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Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).– El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se acerca al número de los cinco supuestos que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para ser sancionado con la cancelación de su registro como partido político, pues ya ha transgredido tres de ellos.

Para Sergio Aguayo Quezada, profesor investigador de El Colegio de México (Colmex), el Instituto Nacional Electoral (INE) no puede dejar que se diluya en el tiempo la petición para que le sea cancelado el registro al Verde, por el cúmulo de las denuncias y la gravedad de las violaciones a la ley.

“Nosotros estamos esperando que el INE termine de deshojar la margarita, lo cual se entiende porque no ha sido un proceso electoral fácil, ni para ellos ni para nadie, pero debe darse prisa”, explicó a SinEmbargo el politólogo y uno de los promotores, a través de la plataforma Change.org, de que se le quite el registro al partido.

“Hay una conciencia muy clara entre un amplio sector de la sociedad: los firmantes, medios de comunicación independientes y hasta otros partidos políticos, de que el Verde se ha burlado de la sociedad y de la autoridad electoral. Por eso van a tener que tomar una decisión tajante”, agregó.

La ley da un margen de hasta cinco oportunidades antes de que las autoridades electorales puedan proceder en contra de algún partido.

El artículo 456 de la ley en comento establece que los partidos políticos podrán ser sancionados: con amonestación pública; con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta; con la reducción de hasta el 50 por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Aunque a la vista de la ciudadanía el Instituto Nacional Electoral ha sido lento para sancionar cada una de las recurrentes violaciones a la ley electoral por parte del partido del tucán, lo cierto es que legalmente ha cumplido con los pasos que establece la legislación para sancionar cada una de las provocaciones del PVEM.

LOS PASOS PARA PERDER EL REGISTRO

Para Jesús Cantú Escalante, ex consejero electoral del Instituto Federal Electoral (IFE), el INE ha actuado adecuadamente en caso del Partido Verde, aunque esta fuerza política demuestra una actitud de desafío y de provocación hacia la autoridad electoral.

Recordó que las sanciones establecidas en la ley para cancelar un registro son: la amonestación, la multa, la disminución de un porcentaje del financiamiento público, la suspensión por un tiempo determinado de los espacios en radio y televisión y, finalmente, la pérdida del registro.

“Aquí las únicas dos alternativas que tiene la autoridad es imponer una sanción todavía mucho más severa en materia de retiro de los promocionales en radio y televisión o la pérdida de registro, que es algo que la autoridad está procesando en estos momentos en las instancias correspondientes”, explicó el ahora director de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.

El experto destacó que el INE sí ha actuado con prontitud en cada caso, según lo establece la propia ley electoral, de la cual no puede despegarse. “Ya lo hizo, aunque fue mínimo, como fue la suspensión temporal de sus espacios en radio y televisión”.

Sin embargo, reconoció que una sanción que implique la suspensión temporal de espacios en medios de comunicación no sería muy importante si se aplica fuera de las campañas electorales.

Por ello, Jesús Cantú llamó a los órganos correspondientes del INE a atender lo más pronto posible las averiguaciones y todos los expedientes abiertos contra el Partido Verde, incluido la ruta del dinero con el que financió sus campañas.

Hace meses que miles de ciudadanos exigen que se retire el registro al Partido Verde Ecologista de México como partido político, por su vocación a autopromocionarse violentando la legislación electoral, por su actitud retadora al Instituto Nacional Electoral y por su reiterado desacato a someterse a las reglas.

Ahora, el instituto político contará con 45 legisladores federales en la Cámara de Diputados, el mayor número de su historia. Junto con el PRI probablemente cogobernará cinco de las nueve entidades en disputa en esta elección.

Para Sergio Aguayo la inacción del INE para actuar en contra el Verde, demuestra la división interna que fue denunciada en su momento por el Senador panista Javier Corral Jurado, de un grupo de consejeros electorales encabezados por el consejero Marco Antonio Baños Martínez, para evitar que se investigue al partido.

“Es obvio que están divididos, porque una parte del INE está controlado por el PRI-Verde, o son cómplices, aliados o se deben favores o lo ignoro, pero hay una parte decidida encabezada por Baños al parecer decididos a proteger con todo lo que pueden al Verde Ecologista”.

No obstante, el politólogo consideró que la solicitud para quitar el registro al Verde no debe pasar de la próxima semana para que sea discutido por los consejeros y partidos políticos con representación en el Consejo General. “En cualquier momento deben empezar a decirnos algo”.

Recordó que no sólo se trata de la petición de los ciudadanos que presentaron las firmas, sino de la propia determinación del Partido Verde para violentar sistemáticamente la Ley.

Foto: Cuartoscuro

El académico Sergio Aguayo, uno de los promotores para quitarle el registro al PVEM. Foto: Cuartoscuro

PIDEN INVESTIGAR LAVADO DE DINERO

El Partido Verde Ecologista alegó que el origen del dinero para pagar sus millonarias campañas publicitarias son los recursos entregados por el Poder Legislativo para que sus diputados y senadores difundan su labor legislativa.

Sin embargo, el tamaño de las campañas y su costo aproximado en televisión, radio, medios impresos, Internet y mensajes SMS hace que partidos políticos y especialistas duden que fueron financiadas sólo con el presupuesto legislativo o con los ahorros del Verde e incluso han pedido abrir una investigación por lavado de dinero.

El académico del Colmex consideró urgente que el INE investigue el origen de estos recursos. “Me parece que hay suficientes elementos como para que se pongan a investigar de dónde viene el dinero. La evidencia de un financiamiento irregular está a la vista”, dijo.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció ante el INE supuestas aportaciones ilegales al Verde realizadas en especie por las televisoras Televisa y Tv Azteca, y económicas a través de sus grupos parlamentarios.

El artículo 41 constitucional establece que ninguna persona física o moral por cuenta propia o de terceros, “podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”.

Con base en las tarifas comerciales de las empresas Televisa y Tv Azteca, y los montos reportados como pagados por el PVEM y sus grupos parlamentarios para su campaña publicitaria “El Verde Sí Cumple”, el representante del PRD ante el INE, Pablo Gómez Álvarez presentó la queja ante la Unidad de Fiscalización del Instituto.

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) pidió a la autoridad electoral investigar al Verde por presunto lavado de dinero y uso de recursos de procedencia ilícita, para determinar de dónde provinieron los recursos para financiar su ilegal campaña.

Otras hipótesis apuntan a que el dinero utilizado para pagar las millonarias campañas en televisión, radio, medios impresos, internet y mensajes SMS, pudo provenir de Chiapas, el único estado que gobierna el PVEM.

El Verde gobierna Chiapas con Manuel Velasco Coello, un estado lleno de pobreza y marginación pero con un gobierno carente de voluntad de transparencia y rendición de cuentas de recursos públicos que no tiene empacho en pagar más de 10 millones de dólares en una campaña nacional para promocionar la imagen de su gobernador.

No podría ser de otra manera si el propio partido político que lo postuló gasta sumas multimillonarias en la promoción del partido justificado como gasto para difundir los informes de sus legisladores.

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