“Que quede claro, el que contrate este tipo de servicios corre riesgos”, puntualizó. Los riesgos son la apertura de una investigación, la presentación de una querella en su contra, el giro de una orden de aprehensión y el encarelamiento hasta por 14 años. Sobre las empresas de subcontratación ilegal, sus propietarios pueden ser sancionados con hasta 20 años de prisión.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- La Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentará las querellas que acrediten la defraudación y la delincuencia organizada en la subcontratación ilegal y las sanciones pueden ser de hasta 20 años de prisión.

El Procurador Fiscal de la República, Carlos Romero Aranda, destacó que la dependencia recibirá los datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que se inicien las investigaciones que demuestren estos delitos.

Para la erradicación del outsourcing ilegal, se busca que los contribuyentes que contratan estos servicios y las empresas que trabajan con este modelo conozcan las sanciones de las que pueden ser acreedores.

“La reforma va encaminada a castigar y perseguir como delincuencia organizada a todas esas empresas que dan e servicio de outsourcing ilegal”, afirmó Romero Aranda. Añadió que este delito se constituye por tres o más personas que en manera permanente y reiterada llevan a cabo actividades ilícitas, como la defraudación fiscal.

Destacó que las empresas de subcontratación ilegal consisten en la creación de empresas cuyo objeto es no cubrir las cuotas obrero patronales y desaparecer las relaciones tributarias y laborales.

Quienes adquieran estos servicios también podrían ser juzgados como parte de la red de delincuencia organizada, dijo. Sin embargo, ofreció una oportunidad de regulación en caso de acercarse a la autoridad.

“Que quede claro, el que contrate este tipo de servicios corre riesgos”, puntualizó. Los riesgos son la apertura de una investigación, la presentación de una querella en su contra, el giro de una orden de aprehensión y el encarelamiento hasta por 14 años.

Sobre las empresas de subcontratación ilegal, sus propietarios pueden ser sancionados con prisión preventiva oficiosa y con hasta 20 años de prisión.

Santiago Nieto, titular de la UIF, de la SHCP, indicó que se descubrieron tres tipologías de evasión en materia laboral: empresas fachada, la facturación de operaciones simuladas y el outsourcing ilegal.

La primera se basa en sociedades mercantiles que no realizan las operaciones en su totalidad y son vehículo de casos de corrupción, para lo que usó como ejemplo el caso de la “estafa maestra”. La segunda busca afectar al fisco obteniendo beneficios de las empresas.

En lo que va de la actual Administración, se han presentado 51 denuncias en estas modalidades evasivas. 31 estuvieron ligadas con empresas fachada, 15 con operaciones simuladas y 5 con subcontratación ilegal.

Las sanciones por incurrir en la subcontratación podrían llegar hasta los 20 años de prisión. Foto: Presidencia.

Sobre el outsourcing ilegal, destacó que, a partir de la información dada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría del trabajo y Previsión Social (STPS), la UIF localizó mil 854 empresas relacionadas con esta práctica. De estas, sólo mil 86 tenían información financiera, de las que se identificaron siete objetivos que destacaron en el Modelo Global de Sujetos creado para la indagatoria.

INVESTIGACIÓN SOBRE 7

En el caso uno, una persona apareció como representante legal de 488 empresas, 461 constituidas entre 2012 y 2015. Además esta persona destacó por tener participación accionaria en otras 10 empresas, pero no tiene declaraciones fiscales.

En el caso dos, se le vinculó a una persona con cuatro empresas. Por la primera declaró fiscalmente 688 millones de pesos, deduciendo la totalidad del valor de la empresa y declarándose con pérdidas fiscales. Mostró indicadores de triangulación y simulación de recursos. La segunda empresa, que operó entre 2017 y 2019, facturó mil 41 millones de pesos, con gastos por 788 millones de pesos, con lo que mostró una discrepancia y el posible uso de prestanombres.

En el tercer caso, de 2017 a 2019, facturó 486 millones de pesos, por los que declaró 403 millones de pesos. Este estuvo relacionado con administración de empleados.

En el cuarto caso, la persona declaró 822 millones de pesos, con gastos por 615 millones. Su relación con la investigación tuvo que ver con su participación en la contratación de empresas en la contratación de empresas de consultoría.

El caso cinco está relacionado con la recepción de 98 millones de pesos en 2018, con el retiro de 99 millones, más cheques de 35 millones y fiscalmente reportó ingresos por mil 589 millones de pesos y en promedio, dos mil empleados. En las acciones de esta persona se mostró un posible caso de defraudación fiscal.

El caso seis está enlazado con está vinculado con las declaraciones anuales, mostrando ingresos anuales por cinco mil 406 millones de pesos teniendo pérdidas fiscales en todos los ejercicios por los que no pagó impuestos. Cuenta con siete mil empleados que son “movidos” sistemáticamente por el grupo empresarial. Recibe transferencias por más de cinco mil 455 personas y que otorgan mil 320 millones de pesos.

En el caso siete, tuvo relación con la publicidad con declaraciones anuales de 2014 a 2018 por mil 679 millones de pesos. En todos los ejercicios ha presentado pérdidas fiscales y no ha pagado impuestos.

“El marco normativo ha cambiado, durante la anterior administración se permitió generar este tipo de prácticas que daban como resultado el fomento a la corrupción”, destacó Nieto.