La Función Pública resolvió sancionar a las empresas Tradeco Infraestructura y Grupo Industrial IGSA para que no puedan negociar o celebrar contratos con ninguna instancia gubernamental. Aunque no se especifica el por qué de la veda, las leyes en las que la dependencia federal sustenta su decisión mencionan casos de incumplimiento y opacidad, mismos por los que se justifican procesos de inhabilitación temporal para participar de procesos de contratación.
Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) ordenó a diferentes dependencias federales y estatales abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Tradeco Infraestructura y con el Grupo Industrial IGSA.
Por medio de una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia federal “resolvió el procedimiento administrativo de sanción a proveedores, licitantes y contratistas instaurado en contra de las empresas Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V., y Grupo Industrial IGSA, S.A. de C.V.”, por lo que pidió a todas las dependencias, a la Procuraduría General de la República (PGR), a las entidades de la Administración Pública Federal (APF), así como a las entidades federativas, no involucrarse con dichas compañías.
En el caso de Tradeco, la SFP estableció un plazo de 30 meses (dos años y seis meses) de veda, mientras que para IGSA determinó un plazo de tan sólo tres meses.
Aunque el área de Responsabilidades Administrativas de la SFP no especifica las razones para vetar a ambas compañías, refiere que “los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados con las mencionadas infractoras, no quedarán comprendidos en la aplicación de la presente Circular”.
Lo que sí menciona es el marco legal en el que sustentó su determinación, leyes entre las que se cuentan los artículos 2, 8 y 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (que mencionan los casos de validez e invalidez de los actos administrativos); y los artículos 130, 131 y 133 de la Ley de Asociaciones Público Privadas.
En el apartado 130 de dicha Ley, se especifica que la Función Pública podrá inhabilitar temporalmente para participar en procedimientos de contratación a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: concursantes que injustificadamente no formalicen el contrato que les haya sido adjudicado; que no cumplan con sus obligaciones contractuales causando de ese modo “daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate”; así como personas físicas o morales que proporcionen información falsa o que actúen con dolo; entre otros.
La sanción fue dada a conocer este lunes por el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dependencia que también inhabilitó a Grupo IGSA por tres meses, quien en asociación con Tradeco, en 2014 ganó un concurso para celebrar un contrato y reconstruir el Hospital Gonzalo Castañeda en la Ciudad de México.
Debido a que las empresas no cumplieron como era esperado, el contrato fue cancelado meses después, situación por la que el ISSSTE emitió un oficio para iniciar un proceso administrativo y sancionar a ambas empresas.
Aunque las compañías promovieron sendos recursos de amparo, no procedieron y la demanda del ISSSTE permaneció vigente.
EL HISTORIAL NEGRO DE TRADECO
Grupo Tradeco es una empresa constructora y desarrolladora de Infraestructura, con capital 100 por ciento mexicano, de acuerdo con información que aparece en su página oficial. Fue fundada el 18 de febrero de 1992 con el objetivo de satisfacer las necesidades de desarrollo en infraestructura en México y Latinoamérica.
De 2003 a 2012, la constructora recibió contratos gubernamentales por más de 20 mil millones de pesos, en cuyas adjudicaciones se han detectado varias irregularidades y opacidad, de acuerdo con reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La historia de éxito de Tradeco sólo se puede entender por el impulso en los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, que le dieron multimillonarios contratos, muchos de ellos por adjudicación directa.
De acuerdo con la ASF, la empresa ha obtenido más de 100 contratos por un monto superior a los 20 mil 204 millones de pesos con diversas dependencias de la administración pública, entre ellas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Petróleos Mexicanos (Pemex), Aeropuertos y Servicios Auxiliares, la Policía Federal y la extinta Secretaría de Seguridad Pública.
En 2006, Tradeco ganó una licitación internacional para la construcción del Puente Baluarte, donde se llevaron a cabo siete convenios de modificación del contrato original para la ampliación del costo y del tiempo de entrega del trabajo.
En 2009, la ASF determinó que la SCT de Sinaloa realizó pagos excesivos por más de 27 millones de pesos a la constructora.
De acuerdo con información obtenida por SinEmbargo, bajo la administración de Enrique Peña Nieto, Tradeco ha realizado 19 proyectos con los cuales quizá no se acerca a los 20 mil millones de pesos de los 12 años pasados, pero sí ha obtenido un monto nada despreciable: 12 mil 411 millones 487 mil 300 pesos.
La mayoría de esos contratos se pactaron con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para desazolves de ríos; con Pemex, para la instalación de acueductos, y con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por un concepto que en los documento aparece sólo como “obras”.
