Por Janet Oropeza Eng*

El próximo 9 de diciembre es el Día Internacional contra la Corrupción, una oportunidad importante para reflexionar sobre los pendientes que aún persisten. En México, en 2019, de acuerdo con datos del INEGI, 87 por ciento de las personas consideraban que la corrupción era frecuente o muy frecuente. También se calculaba que el costo de la corrupción en la relación de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades ascendía a 12,770 millones de pesos. Otro dato alarmante se refiere a la impunidad, más del 90 por ciento de las denuncias por corrupción no se investigan adecuadamente o no llegan a un juez o jueza (1).

Uno de los grandes pendientes en el tema de corrupción en nuestro país se relaciona con la reparación a víctimas por afectaciones que causan estos actos. De hecho, en los últimos años, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han enfatizado la relación que guardan los actos de corrupción con afectaciones a derechos humanos y señalado la importancia de identificar y reparar a las víctimas, a través de resoluciones o informes temáticos. Es decir, en los casos de corrupción debe ponerse en el centro a las víctimas y sus derechos.

Para ilustrar los pendientes respecto a la reparación por actos de corrupción en México, podemos hablar del Paso Exprés de Cuernavaca, uno de los mayores escándalos mediáticos del sexenio pasado. A tres meses de su inauguración, en esta obra pública ocurrió en julio de 2017 un socavón, donde fallecieron dos personas. Posterior al socavón, se realizaron múltiples investigaciones y auditorías por la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre otras (2). Todas ellas concluyeron que alrededor de esta obra hubo actos de corrupción en la forma de irregularidades como sobrecostos, negligencia, recursos sin comprobar, falta de supervisión, decisiones contrarias al interés público, etc.

En particular, la Recomendación 34/2018 de la CNDH documentó las múltiples irregularidades alrededor del Paso Exprés que constituyen potenciales actos de corrupción y su relación con violaciones a derechos humanos. Concluye que hubo cuatro víctimas mortales desde su construcción, el socavón y días más tarde, y ordena a las diversas dependencias públicas encargadas de planear, financiar y supervisar la obra llevar a cabo una reparación integral del daño, lo que incluye, entre otras medidas, el esclarecimiento de los hechos, una disculpa pública institucional, el acceso a la verdad y justicia, distintas medidas de atención, no-repetición, satisfacción y compensación para las familias de las víctimas, entre otras. La Recomendación de la CNDH es importante porque abrió la puerta a que se pudiera reparar a las víctimas y porque es una de las primeras que visibiliza el vínculo entre actos de corrupción y afectaciones a derechos humanos.

Sin embargo, como documentamos hace unos meses en la investigación Paso exprés. Un caso de corrupción, violaciones a derechos humanos y reparación, ha habido un cumplimiento muy parcial de la Recomendación de la CNDH por autoridades federales. Prueba de ello es que, de los 12 puntos recomendatorios mandatados por la CNDH, para julio de 2020, sólo se habían cumplido satisfactoriamente cuatro, tres de forma parcial y cinco estaban pendientes.

La falta de una reparación integral a las víctimas y sus familias continúa afectando sus derechos. Una de estas familias es la de Ricardo Popoca Hinojosa, quien el 12 de octubre de 2016 perdió la vida en el Paso Exprés de Cuernavaca al impactarse con un cable de alta tensión. Ricardo era “un hombre joven, trabajador, padre de dos pequeños, y que gustaba de hacer deporte”, cuenta su papá, Don Ricardo Popoca González, quien desde ese día y más de cuatro años después no ha cesado de exigir justicia y que se dé cumplimiento a la reparación integral que ordenó la CNDH.

Lamentablemente, el andar en la justicia para Don Ricardo y su familia ha sido difícil. Si bien la Recomendación de la CNDH, emitida en 2018, fue un rayo de esperanza para la familia, porque fue producto de una investigación profunda de los hechos y reconoció el daño que habían sufrido, a más de dos años, ésta no se ha cumplido cabalmente. “Hoy en día, no obstante que hemos presentado escritos a las autoridades pidiendo el cumplimiento de la Recomendación, lo han eludido, han hecho caso omiso, ha sido una decepción ver que no se cumplen las propias determinaciones de una autoridad como es la CNDH, que es la que viene a proteger nuestros derechos, nuestra garantía”, señala Don Ricardo.

Sin embargo, para esta familia la lucha continúa también desde los tribunales, donde han emprendido diversos procesos judiciales. Por medio de ellos, desean que se esclarezcan los hechos, qué se llegue a la verdad, que las autoridades asuman su responsabilidad, y se repare el daño a todas las familias de las personas que perdieron la vida. Aunque sea difícil, confían en que poco a poco la justicia llegará. “Ha sido difícil este peregrinar, pero no me arrepiento, sigo adelante, todo esto me da fuerza por mi hijo y mis nietos”, comenta Don Ricardo.

El caso del Paso Exprés ejemplifica los retos que aún existen en nuestro país para combatir la corrupción con un enfoque de derechos humanos, donde se visibilice a las víctimas y se les repare integralmente. Ni siquiera en este caso de alto perfil público y donde hay una Recomendación de la CNDH, que reconoce a víctimas, las dependencias han llevado a cabalidad la reparación. Por esta razón, un paso positivo podría ser que dependencias públicas incluidas en la Recomendación 34/2018 de la CNDH, muchas de las cuales son federales, cumplan con todas las medidas que les fueron mandatadas desde 2018. Lo anterior, sentaría un precedente importante en un país donde existen altos niveles de corrupción e impunidad, y mostraría el compromiso del gobierno en turno con el combate a la corrupción y los derechos humanos de las víctimas. El Día Internacional contra la Corrupción es un buen día para recordar este gran pendiente en nuestro país.

* Janet Oropeza Eng es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.

(1) Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación presenta denuncias a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cuando detecta irregularidades o presuntos desvíos. Históricamente, la FECC ha podido presentar ante un juez menos del 5% de estas denuncias.
(2) Algunas de estas auditorías e informes son: Secretaría de la Función Pública, Archivos correspondientes al Informe y cédulas de auditoría “Ampliación del Libramiento de Cuernavaca (Paso Exprés)” en el Estado de Morelos, 12 de septiembre de 2017; Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de Comunicaciones y Transportes: Construcción de la Estructura Intermedia, Ubicada en Km 13+600 en la Carretera México-Acapulco (Libramiento Paso Express Km 93+857), en el Estado de Morelos Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-09100-22-0358-2019 358-DE; Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación 34/2018 Sobre el caso de la construcción del libramiento del libramiento de la Autopista México-Cuernavaca, conocido como “Paso Exprés”, y posterior socavón ocurrido el 12 de julio de 2017 en Cuernavaca, Morelos, que derivó en violaciones a los derechos humanos de V1 a V7, 8 de octubre de 2018.

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