Washington, 7 nov (dpa) – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al gobierno mexicano a redoblar sus esfuerzos para localizar a los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala y llevar a los culpables ante la justicia.
La presidenta de la CIDH, Tracy Robinson, consideró hoy en rueda de prensa que la detención el pasado 4 de noviembre del alcalde de Iguala y su esposa, que estaban prófugos de la justicia, “constituye un avance” en el caso.
El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, acusados de ser los autores intelectuales del ataque contra los estudiantes y operadores del cártel Guerreros Unidos, fueron arrestados la madrugada del martes en una casa del barrio de Iztapalapa en la Ciudad de México, después de más de un mes prófugos.
La CIDH reconoció “la firme voluntad” de las autoridades mexicanas de investigar los hechos y dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos, así como de identificar a los autores materiales e intelectuales y someterlos a la justicia.
Sin embargo, la Comisión se mostró muy preocupada “por la falta de progreso en la determinación del paradero de los estudiantes desaparecidos”
La CIDH urgió al estado mexicano a “multiplicar sus esfuerzos y a dedicar todos los recursos humanos y materiales que resulten necesarios en esta búsqueda, así como a adoptar medidas destinadas a resolver los problemas estructurales subyacentes a las desapariciones forzadas, las cuales no se limitan al caso de los estudiantes de Ayotzinapa”.
La presidenta de la CIDH explicó que la Comisión todavía no ha tomado una decisión sobre si ofrecerá asistencia técnica a México para desarrollar capacidades para la búsqueda de desaparecidos, tal y como han solicitado tanto las organizaciones pro derechos humanos como el gobierno mexicano. Las partes deben ponerse antes de acuerdo sobre lo que necesitan.
Aunque ninguna de las audiencias de la CIDH que se celebraron la semana pasada sobre México estaba exclusivamente dedicada a Iguala, el caso salió a relucir en varias ocasiones. En una de las audiencias, los representantes de las organizaciones pro derechos humanos leyeron uno a uno los nombres de los 43 desaparecidos y, acto seguido, se guardó un minuto de silencio en memoria de los estudiantes ejecutados extrajudicialmente.
Debido a la urgencia y gravedad de esta situación, la Comisión solicitó el pasado 3 de octubre al estado de México que adoptara medidas cautelares en el caso de Iguala para determinar la situación y el paradero de estudiantes desaparecidos y que investigara los hechos.
De acuerdo con las investigaciones, agentes municipales, aliados con el cártel de los Guerreros Unidos, estuvieron presuntamente involucrados en el asesinato y desaparición de los jóvenes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre en Iguala, a unos 200 kilómetros al sur de Ciudad de México.
Los estudiantes fueron perseguidos por la policía municipal por órdenes del alcalde, según la fiscalía, para evitar que interrumpieran un acto de su esposa.
Hubo seis muertos y 25 heridos y la policía se llevó a 43 jóvenes, a los cuales supuestamente entregó a sicarios del cártel Guerreros Unidos. Todavía no hay pistas sobre su paradero.
