Protesta de maestros de la CNTE frente a Palacio Nacional. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro.

En estos días, en un pantanoso proceso legislativo, están por aprobarse las leyes secundarias que concretarán la contrarreforma educativa de López Obrador, con la cuales quedará enterrado el intento fallido de desmontar el arreglo corporativo que ha prevalecido en la educación mexicana desde 1943 y que, si bien sirvió para que los profesores fueran en su mayoría –durante toda la época clásica del régimen del PRI– leales y disciplinados militantes y operadores del partido oficial, resultó catastrófico para la calidad del aprendizaje en el país.

El intento de reforma de 2013 tenía el objetivo explícito de desmontar el control sindical sobre todo el sistema de ingreso, promoción y permanencia de los profesores, esencia del arreglo corporativo, pues el entramado institucional en el que se sustentaba había producido un sistema de incentivos en el cual lo que se premia es la disciplina y la lealtad sindical y política, no el buen desempeño profesional. El intento de cambio institucional fracasó por un error garrafal de diseño: el nuevo sistema, reflejado en la derogada Ley del Servicio Profesional Docente, puso el acento en los incentivos negativos derivados del carácter de la evaluación y no generó alicientes positivos que hicieran el cambio atractivo para las maestras y maestros en ejercicio. Un cambio crucial se tiró a la basura por el empecinamiento en copiar el modelo del movimiento de la reforma educativa de los Estados Unidos, que incluso en aquel país había resultado conflictivo y fallido.

El costo de aquel error fue que una promisoria reforma institucional no se consolidara y que echarla abajo se convirtiera en bandera política del actual Presidente de la República, que vio en su clamor reiterado de revertir “la mal llamada reforma educativa” la oportunidad de atraer el apoyo electoral de las dos grandes corrientes del sindicalismo magisterial: la del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación oficial y la de su gemela radicalizada, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pretendidamente contestataria pero igualmente defensora del statu quo corporativo, del cual obtiene pingües beneficios, pues le permite el control de una gran parcela de rentas públicas y de da un enorme poder político, al convertir en sus clientelas cautivas a miles de maestras y maestros.

La contrarreforma constitucional pudo ser atemperada en alguna medida gracias al activismo de académicos especialistas en temas de educación, que evitaron una reversión sin más, aunque el resultado final del nuevamente cambiado artículo tercero constitucional fuera una redacción barroca que dejó abiertos los resquicios por los que ahora se cuela el retroceso sin paliativos expreso en los proyectos de legislación secundaria que completarán su trámite en los próximos días, si no continúan las dilaciones producidas por el chantaje permanente de la CNTE, aliada muy poco confiable de la actual coalición de poder.

Lo que está a punto de concretarse en la nueva legislación es la renovación del corporativismo con el que tradicionalmente, desde hace casi ocho décadas, el Estado mexicano ha gobernado al magisterio mexicano, ahora con las dos corrientes sindicales como socias, en lugar del antiguo monopolio del SNTE.

Ahora, de nuevo, la ley hará a las organizaciones sindicales parte deliberante y decisoria en el proceso de ingreso y promoción de los maestros, al tiempo que se consolida el decadente monopolio de las normales en la formación de los docentes, en lugar de que todo el sistema de educación superior sea corresponsable de la producción de las maestras y los maestros que el país requiere.

Si las universidades públicas y privadas tuvieran carreras de formación profesional docente, que compitieran en igualdad con las anquilosadas y abandonadas normales, muy probablemente el nivel profesional docente mejoraría de manera sustancial. En cambio, con la legislación en ciernes, se echa atrás la apertura lograda en 2013, un avance respecto al arreglo previo, que en su tiempo se justificó como garantía de laicismo en la formación magisterial, pero que en la práctica funcionó como el espacio inicial de reclutamiento sindical y, después, durante los tiempos de la plaza automática a los egresados, como el primer escalón del estancamiento en la calidad educativa.

El meollo de la renovación corporativa se encuentra en la fracción IV del artículo 49 del proyecto de la nueva Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, pues ahí se concreta el renovado papel que jugarán las representaciones sindicales, las cuales podrán, de hecho, intervenir con “observaciones” que serán tomadas en cuenta por la SEP, en el orden de prelación a la hora de otorgar las plazas a los docentes que superen el examen de selección. De nuevo, los maestros entrarán al sistema gracias a favores sindicales y no por propios méritos. En lugar de profesores autónomos, dueños de su propia carrera, se fomentarán, como siempre, relaciones clientelistas, que harán a los nuevos docentes deudores del favor de las dirigencias sindicales.

Eso si se aprueba la legislación, hoy atorada por un nuevo chantaje de la CNTE, esa organización que abiertamente se plantea como antisistema y que, según su propuesta alternativa de educación, condescendientemente recibida por el Presidente de la República, lo que pretende enseñar es desobediencia y resistencia “a las imposiciones institucionales, culturales y consumistas como primeras acciones contrahegemónicas”. Una organización que pretende convertir a las escuelas públicas en centros de formación de cuadros para su pretendida revolución, en violación de la función constitucional de la educación pública. La escuela al servicio de una ideología particular, y no como espacio formador de capital humano y palanca para combatir la desigualdad de oportunidades. En manos de esa organización se estará dejando, como ya está hoy, la educación de millones de niños de las zonas más pobres y de mayores carencias del país. Ese es el tamaño del retroceso.