterio, pero el mandato es que cuando hay un mandato o limitación expresa en la Constitución entonces prevalece ésta”, explica.

ARRAIGO, CONSTITUCIONAL Y VIOLATORIO

Cortez explica a SinEmbargo las consecuencias que puede tener este paso regresivo.

“Por ejemplo el arraigo. Nosotros que hemos venido cuestionando el arraigo y sostenido que aunque esté en la Constitución es contrario a la propia Constitución y a los derechos humanos. Con una decisión como ésta ya no lo podríamos cuestionar, porque como el arraigo ya está en la Constitución entonces los tratados internacionales ya no tienen efectividad. Otro caso que se plantearía sería que en la reforma penal de 2008 se propuso que haya una lista de delitos en donde la prisión preventiva es obligatoria o de oficio.

“Nosotros veníamos cuestionando eso porque también es contrario a la reforma de 2011 que plantea que la prisión preventiva siempre tiene que ser la medida última y siempre tiene que buscar aquella que limite o afecte lo menos posible el derecho a la libertad. Pero otra vez, como vamos a tener mandato expreso de la Constitución ya no se puede cuestionar. Yo creo que esta decisión que está tomando la Corte es muy parecida a aquellas contrarreformas propuestas por el diputado Arroyo a inicios de año”, argumenta.

–¿De dónde nace este interés de analizar si no hay nada encima de la Constitución?

–Es una expresión de una corriente en México muy conservadora que siempre ha planteado que nada puede estar encima de la Constitución, poniéndonos en un escenario como si la Constitución fuera perfecta. La Constitución al ser un producto social de un cierto tiempo puede tener imperfecciones, y además reformas que se han hecho recientemente han sido motivadas por intereses políticos de coyuntura.

Esta visión de que nada puede estar por encima de la Constitución y donde esa visión conservadora sigue viendo a los derechos humanos como algo ajeno que amenaza, y lo más grave es que finalmente la Suprema Corte toma una decisión contraria al espíritu de la reforma (de 2011). Si uno revisa la exposición de motivos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos expresamente se decía que la reforma quería incorporar y darle efectividad a los derechos humanos en el país, y por eso ponerlos en el mismo nivel en la Constitución y por eso damos un paso atrás en algo que habíamos logrado en la reforma.

Es como estos procesos históricos que damos en México, un paso adelante con la reforma y un pequeño proceso atrás de ir construyendo una cultura jurídica que no incorpora de manera plena y total a los derechos humanos en el país.

–¿Esto a qué abriría la puerta, qué tratados son contrarios?

–Son tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana. Volviendo al ejemplo del arraigo, lo que estos órganos internacionales plantean es que si te detienen te tienen que llevar de inmediato ante una autoridad y plantearte de inmediato de qué te acusan para poder en consecuencia defenderte.

El arraigo impide eso porque te detienen y van a investigar, no hay acusación ni derecho a defensa, no va en directo contra un tratado sino contra aquellos asuntos donde hay mandato expreso de la Constitución o alguna norma de la Constitución que consideramos pueda ser contraria a derechos humanos. Ya no se puede cuestionar porque si ya está en la Constitución eso hace que volvemos al punto al que estábamos antes de la reforma: los tratados internacionales por debajo de la Constitución.

El riesgo es que esto motive lo que vivimos con el arraigo, cuando lo cuestionamos en 2006 y 2007 y había muchas recomendaciones de Naciones Unidas, del Sistema Interamericano que decían ‘quiten el arraigo de su legislación’, qué hicieron el gobierno y los legisladores de esa época, no lo quitaron de la Constitución. El riesgo ahora es que empiece a haber reformas constitucionales para poder poner ahí asuntos encima de los derechos humanos, puede volverse un incentivo perverso.

–¿Bajo el argumento de que la Constitución es intocable?

–Y que si hay mandato expreso el derecho internacional de los derechos humanos queda en segundo lugar, por eso me parece un retroceso importante, una especie de contrarreforma.

SUPREMA CORTE CONSERVADORA

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Edgar Cortez, miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

–¿La Corte atraviesa un periodo conservador?

–La SCJN siempre ha sido un cuerpo en algunos momentos mucho más conservador, ahora tiene divisiones, un grupo de ministros o ministras más progresistas, más abiertos y otro más conservadores que quieren mantener el statu quo, la tradición jurídica mexicana donde nada por encima de la Constitución, pero esta visión un tanto anacrónica impide que se consolide, que tenga todos los efectos benéficos para la sociedad la reforma constitucional

–¿En la reforma de 2008 preveían estas contradicciones? ¿Hicieron mal su chamba los legisladores?

