Por fin salió López Obrador del país a un acto de política internacional y fue a hacer el ridículo. Si la Conferencia Latinoamericana y del Caribe en sí misma ya dejaba mucho a deber, el discurso del Presidente de México fue un cerrojazo lamentable, con sus peticiones de principios y sus llamados al amor materno. No es que el de Gustavo Petro fuera mucho mejor, por cierto, pues tampoco pasó de los lugares comunes del “cambio de paradigma”, para al final de cuentas ofrecer el mismo menú de siempre con algún nuevo condimento.

Si algo hay algo rescatable de la reunión de Cali, esto es la participación de la sociedad civil, pues la intervención de Estefanía Ciro sí planteó los términos básicos del cambio necesario: descriminalización y desestigmatización de los usuarios, protección de los derechos humanos de las comunidades productoras de cultivos vinculados a sustancias psicotrópicas, regulación inmediata del cannabis, regulación progresiva diferenciada de otro tipo de sustancias y estrategias de reducción de daños. Mientras tanto, los representantes estatales no fueron más allá de la retórica hueca.

La declaración final de la Conferencia es pura agua de borrajas. En primer lugar, asume al sistema internacional de control de drogas como un marco rígido para el desarrollo de las políticas públicas. Con excepción de Bolivia, que reafirmó sus reservas respecto a la hoja de coca, la declaratoria parece considerar a las convenciones de 1961, 1971 y 1988 como las tablas de la ley revelada, cuando son esos tres instrumentos la base de una política mundial evidentemente fracasada, que ha causado violencia y dolor ingentes y no ha resuelto ninguno de los problemas reales o supuestos vinculados al consumo de sustancias psicotrópicas.

Si de cambio de paradigma hablaron, hubiera sido esperable al menos alguna propuesta para reabrir el marco regulatorio del sistema internacional de drogas o, al menos, una nueva propuesta de interpretación de algunos de sus dogmas. Por ejemplo, en lo que se refiere a la criminalización de las personas usuarias de sustancias. La declaración no va más allá de repetir el tópico de “medidas alternativas al encarcelamiento por delitos no violentos relacionados con drogas”, fórmula manida en la que se han basado los terribles tribunales de drogas, que fuerzan a tratamientos de abstinencia sin ninguna base científica y continúan con la estigmatización y penalización de los consumidores.

El menú sigue siendo tan indigesto como siempre, aun cuando se pretenda eliminar algunos de los condimentos de antaño, como en la parte del comunicado que critica la devastación ambiental provocada por la guerra contra las drogas, las políticas de erradicación de cultivos y la deforestación provocada por la extensión de la producción clandestina. El comunicado también está salpicado de lamentos respecto a la violación de los derechos humanos de las comunidades campesinas y de pueblos originarios provocado por la guerra contra las drogas, pero no avanza mucho más allá a la hora de proponer un nuevo arreglo para detener el abuso, la extorsión y la criminalización de los productores de plantas con potencial psicoactivo.

Se trata de un documento pacato, conservador, que no se atreve a plantear una alternativa, ni siquiera como punto de partida para la discusión. Por no plantear nada, ni siquiera se compromete con la regulación integral del cannabis, tema en el que hay ya cambios políticos sustantivos en Uruguay, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Tailandia o Malta, mientras que el Congreso de Colombia detuvo la reforma y el Congreso mexicano lleva dos legislaturas con el tema atorado, a pesar de los fallos de la Suprema Corte. 

La declaración insiste en estrategias fracasadas, como la de la sustitución de cultivos para que los campesinos no siembren coca, amapola o cannabis, como si no existiera extorsión de las organizaciones criminales o no existieran precios en el mercado que generan incentivos para la producción de cultivos clandestinos. Ha hecho más el cambio tecnológico contra la producción de amapola que todas las políticas de sustitución de cultivos y todas las campañas de erradicación. Si la siembra de adormidera ha bajado es porque los especialistas en mercados clandestinos se comportan como empresarios y se han adaptado a la nueva tecnología del fentanilo, mientras gradualmente abandonan la más costosa de producción de heroína a partir de goma de opio secada al sol.

En la conferencia más que señales de cambio, lo que se escuchó fue el eco de la presión de los Estados Unidos para trasladarle a los países de producción y tránsito la responsabilidad por el desastre de la crisis del fentanilo, resultado de su desatinada política de drogas. El fentanilo se ha generalizado a causa de la mala regulación de los opiáceos y los opioides sintéticos, mientras las muertes por sobredosis son resultado de la precariedad de las estrategias de reducción de daños, que tardíamente han apostado por la naloxona, mientras siguen obstaculizando la existencia de lugares de inyección segura, la proliferación de puntos de análisis de sustancias que reduzcan el consumo de productos adulterados o excesivamente potentes y otras intervenciones de salud basadas en la evidencia y no en los prejuicios morales y las buenas intenciones de redención.

Pero si la declaración final es un plato indigesto, que el Presidente haya ido a la Conferencia flanqueado por soldados, y no por su Secretario de Salud y su comisionado de adicciones, resulta grotesco. Su fórmula de amor y familia como solución al problema de las drogas sería para carcajearse por la ingenuidad que supone, si no estuviéramos ante una tragedia mayúscula, que cuesta miles de vidas de inocentes, mientras carcome a los Estados de la región hasta el punto de poner en duda su viabilidad.

Mientras no se plantee que la salida al llamado “problema mundial de las drogas” es una regulación sensata, diferenciada de acuerdo a la peligrosidad relativa de cada sustancia, que incluya prevención, pero también atención orientada a la reducción de daños y tratamientos basados en evidencia –no en la superchería de los doce pasos–, los discursos sobre el final de la guerra contra las drogas no serán más que demagogia.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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