Por Marcia Itzel Checa Gutiérrez*

Han transcurrido 38 días de este 2023 y varias designaciones de altas responsabilidades públicas que se encontraban rezagadas empiezan a resolverse. ¡Vaya! Como contexto es importante recordar que el año arrancó con 34 procesos pendientes de tiempo atrás y/o que durante el 2023 deben realizarse (1). De este universo, cuatro designaciones se han resuelto en lo que va del año, a saber: un integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) y la ratificación de la presidencia de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para un segundo periodo por parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; y las dos propuestas enviadas por el Ejecutivo Federal para comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) que fueron ratificadas por el Senado de la República y se encontraban pendientes desde 2021.

A este ritmo y siendo sumamente optimistas –dados los antecedentes y el acumulado de malas prácticas en estos procesos– podríamos asegurar que los días y meses restantes del año son más que suficientes para que los distintos órganos responsables de estas importantes decisiones públicas las concluyan de la mejor forma.

No obstante, es importante tener presente que la celeridad con la que se resolvieron las designaciones pendientes en el caso de la Cofece se debió, en mucho, a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la controversia constitucional 207/2021 promovida por la propia Comisión Federal de Competencia Económica, que ordenó al Ejecutivo Federal a enviar las propuestas de las personas comisionadas faltantes antes del término de 2022. Como bien dice el refrán popular “cuando las barbas de tu vecino [vecina] veas cortar, pon las tuyas a remojar”.

Si bien, las autoridades deberían de cumplir motu proprio con sus obligaciones constitucionales, entre las que se encuentran las de designar a quiénes asumen altas responsabilidades públicas, es vital el control judicial de estos procesos –con todo y sus limitaciones actuales– (2) para sacarlos del punto muerto.

En este sentido y ante el gran acumulado de designaciones pendientes –16 en total, que representan el 53 por ciento del conjunto de 30 procesos que aún se encuentran pendientes y/o están calendarizadas para este año– son esperanzadores los llamados y acciones de distintos lados para jalar a la resolución de estas decisiones y que se realicen de manera adecuada. Algunos ejemplos de estos esfuerzos son:

– La controversia constitucional interpuesta por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) (3) ante las tres designaciones pendientes desde 2020 y 2021.

– La demanda de amparo (4) de parte de un integrante del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por las dos designaciones pendientes desde abril del año pasado o la alerta (5) de las y los cinco comisionados del mismo INAI ante la posible complicación de reunir el quórum legal para sesionar, en caso de no resolverse a la brevedad y empatarse con la vacante que se dará el próximo 31 de marzo.

– La sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)  (6) que mandata a la Cámara de Diputados ajustar la convocatoria aprobada para consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), con el fin de que garantice el principio constitucional de paridad en la designación, se evite intromisión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en los trabajos del Comité Técnico de Evaluación y se diferencie cómo se definirá la presidencia del Consejo General y el resto de integrantes.

– El llamado de muchas organizaciones y colectivos que a nivel subnacional y nacional exigen la apertura de los procesos de designación.

Desde el Observatorio de Designaciones Públicas (ODP) continuaremos visibilizando este rezago, aportando información que contribuya al desarrollo de procesos apegados a estándares de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e idoneidad y exigiendo el adecuado cumplimiento de esta importante obligación de designar a quiénes asumen altas responsabilidades públicas, pero no de cualquier perfil, sino de las y los mejores. ¡Es nuestro derecho!

#SinCuotasNiCuates

* Itzel es coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones), proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas; y, generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles para contribuir al fortalecimiento de las instituciones de México.

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1. Ver: https://twitter.com/designaciones/status/1610337207750987776?s=20&t=Gv4mDk9unYuHJx1Y9HaUFg
2. Un enorme reto en la materia es la garantía de un recurso efectivo para impugnar cualquier acto del poder público que se considere violatorio de los derechos humanos, pues el hecho de que la mayoría de las interpretaciones judiciales impidan el control judicial de las designaciones realizadas por el Poder Legislativo constituye una violación del derecho a la protección judicial que tenemos las personas.
3. Ver el Amicus Curiae presentado al respecto por el Observatorio de las telecomunicaciones en México (Observatel):

Observatel e @INCAM_Abogados presentamos a @SCJN un amicus curiae en la controversia promovida por @IFT_MX por la falta de nombramiento de comisionadas@IFT_MX está por cumplir 3 años con el pleno incompleto; hacemos llamado a @SCJN para que resuelva pronto

Más información 👇🏽 pic.twitter.com/TcGO1ZLdvQ

— Observatel (@observatel) January 25, 2023

4. Ver: https://www.milenio.com/politica/ciudadano-busca-ampararse-ausencia-comisionados-inai
5. En: https://www.animalpolitico.com/politica/inai-advierte-al-senado-peligro-de-paralisis-ante-la-falta-de-nombramientos-de-comisionados
6. Ver: https://twitter.com/TEPJF_informa/status/1606491114793340928?s=20&t=sD5YwoxsHNVPprNvCUIshA

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