Washington, D.C.— Con mínimo o nulo cumplimiento de la Convención de la OECD sobre cohecho, delito que implica la entrega de sobornos para corromper a cambio de favores, México se consolidó como país líder en ese crimen bajo el sexenio de Enrique Peña Nieto. De acuerde con el informe “Exportación de la Corrupción”, dado a conocer por Transparencia Internacional, de 44 países analizados, sólo 22 aprovechan la convención para investigar casos de corrupción internacional. México dista mucho de ser uno de ellos. Entre 2014 y 2017, abrió sólo tres investigaciones sobre cohecho, pero ninguna resultó en sanciones.

Uno de los casos referido en el informe que México investigó pero que languidece en el limbo legal, es el de Odebrecht, la gigante de la construcción brasileña cuyos niveles de corrupción desataron un escándalo que cimbró a la élite política y empresarial en varios continentes. Considerada la pesquisa de mayor calado en la perniciosa historia de corrupción de Latinoamérica, Odebrecht ha tenido consecuencias onerosas en varios países. Pero no en México.

El reporte de 160 páginas corrobora que altos ejecutivos de la empresa admitieron haber pagado 780 millones de dólares a funcionarios de 12 países. Odebrecht maquinó lo que el Departamento de Justicia estadounidense llamó, “un esquema masivo y sin paralelo de sobornos y licitaciones ilegales”. De ahí que esté siendo objeto de numerosas investigaciones y sanciones en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Odebrecht y sus subsidiarias han sido multadas por millones de dólares y se ha dictado prisión a varios ejecutivos y cómplices. Marcelo Odebrecht, ex CEO de la compañía, fue condenado a 19 años de cárcel, condena que fue reducida a cambio de su cooperación. El vicepresidente de Ecuador Jorge Glas, fue sentenciado a seis años por aceptar 13 millones 500 mil dólares en sobornos.

En México, como es la costumbre, no pasa nada. Los funcionarios públicos y personas físicas y morales que incurren en ilícitos, no son investigados, perseguidos y castigados. No extraña, por tanto, que el expediente Odebrecht esté blindado. El principal implicado es parte del núcleo íntimo de Peña. Testimonios probatorios señalan a Emilio Lozoya, ex director Pemex, como presunto beneficiario de 10 millones de dólares en sobornos. Lozoya habría aceptado la suma multimillonaria entre abril de 2012 y junio de 2014, cuando era coordinador del área internacional de la campaña presidencial de Peña. A cambio, prometió contratos por 115 millones de dólares para obras en la refinería de Tula. Semanas antes de las elecciones presidenciales de julio pasado, The New York Times reveló que la PGR tenía pruebas suficientes para presentar cargos contra Lozoya, pero que rehusaba acusarlo por temor a perjudicar al candidato del PRI en la contienda electoral.

Para impedir que la investigación avanzara, el gobierno despidió a Santiago Nieto, jefe de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales que estaba a cargo del caso. En entrevista con The Wall Street Journal, Nieto delató un pacto de impunidad para proteger a Lozoya. Dijo que antes de su partida solicitó información bancaria a las Islas Caimán y documentos a autoridades brasileñas que implicaban a Lozoya. La petición no se concretó. El expediente Odebrecht-Lozoya sigue abierto pero en el congelador. Esperemos que no por mucho. La semana pasada, se informó que Santiago Nieto fue nombrado jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Pertrechado por abogados bien pagados, Lozoya se defiende como fiera herida. Interpone amparos y niega toda imputación. Culpa a sus acusadores. No hizo nada indebido. Es un hombre honorable. De buena cuna.

En países en los que la justicia no encubre los delitos de la élite gobernante, la información y testimonios que señalan a Lozano hubieran resultado en cargos penales en su contra o, en su defecto, en una exoneración. El sucesor de Santiago Nieto recientemente dijo que los implicados en Odebrecht serán llevados a tribunales antes del fin del sexenio. No dio nombres. Ver para creer. Si no lo han hecho hasta ahora, por qué habrían de hacerlo en el ocaso del sexenio que empeoró a niveles insólitos los índices mundiales de corrupción del país.

En su informe, Transparencia Internacional emite varias recomendaciones al gobierno entrante. Destacan enmendar la Constitución para asegurar la absoluta independencia de la PGR del poder ejecutivo, la adopción de mecanismos que vacunen al  poder judicial de móviles políticos y mayor compromiso para  resolver casos de corrupción en México y en el extranjero.

La sociedad mexicana reclama justicia para los culpables de actos de corrupción. Odebrecht es un caso emblemático que puede romper la inercia de la impunidad que se resiste al cambio. Descongelar el expediente y llevar la investigación hasta sus últimas consecuencia mostraría que nadie está por encima de la ley. De lo contrario, la corrupción continuará siendo uno de los mayores obstáculos para el Estado de derecho.

Twitter: @DoliaEstevez

Dolia Estévez

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Dolia Estévez es periodista independiente en Washington, D.C. Inició su trayectoria profesional como corresponsal del diario El Financiero, donde fue corresponsal en la capital estadounidense durante 16 años. Fue comentarista del noticiero Radio Monitor, colaboradora de la revista Poder y Negocios, columnista del El Semanario y corresponsal de Noticias MVS. Actualmente publica un blog en Forbes.com (inglés), y colabora con Forbes México y Proyecto Puente. Es autora de El Embajador (Planeta, 2013). Está acreditada como corresponsal ante el Capitolio y el Centro de Prensa Extranjera en Washington.

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