El enfrentamiento del pasado 3 de mayo entre soldados y presuntos huachicoleros (nombre dado a los ladrones de combustible) que dejó como saldo 11 muertos y muchos más heridos en Puebla ha puesto en alerta a las empresas que buscan abastecer de gasolina a México. De a cuerdo con Bloomberg, están analizando las inversiones planeadas en México. El robo de combustible ha sido un delito frecuente en el país desde hace tiempo, pero durante la administración de Enrique Peña Nieto se disparó este problema. El Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo el martes que dicho delito le cuesta al país entre 780 y mil millones de dólares al año.

Ciudad de México, 11 de mayo (SinEmbargo).– Las empresas extranjeras que buscan abastecer de gasolina a México están analizando las inversiones planeadas, luego de que una serie de robos de combustible escalaron y dejaron hechos sangrientos en Puebla, informó el diario Bloomberg.

Una investigación de SinEmbargo publicada la semana pasada reveló que el robo de combustible se disparó con el Presidente Enrique Peña Nieto. Sólo en 2016, Petróleos Mexicanos (Pemex) perdió en tomas clandestinas 30 mil millones de pesos, lo que equivaldría a dos veces el presupuesto de la Procuraduría General de la República (PGR).

Los efectos de este delito también los debe cubrir el Estado. En un diferente recuento descrito en el informe anual de Pemex 2016, rendido a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), se detalla que la empresa productiva del Estado selló 6 mil 873 tomas clandestinas en 2016, 613 más que en el 2015.

De acuerdo con el medio especializado en negocios, las empresas que buscan importar combustible a México desde los Estados Unidos como Howard Energy Partners y BioUrja Trading LLC, están preocupadas por el aumento del problema.

“Es parte de una tendencia preocupante que los inversionistas echarán un vistazo y precio en las ofertas que hacen y la cantidad de inversión que deciden poner en México”, dijo a Bloomberg John Padilla, director gerente de la firma de consultoría energética IPD Latin America, desde Bogotá.

El enfrentamiento del pasado 3 de mayo entre soldados y huachicoleros –el nombre local de ladrones de combustible– que dejó como saldo 11 muertos y muchos más heridos en Puebla fue el punto de alerta para los inversionistas. Según la versión oficial, los militares llegaron al lugar luego de recibir una llamada de alerta sobre una toma clandestina. Al llegar al lugar, precisó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un comunicado difundido el 4 de mayo, los elementos habían sido emboscado por los pobladores, “quienes utilizaron niños y mujeres como escudos”.

No obstante,  dos videos difundidos ayer por varios medios poblanos mostraron escenas que contradicen la versión oficial del enfrentamiento en Palmarito Tochapan, que dejó como saldo cuatro militares y seis civiles muertos, además de 11 soldados heridos.

Parecen mostrar a un soldado que ejecuta de un balazo en la nuca a un civil que yace boca abajo en la calle.

A la difusión del video le siguieron rápidamente críticas y promesas de la Secretaría de la Defensa Nacional de determinar su autenticidad y de la Procuraduría General de la República de investigar los eventos del 3 de mayo en el poblado de Palmarito.

Después del enfrentamiento, el Presidente Peña Nieto ordenó implementar una estrategia contra la “ordeña” de ductos: 2 mil 500 militares y 500 policías fueron convocados para controlar este delito en el llamado “Triángulo Rojo” poblano.

Bloomberg destacó que los robos de combustible en México se han intensificado en el último año, ya que el Gobierno eliminó los subsidios. El “gasolinazo” empujó los precios al alza en 20 por ciento a principios de 2017 y condujo a los disturbios y a los bloqueos en algunas terminales del combustible. Pemex ha cubierto el costo asociado con los robos, pero no está claro si la compañía tratará de transmitirlos a importadores privados en el futuro.

“El robo de combustible es una preocupación importante para muchas empresas que entran en México y no sabemos que el Gobierno está haciendo nada para ayudar a aliviar ese riesgo”, indicó al diario estadounidense Rajan Vig, jefe de Originación de BioUrja para México.

BioUrja está tratando de importar combustible a México y está en conversaciones con el Gobierno y los bancos para abordar la cuestión del robo de combustible, pero “necesitamos que el Gobierno esté de nuestro lado”, señaló en entrevista.

Las tomas ilegales subieron el año pasado, lo que resultó en pérdidas de 2.2 mil millones de litros, o aproximadamente 581.2 millones de galones de combustible, un aumento de 24 por ciento desde 2015.

“Es una preocupación muy grande para nosotros”, dijo a Bloomberg Mike Howard, director ejecutivo de Howard Energy, que está construyendo un complejo de gasoductos para productos refinados en el norte de México.

“Hemos visto todo tipo de medidas de seguridad incluyendo drones, cámaras sobre el terreno, todo lo que usted puede imaginar para proteger el producto”, añadió.

La compañía también está invirtiendo en tecnología avanzada de detección de fugas y considerando enterrar sus tuberías más profundamente en algunos lugares. Los huachicoleros suelen excavar las tuberías de Pemex con palas, porque están enterradas cerca de la superficie.

Los robos a la gasolina son “una pérdida que Pemex parece absorber, y realmente no se puede esperar que el sector privado haga eso”, declaró al diario Robert Campbell, jefe de investigación de productos petroleros en el consultor de la industria Energy Aspects Ltd.

“El sistema de justicia mexicano no inspira confianza. Estos son el tipo de problemas que realmente necesitan ser resueltos”, indicó.

Pemex está reforzando sus esfuerzos para combatir el robo de combustible, incluyendo el rastreo de los mercados negros donde se vende el combustible y el aumento de la vigilancia en sus oleoductos, dijo José Antonio González Anaya, director ejecutivo de Pemex, en una entrevista con Bloomberg el 4 de mayo.

González Anaya fue a Colombia el año pasado para aprender nuevos enfoques para combatir el crimen de parte de Ecopetrol, el productor estatal de petróleo de Colombia, que se ha enfrentado a ataques guerrilleros frecuentes en su sistema de tuberías.