La Suprema Corte acusó argumentos “dogmáticos, genéricos y abstractos” al querer explicar por qué la revelación de dichos datos implicaría un riesgo para los trabajos de inteligencia y contrainteligencia.
Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la orden a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que haga públicos los contratos en la adquisición del software Pegasus, empleado durante el sexenio pasado para labores de espionaje a periodistas, políticos y activistas de derechos humanos.
Con nueve votos a favor y dos en contra, la Sala Superior desechó los recursos de revisión que interpuso la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en contra de la orden que estipuló el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para que el Gobierno federal entregara una versión pública de la información correspondiente a los contratos firmados para contratar Pegasus.
La Corte determinó que no se encuentra acreditada la reserva de la información por razones de seguridad nacional, motivos interpuestos por la Consejería, debido a que “la clasificación de la información pública depende de su contenido y no del sujeto que la emite o las atribuciones de éste” aún cuando cuente con facultades relacionadas con la seguridad nacional, como es el caso de la UIF.
También señaló que la Consejería fue omisa en demostrar por qué la divulgación de la información solicitada implicaría afectaciones en las operaciones de inteligencia y contrainteligencia. La Suprema Corte acusó argumentos “dogmáticos, genéricos y abstractos”.
El Pleno de #LaCorte confirmó la resolución del #INAI que ordena entregar, en versión pública, la información relativa al caso “Pegasus”, al determinar que no se acreditó la reserva por razones de seguridad nacional. https://t.co/MGAlmAL9Sp pic.twitter.com/5ZsZRpKV8O
— Suprema Corte (@SCJN) February 6, 2024
Asimismo, apuntó que la información solicitada no es generada mediante los trabajos de investigación, así como tampoco resulta propia o connatural a las operaciones de inteligencia y contrainteligencia que las respectivas dependencias gubernamentales desarrollan.
A finales del año pasado, un testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) confesó que el expresidente Enrique Peña Nieto ordenó el uso del sistema Pegasus para espiar a los empresarios Carlos Slim Helú, Germán Larrea, y a periodistas como Carmen Aristegui.
De acuerdo con “Zeus”, el testigo protegido de la Fiscalía, era el propio Peña Nieto, a quien se le conocía como “El Patrón”, el que ordenaba a quién se debía espiar.
La revelación se dio ante el Juez Luis Benítez Alcántara, durante la primera audiencia del juicio oral contra Juan Carlos García Rivera, empleado de una filial del Corporativo KBH, red de empresas fachada que utilizó el empresario de origen israelí Uri Emmanuel Ansbacher para vender Pegasus al Gobierno mexicano, celebrada en el Centro de Justicia Federal con sede en el Reclusorio Sur y quien posteriormente fue absuelto.
En abril de 2023, también grupos defensores de la libertad de prensa denunciaron que el Gobierno actual seguía usando el software de espionaje en 2022 para interferir los teléfonos de activistas por los derechos humanos, a pesar de la promesa del Presidente Andrés Manuel López Obrador de poner fin a esa clase de espionaje.
En respuesta, el mandatario eludió pronunciarse sobre ese señalamiento y, en cambio, denunció que las secretarías de Defensa (Sedena) y Marina (Semar) están siendo objeto de “espionaje del Pentágono”. Pero agregó que no reportaría los casos para no convertir en “mártires” ni a los espías ni a los empleados de las agencias extranjeras.
Durante su conferencia matutina también aprovechó para criticar a los medios de comunicación locales a los que señaló de filtrar la información que les entrega la DEA. López Obrador insinuó la víspera que la información que se usó para dictar cargos contra 28 miembros del cártel de Sinaloa por tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos fue recopilada por agentes estadounidenses en México.
Entre los espiados, aseguró una investigación del diario The New York Times, fue el exsubsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, mientras llevaba a cabo investigaciones de abusos por parte del Ejército mexicano.
El trabajo firmado por los periodistas Natalie Kitroeff y Ronen Bergman explicó que el funcionario supo de los hackeos luego de que los ataques fueran confirmados a través de un análisis forense de Citizen Lab, un grupo de vigilancia con sede en la Universidad de Toronto, en Canadá.
Cuatro personas que hablaron con él sobre los ataques detallaron que el celular de Encinas estuvo infectado en varias ocasiones, lo que permitió que los piratas informáticos obtuvieran acceso ilimitado a su vida digital.
Estos actos ocurrieron incluso en 2022, cuando lideraba la Comisión de la Verdad del Gobierno sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Citizen Lab también encontró pruebas de infiltración con Pegasus a los celulares de otros dos funcionarios que trabajan con Alejandro Encinas, quienes también han colaborado en investigaciones por presuntas violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas.
NSO Group, empresa israelí fabricante de Pegasus, analizó los ataques contra Encinas y sus colaboradores, y aseguró que no opera sistemas individuales del malware, sino que indaga denuncias creíbles sobre su uso incorrecto.
