Por Xanath Lastiri, Daniela Barragán y Ariadna Ortega

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).– Los sucesivos escándalos de corrupción de la empresa Obrascán Huarte Lain (OHL) en el Estado de México alcanzaron finalmente a autoridades federales. Los nuevos audios, revelados ayer de manera anómina –como los anteriores divulgados entre mayo y junio pasados–, involucran a Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), quien también fue Secretario de Comunicaciones del Edomex [entre 2005 y 2011], cuando Enrique Peña Nieto fue Gobernador de esa entidad.

El caso, coincidieron especialistas en transparencia y rendición de cuentas consultados por SinEmbargo, abona aún más a la desconfianza pública en el Gobierno federal, que encabeza Peña Nieto, y a la imagen negativa de México, visto hoy como un país donde la impunidad priva y los castigos no llegan. Por ello, insistieron, es urgente una investigación a fondo que impida que una empresa implicada en corrupción siga operando en el mercado.

El 2 de marzo pasado, Peña Nieto reconoció en una entrevista con el diario británico The Financial Times que “México está plagado de ‘incredulidad y desconfianza” y que su administración debe “reconsiderar a dónde nos dirigimos”.

“Hoy hay sin duda, una sensación de incredulidad y desconfianza […]. Ha habido una pérdida de confianza y esto se ha demostrado en la sospecha y la duda”, dijo Peña Nieto en su “confesión más sincera desde la desaparición y la sospecha de asesinato de 43 estudiantes”, escribió la periodista Jude Weber.

Ayer, OHL calificó las grabaciones de ”ilegales” y “manipuladas” e informó que continuarán las auditorías solicitadas para el esclarecimiento de los hechos, así como las investigaciones para confirmar “quién está detrás de la campaña de desprestigio”. De acuerdo con las grabaciones, funcionarios del Gobierno federal entregaron información privilegiada a OHL para que ganara licitaciones públicas. Además sugirieron que la constructora pagó vacaciones a Ruiz Esparza en el Centro Mayakoba, propiedad de la empresa.

La SCT dijo en un boletín que el titular de la dependencia federal no recibió favores de la empresa ni entregó información privilegiada.

Hace apenas dos semanas, Marco Fernández, investigador de México Evalúa y profesor del Tecnológico de Monterrey, dijo a SinEmbargo que los audios sugerían que el problema de la corrupción en el caso OHL estaba en los niveles más altos de gobierno. Y ahora, a 12 días de que una grabación se exhibiera a la Consejera Jurídica del Estado de México, Luz María Zarza, operando a favor de OHL, el escándalo golpeó directo al corazón del Gobierno federal, en específico al Secretario de Comunicaciones y Transportes, considerado uno de los hombres más cercanos al Primer Mandatario.

Para Ernesto Gómez Magaña, director ejecutivo de la organización Participación Ciudadana en Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, “la continua participación de OHL, como el de otras empresas corruptas, se debe a que el procedimiento de sanciones de este país es lento, [por] la falta de medidas precautorias y la inexistencia de una articulación en los  sistemas de responsabilidad”.

Ante los hechos recientes, los especialistas han urgido a las autoridades federales a avanzar en medidas para el combate a la corrupción e impunidad, pues son las dos causas centrales de la desconfianza de la sociedad en sus instituciones y en quienes las operan.

Los audios de ayer, expuso Gómez Magaña, muestran que “es oportuno hablar de lo que urge en el contexto de las reformas a las leyes secundarias en el combate a la corrupción, mas allá de quién vaya a participar en un consejo o de cuántos se van a integrar en un sistema; esas son cuestiones de forma, cuando el tema de los castigos es esencial para impulsar la transparencia, entre muchos otros más”.

Para Oliver Ambía, director del Departamento de Finanzas del Tecnológico de Monterrey, el daño está hecho en cuestión de la imagen de ambas partes, y el futuro de OHL en el ámbito de las licitaciones será complicado.

El especialista añadió que hasta que no haya un fallo de corte legal o una resolución de una entidad gubernamental que sancione o se vete a OHL, todo quedará en un desprestigio y en el resentimiento social por sus acciones. Sin embargo, esta posición también coloca a la empresa en un nivel negativo como una opción para invertir, ya que podría ser comprada muy por debajo de su valor actual.

