Por Justine Dupuy*

La crisis pone a prueba el actuar de muchas instituciones gubernamentales y los órganos garantes del acceso a la información no escapan a esta sacudida. Muchos debates han surgido en torno a la transparencia y el acceso a la información en este contexto de pandemia. ¿La información es una actividad esencial? ¿Se tiene que aplazar o suspender los plazos para contestar las solicitudes de información? ¿Qué información es necesaria para enfrentar la crisis? ¿Es suficiente con las conferencias de prensa?

A este debate, el INAI acaba de dar una respuesta garantista del derecho de acceso a la información como lo reconocemos más de 50 organizaciones de la sociedad civil, expertas y expertos en un comunicado publicado este lunes 4 de mayo. A diferencia de las decisiones anteriores, el jueves 30 de abril el Pleno del INAI emitió un acuerdo que termina con la suspensión de los plazos de las solicitudes de acceso a la información, así como de los recursos de revisión en los ramos esenciales enlistados en el acuerdo de la Secretaria de Salud publicado el 31 de marzo en el Diario Oficial de la Federación.

Si bien se siguen suspendiendo los plazos para los sujetos obligados con actividades no esenciales hasta el 30 de mayo de este año, el INAI abre la puerta a la posibilidad de contar con más información en sectores fundamentales como economía, la seguridad pública o datos relacionados a programas sociales, por citar algunos ejemplos.

La decisión del INAI se inscribe en las buenas prácticas documentadas en la región como son los casos de Argentina y Brasil para solo citar dos. En Argentina, si bien a mediados de marzo se suspendieron por decreto los plazos de los procedimientos administrativos nacionales, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AIIP) publicó el 14 de abril una resolución donde las solicitudes y los reclamos “se quedan exceptuados de la suspensión de plazos.” Consciente de la situación extraordinaria en la que se encuentra el país, la AIIP se reserva el derecho de evaluar las dificultades encontradas para contestar ciertas solicitudes. Esta evaluación se lleva a cabo “sobre la base de los principios de buena fe y razonabilidad que debe guiar la actuación de los sujetos obligados”. Por su parte, en Brasil el gobierno buscó cambiar los procesos de acceso a la información a través del artículo 6B de la medida provisional 928/2020, pero se logró impedir esta disposición legal. Ochenta organizaciones de la sociedad civil se movilizaron en contra de esta medida publicando el comunicado “Solo ganaremos la pandemia con transparencia”. Y el 30 de abril, después de haber suspendido sus efectos, el tribunal federal supremo revocó definitivamente el artículo de esta medida.

En México, la decisión del INAI de terminar con los plazos ha sido una excepción. La mayoría de los órganos garantes estatales han aplazado o suspendido los tiempos legales de respuesta para las solicitudes. Es de esperar que el ejemplo del INAI inspire a los institutos estatales a dar el mismo paso.

En estos días, el INAI está festejando los 5 años de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Con este nuevo marco normativo quedó plasmado la obligación de impulsar e implementar políticas de transparencia proactiva. El fin de la suspensión de plazos en sectores esenciales en México no debe frenar los esfuerzos para compartir información proactivamente que permiten disponer de datos de manera oportuna y rápida. Las organizaciones y personas que suscribimos el comunicado del 04 de mayo seguiremos exigiendo la implementación de políticas de transparencia proactiva en materia económica y de salud, entre otros, así como mayores esfuerzos por parte del Estado para hacer llegar información a grupos en situación de vulnerabilidad.

* Justine Dupuy es coordinadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.

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Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

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