el 75 por ciento de los usuarios de transporte público tipo van, autobús urbano o microbús del Estado de México están insatisfechos con el servicio. Foto: Armando Monroy, Cuartoscuro

*Carlos Samayoa

Ha pasado un par de meses desde que varias organizaciones de la sociedad civil nos dirigimos públicamente al Gobernador Alfredo Del Mazo para afirmar que el transporte en el Estado de México mata. Esa declaración tan fuerte no se hizo de manera espontánea; es el resultado de un largo periodo de análisis, estudios y aproximaciones infructuosas a ese gobierno, por parte de las organizaciones en cuestión y de diversos especialistas en la materia, que evidencian una severa crisis de inseguridad que se traduce en casi 500 muertes por violencia a bordo del transporte público en los últimos cuatro años. También existe un fuerte deterioro ambiental y de salud pública, que ha propiciado que la tercera parte de la población del estado vea su salud en riesgo por la contaminación. Esta crisis gira en torno a la carencia de un sistema de movilidad óptimo.

Considerando esa alarmante situación, el año pasado enviamos una petición formal al Gobernador Del Mazo para transformar el obsoleto e ineficiente sistema de transporte público de su entidad, que es una de las más contaminadas e inseguras del país. Si bien, el Secretario de Movilidad Raymundo Martínez nos recibió en varias ocasiones para hablar al respecto, hasta el momento no se ha hecho público ningún compromiso de gobierno que contenga los elementos necesarios para aminorar la crisis ambiental y del transporte en el estado. La única respuesta fue una furtiva decisión de aumentar la tarifa del transporte público, que es por cierto, uno de los más caros y más deficientes del país.

El argumento de tal decisión es que los concesionarios necesitan ese aumento para renovar unidades y dar un mejor servicio porque no hay subsidio gubernamental. Pero si, por ejemplo, en el caso de Toluca vemos que el gobierno del estado destina a la movilidad sustentable solamente el 14.1 or ciento del presupuesto federal que tiene disponible, entonces es evidente que la prioridad no está ahí. ¿Qué pasaría si se dejara de invertir el 85.9 por ciento del presupuesto federal en infraestructura en beneficio del automóvil y mejor se destinara a mejorar el transporte público? Posiblemente funcionaría muy bien como subsidio.

Lo cierto es que la movilidad es un sector en el que se requiere implementar medidas urgentes con acciones a corto y mediano plazo para mitigar la mala calidad del aire, la inseguridad y el cambio climático. El problema del transporte público en el Estado de México está estrechamente relacionado a la forma en que opera. El hecho de que cada camión sea una concesión que funciona de manera independiente, a lo cual se conoce como modelo hombre-camión, propicia que todos los camiones compitan entre sí por ganar más pasaje, lo que a su vez genera el conocido desorden que se ve todos los días en las calles y el deplorable servicio que desalienta su uso.

Al respecto, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, reportó que el 75 por ciento de los usuarios de transporte público tipo van, autobús urbano o microbús del Estado de México están insatisfechos con el servicio, mientras que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018, indica que los habitantes de la región consideran al transporte público como el primer lugar donde se sienten más inseguros. En este sentido, comprar los mismos autobuses disfuncionales de siempre, no garantizará cambios; igualmente, colocar cámaras en los camiones, una de las medidas anunciadas por el gobierno, no puede verse más que como una cuestión complementaria.

Una medida urgente es formar corredores profesionalizados, seguros, con carriles confinados para el transporte público, con unidades modernas de fácil acceso y no contaminantes, como ya sucede en ciudades latinoamericanas como Medellín, Colombia o Santiago de Chile. La formación de corredores implica que los concesionarios se agrupen para constituir empresas que permitan lograr una operación más eficiente del transporte. Una buena implementación de sistemas estructurados, como sucede con los sistemas BRT (un ejemplo es el Metrobús o el Mexibús) ofrece una cadena de valor que se traduce en lograr que el 17 por ciento de los usuarios dejen su automóvil en casa, en reducir gases de efecto invernadero de un 56por ciento a 95 por ciento, así como reducir casi en su totalidad los delitos a mano armada.

*Carlos Samayoa es responsable de los temas de movilidad en Greenpeace México
Mayor información en www.greenpeace.org.mx