Por: Humberto Francisco Guerrero Rosales*

Ayer, 12 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (en delante CED o el Comité) presentó su informe sobre su visita a México[1], realizada a finales de noviembre de 2021. Se trata de un informe histórico y emblemático[2]; histórico porque deriva de la primera visita en terreno en la aún corta historia del Comité, y emblemático porque esa visita se desarrolló en un país que atraviesa una de las crisis más profundas y complejas en materia de desapariciones. Uno de los primeros hallazgos del Comité fue justo la constatación de que el fenómeno de las desapariciones en México continúa siendo generalizado, no sólo por el número de personas registradas como desaparecidas (casi 100 mil hoy en día), sino también porque la impunidad es casi absoluta en las desapariciones y porque el fenómeno abarca una multiplicidad de violencias; desde la generada directamente o indirectamente por el Estado en colusión con estructuras del crimen organizado; hasta las violencias asociadas a la discriminación en contra de poblaciones estructuralmente discriminadas o vulnerables.

Para el Comité es claro que revertir una crisis tan compleja como la mexicana no es tarea sencilla; requiere tanto de la adopción de medidas de carácter operativo como de decisiones políticas de gran calado. En este sentido, el CED identificó lo que llamó “condiciones mínimas para una Política Nacional de Prevención y erradicación de las desapariciones forzadas eficaz y efectiva”[3]. A través de estas condiciones mínimas, el Comité llama la atención sobre algunas decisiones fundamentales que el Gobierno mexicano debe adoptar, si aspira genuinamente a combatir, de fondo, las causas de la impunidad estructural que persiste frente al flagelo de las desapariciones en nuestro país.

-La primera condición mínima es la adopción de un enfoque sobre los criterios de responsabilidad de los servidores públicos. Al respecto, el Comité reconoce que el crimen organizado es un actor principal en la comisión de las desapariciones; sin embargo, también advierte que el Estado debe reconocer y esclarecer los distintos niveles de participación y responsabilidad de las autoridades en un contexto de desapariciones generalizadas y que abarcan diferentes dimensiones de la violencia en nuestro país. El CED recalca que el Estado no sólo es responsable por su participación directa en las desapariciones sino también por su intervención indirecta, la cual puede configurarse por la concertación con actores privados, pero también por su inacción frente a patrones de criminalidad claramente identificados o la omisión de buscar y esclarecer el paradero de las personas desaparecidas.

-Una segunda condición que el Comité identificó como fundamental para que una política contra las desapariciones funcione, es el abandono del modelo de seguridad militarizado. Desde la perspectiva del CED, al igual que para muchos otros organismos internacionales, la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad es, más que una solución, un riesgo y un incentivo para que las desapariciones sigan ocurriendo. Aun cuando estas fuerzas de seguridad no reciban órdenes de desaparecer personas, su presencia constante en el territorio para tareas de seguridad es propicia para la generación de redes complejas de criminalidad donde la línea divisoria entre autoridades y grupos delictivos se vuelve difusa.

-En tercer lugar, el Comité identifica que es fundamental visibilizar, informar y sensibilizar a toda la sociedad sobre la magnitud de las desapariciones en México. El CED admite que nuestro país ha tenido avances en el reconocimiento pleno del problema; en particular, durante la presente administración federal. Sin embargo, para el Comité es urgente que el Gobierno le dé un lugar preponderante a este problema en su política comunicacional y manejarlo como un problema de Estado, a través del reconocimiento de las responsabilidades de la autoridad y el abandono de narrativas que sólo estigmatizan a las personas desaparecidas y sus familias.

-Y finamente, el CED hace un llamado urgente al Estado mexicano a aprovechar al máximo su impresionante marco normativo e institucional, con el fin de cerrar la brecha entre la letra de la ley y su implementación en la práctica. El Comité reconoce la riqueza de los avances normativos de México en los últimos años; no obstante, también manifiesta su preocupación por la falta de implementación de varios instrumentos fundamentales derivados de este marco normativo y la adopción de decisiones contradictorias con ese marco normativo por parte de otras autoridades. Entre los pendientes de implementación que el Comité destaca están el Banco Nacional de Datos Forenses, el Reglamento de la Ley General en materia de desapariciones, y la aplicación del Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas, entre otros.

A pesar de las limitaciones de espacio y de la enorme cantidad de información que el Comité debió procesar con motivo de su visita, el informe del Comité es conciso en su análisis y rico en propuestas. El CED ha hecho un gran esfuerzo por ayudar al Estado mexicano en la difícil tarea de revertir la crisis de desapariciones. Ahora es el turno del Gobierno de demostrar que su voluntad política está a la altura de las circunstancias.

* Humberto Guerrero es coordinador del programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.

[1] Conferencia de Prensa del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU- https://media.un.org/en/asset/k1i/k1iuus1rov

[2] Informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre su visita a México al amparo del artículo 33 de la Convención –

https://hchr.org.mx/wp/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-visita-a-MX-del-Comite-contra-la-Desaparicion-Forzada-abril-2022.pdf

[3] Comunicado de prensa “México: La prevención debe ser central en la política nacional para detener las desapariciones forzadas, señala Comité de la ONU”-  https://hchr.org.mx/comunicados/mexico-la-prevencion-debe-ser-central-en-la-politica-nacional-para-detener-las-desapariciones-forzadas-senala-comite-de-la-onu/

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