–En el caso de la reforma constitucional los legisladores hicieron bien su trabajo. La reforma de 2011 sí los ponía como un paso adelante, de darle carácter constitucional y poner los criterios principios pro persona era una reforma que le daba carácter constitucional y ponía en el centro la protección de los derechos de las personas.

El tema es que ya desde casi la primera etapa, cuando la Corte estaba discutiendo como el grado de cumplimiento de la reforma constitucional, como en el caso Radilla discutía esto, si había bloque de constitucionalidad, si los tratados internacionales estaban igual al nivel de la Constitución, ya veníamos viendo los criterios de interpretación. Luego vino la reforma a la iniciativa de contrarreforma del diputado Arroyo en enero de este año, veníamos viendo que había una tendencia que quería revertir y ahora esta decisión.

–¿Cómo nace el actual caso donde el ministro ponente fue el ministro Zaldívar?

–Es una contradicción de tesis donde había dos decisiones de dos tribunales federales, uno planteaba al mismo nivel la Constitución y los tratados internacionales y otro que planteaba esta jerarquía con la Constitución y abajo los tratados. Como tenía dos decisiones, cuando eso sucede la Suprema Corte tiene que intervenir frente a un criterio y frente a otro, cuál es el criterio correcto para que hubiera una normabilidad en todos los tribunales de cómo interpretar. Entonces el ministro Zaldívar en principio lo que planteaba era eso, que había esta unidad entre Constitución y tratados, pero conforme se fue dando la discusión y ante la alta probabilidad de que perdiera la discusión lo que presentó ayer (el lunes) fue una versión modificada que trata de dejar una posición intermedia, pero que traiciona el espíritu de las reformas.

–¿Ven con el nuevo gobierno propuestas innovadoras?

–Hasta el momento no, la vía es seguir presentando casos, plantear al Legislativo y ver que a final de cuestas estamos en una lucha de largo plazo, que una nueva reforma no cambia por sí misma las cosas, lo que viene es la aplicación de la nueva ley y ahí hay muchas complicaciones, porque requiere mucha política pública a poner en práctica para dar efectividad a la ley y lo que urge crear es una nueva mentalidad de abogados.

–¿Aún no hay mentalidad de derechos humanos que permee?

–Todavía no. Si revisas hoy muchos de los programas en las universidades el tema de derechos humanos es una materia, no es su elemento sustantivo de la formación. Por otro lado el tipo de formación que tienen nuestros abogados no les enseñan forma de pensamiento sino de aplicación mecánica de la ley y no esta forma de interpretación, tienes la Constitución, las leyes, los tratados internacionales, todo ese conjunto y lo tienes que poner a dialogar. El problema es que como te enseñan a tener derecho no habilita a tener a abogados habilidad. Aunque haya muchos cursos el problema es la base de formación y forma de pensamiento que tienen los abogados.

CASO RADILLA

-¿Caso Radilla era un paso adelante?

–Era un paso adelante.

–¿En qué consistía?

–La desaparición forzada de un luchador social de Guerrero que en los setenta es desaparecido por el Ejército en contexto de la Guerra Sucia. Él iba en un autobús de pasajeros, lo detiene un retén del Ejército, bajan a todos, los revisan y después sube el resto pero a él se lo llevan y desde entonces está desaparecido, desde hace 40 años y hasta la fecha no sabemos de él, su familia no sabe dónde están sus restos, han estado buscando justicia, agotaron las instancias nacionales, fueron a la Corte Interamericana y obtuvieron una sentencia en 2010 y en julio de 2011 cuando fue aprobada la reforma, la SCJN discutió cuál era la mejor manera para cumplir esa sentencia y darle cumplimiento, y desde ahí vienen pendientes.

Ya se planteaba que una obligación del Estado era la modificación del fuero militar, algo que no hemos hecho. En el mensaje de Enrique Peña Nieto (del lunes), plantea que se va enviar esta iniciativa de fuero militar pero es un viejo pendiente, cuando menos desde la última etapa de 2011 la tenemos.

–¿Ya veía perdida la discusión?

–Sí. Es un mensaje de la SCJN y la sociedad tendría que hacer conciencia de las características que tiene la Suprema Corte y hacer reflexionar si sería importante tener acción más activa cuando hay renovación de ministros y ministras, si debemos tener una posición más activa de buscar diálogo para que en un momento dado el Ejecutivo considere perfiles más abiertos, progresivos y empáticos con los derechos humanos porque al día de hoy la composición de la Corte muestra esa mentalidad jurídica vieja, conservadora y anacrónica.

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