“Tengo hijos y familia: nadie se imagina el impacto si ellos oyen que te llaman ‘asesina’, en su colegio” cuenta Lilián Abracinskas de Mujer y Salud en Uruguay MYSU. Abracinskas es una entre tantas defensoras de derechos sexuales y reproductivos que son perseguidas, hostigadas criminalizadas y estigmatizadas en Latinoamérica, y uno de los tantos testimonios que recoge el informe “¡Defensoras bajo ataque! Promoviendo los derechos sexuales y reproductivos en las Américas” que lanzó Amnistía Internacional, esta semana, el miércoles 9 de diciembre.

Durante el 2014 y 2015 la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, en El Salvador, fueron tildadas de “grupos inescrupulosos” y acusadas de “grupos pro-muerte”, “capaces de multiplicar la sangre que ya corre como ríos en nuestra patria”, y de estar “instrumentalizando a mujeres en vulnerabilidad” por su defensa de las 17 mujeres salvadoreñas encarceladas por aborto en ese país, (más conocidas como “Las 17”).  Además se insinuó que como consecuencia de la defensa de estas mujeres, otras habrían asesinado a sus hijos y como si fuera poco, muchos de estos mensajes estigmatizantes vinieron de servidores públicos (que cuando hacen estas declaraciones lo hacen con la voz del Estado): el entonces Director del Instituto de Medicina Legal, organismo dependiente del poder judicial, quien dijo que quienes buscan un cambio legislativo para la despenalización del aborto se comportan como los nazis y algunos legisladores aseguraron que las organizaciones promueven “la cultura de la muerte” desde el vientre humano” y que “hay cualquier cantidad de plata para esta campaña solo porque quieren cambiar la Constitución y aprobar el aborto”.

En Uruguay, aunque ya está en vigencia la ley de 2012 que permite el aborto por petición de la mujer hasta las 12 semanas de gestación y después de este período en ciertas circunstancias, la organización Mujer y Salud en Uruguay fue acusada, por un congresista de recibir dinero de proveniente de “la sangre de miles de bebés abortados”. En Colombia, y esto no aparece en el informe pero yo lo presencié, un funcionario de la Procuraduría General de la Nación (que es como una especie de Fiscalía pero solo para servidores públicos) dijo que Profamilia (una entidad que presta todo tipo de servicios en derechos sexuales y reproductivos) ganaba su dinero traficando con “órganos de fetos abortados”. Esto lo dijo en un evento público en el Congreso de la República, y a la fecha, no se conocen investigaciones contra los funcionarios.  En Perú, el 7 de mayo de 2015, la directora de PROMSEX, Susana Chávez, recibió una notificación del Ministerio Público en la que se le citó a rendir declaración indagatoria por “la denuncia interpuesta por presunta Apología al aborto a través (sic) del libro “Hablemos de Aborto y Misoprostol”, un libro en el que ni Chávez ni PROMSEX tuvieron participación. Aunque la investigación de la Fiscalía se archivó, hasta el momento no se ha rectificado la información. Además, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso solicitó a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) fiscalizar a las organizaciones que reciben fondos de la cooperación internacional con especial énfasis en aquellas que trabajan por los derechos reproductivo, porque supuestamente gozan de cuantiosos fondos para promover estos derechos.

En Paraguay, las defensoras de CLADEM han sido objeto de una serie de hostigamientos desde abril de 2015, a raíz de su acompañamiento a una niña de 10 años, violada y embarazada por su padrastro. Las defensoras la acompañaron y aconsejaron a ella y a su madre en la interrupción voluntaria del embarazo, y como resultado han sido objeto de interferencias en sus líneas telefónicas móviles y fijas, bloqueo inexplicable de sus computadores e intervención de sus correos electrónicos. En sus equipos se encontraron 14 malawares que posiblemente estaban extrayendo información. Estos son solo algunos casos que presenta el informe, la lista es como un mar sin orillas, puede continuar hasta el infinito.

