Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo).- El miedo generado en la población por los constantes enfrentamientos entre las bandas del crimen organizado y las fuerzas de seguridad del Estado ha provocado que en los últimos 8 años, miles de mexicanos desplazados por esta violencia sacrifiquen su ingreso por mantenerse a salvo, según un estudio reciente de la London School of Economics (LSE) sobre políticas antidrogas en distintos países.

De acuerdo con el reporte llamado Ending The Drug Wars (Terminando la política de las drogas), la institución británica concluye que los mexicanos desplazados de entidades con altos índices de violencia entre 2007 y 2012 migran hacia estados en los que ven disminuido 3.65 por ciento, en promedio, su poder adquisitivo, pero ganan en seguridad y tranquilidad para sus familias.

“La crisis humanitaria que surge por las condiciones deplorables que enfrentan los desplazados en sus nuevas ciudades de destino en México, ellos no reciben apoyo humanitario del gobierno que insiste en no reconocer el problema”, observa el documento.

Subraya que en la mayoría de los casos, los desplazados por la violencia también ven disminuida su calidad de vida, ya que pasan a ocupar espacios más reducidos e insalubres que en sus lugares de origen.

“Los desplazados que salen de estados violentos están sacrificando dinero a cambio de ganar seguridad”, apunta el documento.

Destaca que el fenómeno de desplazados por la violencia se ha registrado, principalmente, en los estados del Norte del país y la cifra puede ir desde los 16 mil hasta los 1.5 millones de personas, ante la falta de cifras oficiales sobre este rubro.

De acuerdo con el reporte, esta sería la tercera oleada de desplazados por la violencia en el país en los últimos 104 años. La primera habría sido durante la Revolución de 1920 y la segunda durante el alzamiento zapatista de 1994 [con cerca de 35 mil personas].

El actual Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció en febrero pasado un número aproximado de 70 mil muertos a consecuencia de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).

Recientemente, Calderón Hinojosa lamentó la actual crisis de seguridad que atraviesa México, pero no por los muertos que provocó su estrategia basada en la militarización, sino por su “error en comunicación”.

Calderón, quien está becado por la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard, dijo en una plática a mediados de septiembre pasado que su error fue comunicar que se lanzaba “una guerra” y no “una estrategia contra las drogas”.

No es la primera vez que el ex mandatario mexicano reduce a “un error de comunicación”  la estrategia fallida de su gobierno.

Para muchos activistas y organizaciones civiles y sociales y políticos, Calderón es culpable no de comunicar mal, sino de una guerra que costó la vida de entre 60 y 90 mil mexicanos.

LA CONEXIÓN COLOMBIA

El documento de la LSE fue elaborado por un grupo de expertos, entre ellos, cinco premios Nobel de Economía; compara el problema de los desplazados por la violencia en México con el problema que vivió Colombia durante el auge de los grandes cárteles de la droga.

La diferencia, apunta, es que en Colombia se sabe con certeza que 7.8 por ciento de la población del país tuvo que desplazarse por la violencia, esta cifra es la segunda más alta en el mundo después de Sudán.

“En México, la situación es más grave ante la falta de estudios académicos precisos y políticas públicas para reconocer el problema, lo que se combina con el continua presencia del crimen organizado en áreas con una gran concentración de población”, advierte.

El estudio de la LSE considera que en el caso del aumento de la violencia en México existe una estrecha relación con algunas de las políticas antidrogas implementadas en Colombia hace 7 años, que motivaron que los cárteles del país sudamericano buscarán maneras de triangular sus operaciones y en su camino encontraron a los cárteles aztecas.

“Muchos analistas políticos han puesto toda la culpa de la situación reciente en México en las estrategias implementadas por Felipe Calderón [Hinojosa], pero esta investigación muestra que una parte del aumento de la violencia y del narcotráfico en México se pueden explicar por las políticas de ‘interdicción’ exitosas implementadas en Colombia a partir de 2007. Esta investigación encuentra que en la medida que aumentó la incautación de cocaína en Colombia, se incrementaron los niveles de violencia en México”, señala.

