En reunión con integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, expusieron los daños que causan estas disposiciones fiscales en sus respectivos sectores, y plantearon propuestas o posibles modificaciones, como parte de la discusión del paquete económico para 2016.

Entre estos planteamientos están extender a todas las empresas la deducción inmediata de inversión, eliminar el tope para deducir prestaciones sociales exentas, retomar el dictamen fiscal como herramienta de fiscalización o elevar el límite para deducir la compra o renta de automóviles.

El presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Pablo Mendoza, demandó que la deducción inmediata de inversiones sea permanente y aplique para empresas con ingresos de hasta 100 millones de pesos y no de 50 millones de pesos, como plantea la miscelánea fiscal para 2016.

Señaló que el sector privado demanda que las empresas puedan deducir al 100 por ciento las prestaciones sociales exentas, como el aguinaldo, entre otras, y no sólo 47 o 53 por ciento, como que aprobó en la reforma fiscal vigente desde 2014.

Entre otras peticiones del sector privado, consideró necesario elevar el límite para deducir la compra o arrendamiento de automóviles, actualmente en 130 mil pesos, a un monto de 200 mil y 175 mil pesos, respectivamente.

Estas propuestas del CCE fueron respaldadas por organismos que integran a la principal cúpula empresarial del país, como en el caso de la Concanaco y la Concamin, que también participaron en esta reunión, con la representación de su presidente, Enrique Solana, y su director general, Juan Casados, respectivamente.

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), representado por su presidente saliente, Leobardo Brizuela, y la presidenta entrante, Leticia Hervert, exhortaron a los legisladores a promover que el dictamen fiscal regrese a ser una herramienta de fiscalización.

Recordaron que como parte de la reforma fiscal vigente desde 2014, el dictamen fiscal quedó acotado a que su presentación sea voluntaria para las personas físicas con actividades empresariales y para personas morales que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a 100 millones de pesos.

No obstante, agregaron, la mayoría de las empresas en México obtiene ingresos entre 40 y 100 millones de pesos, dejando de presentar el dictamen fiscal y, en consecuencia, no se obtiene recaudación por esta vía, además de que se corre el riesgo de algunas empresas lleven a cabo “planeaciones fiscales agresivas” para evitar dictaminar sus estados financieros.

En esta reunión con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, otros organismos también hicieron planteamientos específicos de su sector como el Consejo Superior de Cooperativismo, Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANAE), American Chamber of Commerce (Amcham) y la Asociación Mexicana de Afores (AMAFORE).

Asimismo, participaron la Asociación de Industriales del Sur Tamaulipas, Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, Asociación Cervera Mexicana y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

La Cámara de Diputados tiene hasta el 20 de octubre próximo para aprobar la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, la cual incluye la diversas disposiciones fiscales que estarán vigentes el año próximo.