El pleno del Senado aprobó entre la tarde de ayer miércoles y la madrugada de este jueves la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para funcionarios públicos y de último momento, los legisladores impusieron esa nueva obligación a personas físicas y morales cuando realicen contratos para obras o servicios con el sector público. El Consejo Coordinador Empresarial señaló que, durante todo el proceso de discusión de la ley 3de3, la inclusión de una obligación al sector privado nunca fue un tema de debate. Mientras que la Coparmex denunció que con la inclusión hecha por los legisladores de última hora los funcionarios se esconderán en millones de declaraciones.

Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).– Con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), aprobado entre la noche de ayer miércoles y la madrugada de este jueves en el Senado de la República, que obliga a los empresarios a rendir su declaración 3de3, los funcionarios se esconderán en millones de declaraciones, denunciaron hoy el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Aunque los empresarios de la Coparmex reconocieron un avence en la aprobación del SNA, aseguraron que esperan que en la Cámara de Diputados se le de un revés a la obligatoriedad de que el sector empresarial rinda su declaración 3de3.

Durante una manifestación en el Monumento a la Independencia, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, aseguró que los senadores “les quedaron a deber” por la “ocurrencia de madrugada” que permitirá que los funcionarios se escondan tras millones de declaraciones.

“Queremos erradicar la corrupción de México. No más corruptos en nuestro país”, dijo Hoyos.

Reconocieron la voluntad de los ciudadanos por impulsar el SNA y agregaron que no querían una cacería de brujas y “acciones paralizantes”.

“Los senadores como grupo colegiado nos quedaron a deber. Tuvieron la oportunidad de estar a la altura del reclamo del país. Nosotros como empresarios transparentamos nuestra información y la tiene el SAT todos los días. No nos parece que se inserte en una iniciativa ciudadana, es un despropósito”, dijo.

El presidente de la confederación patronal agregó que los servidores públicos son los que “tienen la custodia del erario público, no los empresarios, no los ciudadanos”.

Gustavo de Hoyos indicó que esperan que la Cámara de Diputados revise hoy el SNA y que apruebe la Fiscalía Anticorrupción Independiente desde el primer día de su publicación.

Los empresarios esperan que prevalezca el principio de máxima publicidad para la declaración 3de3 y que se elimine la medida aprobada en la madrugada que “traslada a los ciudadanos” una obligación de los servidores públicos.

Adelantó que durante todo el día han estado cabildeando el SNA en la Cámara de Diputados y se han reunido con representantes de todas la bancadas.

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial consideró como excesiva e inaplicable la inclusión aprobada por el Senado para que las personas físicas y morales presenten las declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses cuando realicen contratos para obras o servicios con el sector público.

“Consideramos que la inclusión a última hora en el Senado de una disposición por la cual las personas físicas y morales que tengan contrataciones de cualquier tipo con las entidades públicas deban presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses resulta excesiva, inadecuada a los fines de prevenir y sancionar la corrupción, y completamente inaplicable en la práctica”, expresó la cúpula empresarial en un comunicado.

Destacó que esta medida lejos de contribuir a la transparencia, generará opacidad y desviará la atención de los procesos realmente relevantes para detectar y sancionar la corrupción.

El organismo presidido por Juan Pablo Castañón Castañón mencionó que durante todo el proceso de discusión en los últimos meses, nunca fue un tema de debate la inclusión de la obligación de presentar 3de3 por parte de personas físicas y morales, en los grupos de trabajo con las diferentes bancadas.

“En ningún momento fue presentada a los legisladores ni a la sociedad una propuesta de redacción, ni su justificación y alcances. Queremos transparencia y debate abierto, no ideas generadas a espaldas de la sociedad”, puntualizó el CCE.

La cúpula empresarial detalló que la redacción de la Ley de Responsabilidades propone que todos los empleados de cualquier nivel, de todas las empresas proveedoras de servicios a las entidades públicas tendrían que presentar declaraciones: desde el gerente general hasta los empleados de mantenimiento o mensajería, e incluso podría interpretarse, todas las empresas que estén vinculadas comercialmente de alguna manera con los proveedores del estado.

“Estamos hablando de cientos de miles, o millones, de personas”, alertó la iniciativa privada.

El CCE dijo que el fin para el cual se exigen estas declaraciones no está justificado en esta modificación, ya que las tres declaraciones tienen un foco en el uso de recursos públicos en manos de los servidores públicos, no de los privados.

“Queda claro que sobre las modificaciones realizadas, no existe una utilidad clara para la propuesta de obligar a las personas físicas y morales a presentar sus 3de3”, indicó.

Además, dijo, las declaraciones de quienes realmente tienen injerencia sobre el uso de los recursos públicos, quedarían escondidas en montañas de papeleo innecesario.

El Consejo Coordinador Empresarial hizo un llamado a los actores políticos a actuar con responsabilidad y racionalidad para conseguir el objetivo de combatir la corrupción.

SENADORES MADRUGAN

El pleno del Senado aprobó ayer miércoles la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para funcionarios públicos, sin embargo, de último momento en la madrugada de este jueves, los legisladores impusieron esa nueva obligación a personas físicas y morales cuando realicen contratos para obras o servicios con el sector público.

La creación de dicha Fiscalía será el resultado de una reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de República (PGR) y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con la que se prevé el nombramiento de un titular y de agentes del Ministerio Público especializados en delitos de corrupción.

Además de la sociedad civil, la iniciativa privada también exigió al Congreso de la Unión para aprobar las leyes Anticorrupción, por lo que el Senado hizo un ajuste legal al dictamen obligando a los empresarios a presentar su Ley “3de3” como si fueran servidores públicos, pues a decir de los legisladores “ellos [la IP] son parte del problema y nosotros se los vamos a recordar”.