De acuerdo con el estudio, “los decomisos en Colombia crearon una escasez creada de cocaína en el mercado, lo que genero un incremento en el número de homicidios de 21.6 por ciento en Colombia y de 46 por ciento en el norte de México”.

Reconoce que la medida adoptada por Felipe Calderón de mandar al Ejército a combatir a los cárteles de la droga, desató en el país una “epidemia de violencia”, que triplicó la tasa de homicidios en cuatro años al pasar de ocho por cada 100 mil habitantes en 2006 a 23 por cada 100 mil habitantes en 2010.

“Varios estudios han abordado este problema, lo que confirma que la ofensiva contra los cárteles de la droga tuvo un efecto significativo sobre la niveles de violencia experimentadas en México”.

Considera que si actualmente ambos países no pueden aún solucionar el problema por completo es porque los cárteles de la droga han financiado campañas políticas, han penetrado e intimidado medios de comunicación y “han corrompido las esquinas más remotas de la sociedad [incluidos los concursos de belleza y equipos de fútbol, los pasatiempos preferidos de los traficantes de drogas de América Latina]”.

Reconoce también que es difícil cuantificar con exactitud los costos de la violencia, el crimen y la corrupción causados por el comercio ilegal de drogas en América Latina, “pero representan una fracción nada despreciable del PIB [Producto Interno Bruto]”.

Por su ubicación geográfica, al ser un puente entre Norte y Sudamérica, México es conocido como “una plataforma natural” para el contrabando de drogas y hoy en día es la entrada principal para la cocaína, heroína, cannabis y metanfetamina s importados por Estados Unidos.

Pero ante la guerra emprendida por el gobierno mexicano desde 2006 y la forma en la que se ha intensificado la vigilancia en la frontera, los expertos que elaboraron el documento consideran lógico pensar que los cárteles mexicanos podrían estar incrementado su presencia en países de América del Sur, utilizando a naciones como plataforma a El Salvador, Guatemala o Belice.

“México ha tomado medidas duras, pero el resultado ha sido un desplazamiento relativamente menor de determinadas actividades en lugar de un cambio a gran escala de las rutas”, detalla.

Para los expertos de LSE, la llamada “Guerra de Calderón” logró fracturar a algunos de los grandes cárteles de la droga en el país , pero fue “prematura” y con poca dirección lo que detonó sangrientos enfrentamientos por el control de los territorios y abrió los canales a nuevas formas de corrupción y de violencia.

Por ejemplo, los cárteles de la droga en México empezaron a extorsionar a los migrantes de Centroamérica que atraviesa por el país de camino a Estados Unidos. Además, el hecho de que ya controlan el territorio, sobre todo en los estados del norte, hace que sea probable que los enfrentamientos actuales con las fuerzas militares continuarán.

¿LEGALIZAR O NO LEGALIZAR?

En otro de sus apartados, el estudio, de más de 80 cuartillas, analiza el tema de la legalización de las drogas y advierte que un país puede tener buenas razones para legalizar el consumo e, incluso, la producción de algunas sustancias adictivas y sobrellevar las consecuencias de un posible uso mayor, sin embargo, esto podría detonar que los cárteles empiecen a migrar sus operaciones hacia otras formas delictivas como el tráfico de migrantes, crecieran la extorsión, la prostitución y el secuestro.

Advierte que la violencia, tanto en México como en Colombia, no terminará si se abren centros de consumo legales, ya que los grupos criminales ya desarrollaron una serie de negocios paralelos, por lo que de realizarse algún cambio, este tendría un “impacto limitado” en ambos países, que sufren la violencia relacionada con las drogas ilícitas sistémica, homicidios y los desplazados internos.

Por lo que los estados que opten por la legalización deben y tomar en cuenta esquemas como proporcionar una mejor atención de salud a los consumidores, y diseñar proyectos que ayuden a generar ingresos, generar puesta de trabajo y que ayuden a reducir el número de presos en las cárceles por tráfico de drogas.