“El hecho de que se emprendan campañas de difamación contra quienes defienden los derechos de todas las personas, no es sorprendente, pero ver a las autoridades cruzadas de brazos mientras se aterroriza a activistas y a sus familias hasta el punto de hacerles abandonar su trabajo es absolutamente estremecedor”, dice Ariadna Tovar Ramírez, Investigadora sobre defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas para la Oficina Regional de México de Amnistía Internacional. Todo el ambiente hostil que enfrentan parece que ocurriera con la complacencia de los agentes del estado y así se envía el mensaje de que estas defensoras pueden ser objeto de estigma, discriminación y violencia sin que haya consecuencias.

Por otro lado, es importante decir que la libertad de expresión no debe usarse como una forma de infligir violencia o de incitar a la violencia, y mucho menos cuando esto proviene de servidores públicos cuyas licencias son menores pues están voluntariamente expuestos al escrutinio público. En el informe de Amnistía  es relevante la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declaró que no había violación de la libertad de expresión de dos personas en Alemania, a quienes les fue impuesta una sanción penal prevista en la ley alemana por emitir un folleto que afirmaba que un médico proveedor de servicios legales estaba cometiendo un “bebecausto”. Debería ser clarísimo que los agentes del estado no pueden vulnerar derechos o poner en peligro a grupos vulnerables con sus declaraciones, en virtud de su posición como garantes de derechos humanos.

La defensa de los derechos sexuales y reproductivos tiene que ver con desafiar patrones socio culturales tradicionales sobre el rol de la mujer, y por eso, específicamente las mujeres dedicadas a esta labor, se enfrentan con ser llamadas malas madres, asesinas, y putas, entre otros muchos motes que provocan ostracismo y aislamiento en sus comunidades. La estigmatización es más grave todavía porque resulta difundida ampliamente a través de medios de comunicación, y peor, muchas veces son las mismas autoridades las que difunden estos estigmas. También sufren ataques físicos, amenazas de muerte y ataques contra su vida, que son extensivos a sus familias, y tienen por objetivo disminuir su capacidad de trabajo, así como intimidarlas para lograr que lo abandonen. Las organizaciones que trabajan en derechos sexuales y reproductivos han sido objeto de litigios promovidos para retirarles la personería jurídica, enfrentan grandes obstáculos para registrarse, regularizar su estatus y constituirse formalmente; regulaciones legislativas y administrativas también buscan restringir sus actividades. Algunas han llegado a ser comparadas con organizaciones criminales o terroristas. Las defensoras también enfrentan serios obstáculos en el acceso a la justicia, especialmente cuando se trata de mujeres pertenecientes a minorías étnicas. Y ni hablemos de impunidad.

Parece que tanto Estados como ciudadanos pasaran por alto que estas defensoras trabajan por nosotros, y que no existe una conciencia de que los derechos que promueven nos convienen a todos y todas. Ninguna creencia moral de ninguna religión debería promover vulneraciones a la integridad personal, el debido proceso, el derecho a un recurso efectivo, a la honra y la dignidad, la libertad de pensamiento, la libertad personal y las libertades de reunión y asociación. Por un lado, enfrentan una creciente criminalización (que envía un mensaje a toda la comunidad de defensoras y que gasta recursos emocionales, y económicos), por el otro están las amenazas físicas, hostigamiento e invasión ilegal a su privacidad, y es claro que las mecanismos oficiales de los Estados latinoamericanos son en el mejor de los casos incompetentes y en el peor la causa misma del problema y esto es gravísimo porque no podemos hablar de progreso, cuando los países se pasan por la faja tratados internacionales como el de la CEDAW (que casi todos firmaron para quedar bien), y cuando el primer derecho que vulneran los Estados es el derecho a defender derechos. Sobre todo, debe quedarnos claro que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y que sin el trabajo de estas defensoras sería imposible hablar de democracias.

@Catalinapordios

Catalina Ruiz-Navarro

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Feminista caribe-colombiana. Columnista semanal de El Espectador y El Heraldo. Co-conductora de (e)stereotipas (Estereotipas.com). Estudió Artes Visuales y Filosofía y tiene una maestría en Literatura; ejerce estas disciplinas como periodista.

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