“El daño ya está hecho para OHL. De aquí en adelante en la licitación que gane o que se le asigne, despertará muchas suspicacias y comentarios no del todo agradables, lo que limitará su margen de maniobras […] No se ve la manera en cómo pueda ganar alguna licitación, y en caso de que le otorgaran algo será complicado llevarlo a la práctica. Un golpe más no puede ser peor, puede ser mortal”, dijo en entrevista para SinEmbargo.

GOLPE PARA OHL

OHL México es uno de los principales operadores en el sector privado de concesiones en infraestructura de transporte en el país y es el líder de su sector en el área metropolitana de la Ciudad de México por un número de concesiones asignadas y kilómetros administrados, según su descripción en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El portafolio de activos de la compañía incluye siete concesiones de autopistas de peaje, cinco de las cuales se encuentran en operación, una en un procedimiento legal y una en fase de pre construcción. Estas concesiones se encuentran en el Distrito Federal, el Estado de México y Puebla. Asimismo, agrega la BMV, la compañía tiene una participación del 49 por ciento en la compañía concesionaria del Aeropuerto de Toluca.

Sin embargo, desde que se comenzaron a revelar los audios que implican principalmente a la administración de Eruviel Ávila Villegas en presuntos casos de corrupción con la misma empresa, sus acciones se han mantenido constantes sin registrar grandes bajas.

En los días en los que se han revelado los audios, las acciones de OHL México registraron bajas.  El 7 de mayo, cuando se difundieron los primeros audios, cerró en  24.30. Este miércoles, al difundirse la participación de Ruiz Esparza en supuestos negociaciones, finalizó en 20.41.

SIN CASTIGO

El 7 de mayo pasado se destaparon las primeras conversaciones telefónicas entre directivos de OHL México y autoridades mexiquenses en las que se evidenciaban acuerdos y favores entre funcionarios. Éstas se habrían realizado a principios de año.

Hasta el momento, al menos una decena de personajes han estado involucrados en el caso. Sin embargo, sólo dos han dejado su cargo: Pablo Wallentin Crawford, ex representante de la empresa española en el país, quien presuntamente fue el orquestador, y Apolinar Mena, ex Secretario de Comunicaciones mexiquense.

Ellos son los protagonistas de los primeros audios difundidos, en los que se acuerda incrementar costos del Viaducto Bicentenario.

El académico del Tec de Monterrey  mencionó que la impunidad ha sido la constante que caracteriza al país y se evidencia con los escándalos que se revelan no sólo en el Edomex sino también en otros estados, donde “lamentablemente no hay castigo”.

Gómez Magaña comentó que la principal implicación de que OHL –ahora concurse en la SCT– es “el grado de desconfianza pública que se le imprime a un procedimiento que podría ser ordenado y de manera transparente”.

“La responsabilidad de la SCT es muy directa, debe conducir el proceso conforme a la normatividad vigente. Lamentablemente como están las reglas ahora no puede vedar o impedir la participación de las empresas que no han sido sancionadas en el orden federal, su función es aplicar los procesos de vigilancia porque no sancionar”, detalló y expuso que atañe a la Secretaría de Función Pública (SFP) reforzar sus mecanismos.

El especialista en rendición de cuentas explicó que el procedimiento de sanciones llevado a cabo en los juicios es lento, porque prolonga el tiempo de atención a las irregularidades que una empresa presenta y, en ese sentido, recomendó revisar si existen formas de procesar de manera expedita.

Agregó que se deben implementar medidas precautorias para evitar que una empresa que se encuentra bajo investigación pueda seguir participando.

“Es irracional que una compañía que es señalada y observada se le permita libremente seguir operando”, afirmó.

Los órganos encargados de sancionar no trabajan conjuntamente, de acuerdo con Ernesto Gómez, “tenemos 33 sistemas de responsabilidades en el país y ninguno está articulado. Si la empresa comete irregularidades en alguna entidad puede libremente ir a otra y continuar operando porque las sanciones no pueden ir de una jurisdicción a otra”, detalló.

Al respecto, Oliver Ambía puntualizó que “independientemente de si los audios puedan ser o no ilegales, los funcionarios que están inmiscuidos se ven mal, al igual que los procesos de asignación que no son transparentes, y que las cifras y los fideicomisos sean un tema tabú […] En nuestro país no tenemos cultura de rendición de cuentas y de transparencia y nos hemos acostumbrado a ver asó las cosas. Las leyes están y también los protocolos, el problema es que no se ejecutan y ese es el reto. OHL es el reflejo de la situación actual de la sociedad”.