La muerte de Nazario Moreno González “El Chayo”, uno de los líderes y fundadores de Los Caballeros Templarios, a manos de fuerzas federales, hizo pensar a todos que finalmente, después de 7 años de ser un laboratorio fallido de estrategias de seguridad de dos presidentes, la paz podría empezar a regresar a Michoacán.

Sin embargo, este fin de semana se abrió un nuevo frente entre dos de los grupos que podrían haber trabajado de la mano para llevar a los ciudadanos la tranquilidad que anhelan y merecen: las autodefensas y el gobierno federal.

Los primeros acusaron a los segundos de no respetar los acuerdos a los que habían llegado para trabajar de manera conjunta en bien de la ciudadanía, sino que, al contrario, habían desatado una persecución en contra de integrantes de los grupos civiles armados.

El pasado 11 de marzo, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvo al líder de los grupos de autodefensas de La Ruana, Hipólito Mora, por su presunta coparticipación en la muerte de Rafael Sánchez Moreno, “El Pollo”, y José Luis Torres, “El Nino”. Días después se filtró a los medios de comunicación información sobre otros cinco líderes de estos grupos de civiles armados que presuntamente enfrentan cargos tanto en México como en Estados Unidos, la mayoría vinculados al tráfico de drogas.

En respuesta al arresto de Mora, el fundador de las autodefensas de Tepalcatepec, José Manuel Mireles Valverde difundió un video de 12 minutos para acusar al gobierno de Enrique Peña Nieto de promover una persecución en contra de estos grupos.

“Ya vienen por nosotros [las autoridades]; seguimos los demás. Nos quieren amedrentar, nos quieren aniquilar. Ojalá pudiéramos retirarnos, ojalá pudiéramos vivir en paz, ojalá que el gobierno tuviera el control del territorio, ojalá, ojalá…. Pero no es así, a Michoacán lo gobiernan Los Templarios. La vida diaria ha cambiado, pero para mal, ahora nos persiguen Los Templarios y el gobierno, el Ejército, la Marina y todas las policías”, denunció Mireles, quien le reprochó también al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el primero haberlo deslindado de cualquier delito durante el tiempo que estuvo hospitalizado tras caerse la aeronave en la que viajaba, para después “abandonarme a mi suerte”.

Para nadie es secreto que estos grupos, que ya cumplen más de un año, nacieron ante la falta de capacidad del gobierno del estado, encabezado por Fausto Vallejo Figueroa, para detener el reino del terror que han ejercido los templarios en la entidad.

Michoacán es un estado violento desde la década de los 90, según lo muestran cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), pero el brinco lo dio, precisamente, el año pasado cuando alcanzó una tasa de homicidios de 21.2 por cada 100 mil habitantes, la más alta desde 1998, cuando la tasa fue de 25 asesinatos por igual número de personas.

Un estudio dado a conocer a finales de 2013 por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC reveló que 81 de los 113 municipios de la entidad presentan características de “Estado fallido”.

La situación de Estado fallido no se refiere únicamente a los municipios o zonas en las que existe presencia del narcotráfico, sino aquellas en las que se ejerce un poder paralelo al de las autoridades, en algunos casos más relevante que el oficial.

En estos 81 municipios prevalecen las siguientes características: elevada incidencia de homicidios dolosos, impunidad para castigar a los agentes de la violencia; operación pública de grupos ilegales de civiles armados; práctica frecuente de privación ilegal de la libertad y/o desaparición forzada de personas; operación de centros de confinamiento, desaparición forzada, tortura, exterminio y/o eliminación de cadáveres; acciones terroristas; desplazamiento forzado por parte de esos grupos; restricciones al libre tránsito de personas mediante retenes, volantas y obstáculos en calles, caminos y carreteras; cobro periódico de cuotas (derecho de piso) por parte de grupos criminales; elevadas tasas de secuestro por encima de la media nacional; control de las policías e instituciones públicas, entre otros.

La condición de “Estado fallido” no se gesta de una día para otro, sino que es la negligencia acumulada de varias administraciones locales y federales en las que comparten responsabilidad los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que básicamente dejaron que la bola de nieve creciera hasta aplastar a todos.

Cierto es que en la entidad no se podrá llegar al Estado de derecho permitiendo que los civiles hagan justicia por mano propia o que en aras de “acuerdos” no se castigue a quienes cometieron un delito, pero tampoco se recuperará la calma mientras no exista una autoridad capaz de recobrar la confianza de la ciudadanía.

Las elecciones locales del próximo año puede ser la oportunidad para que llegue una administración estatal que, sin necesidad de tener a la Federación como intermediario, pueda establecer un contacto genuino con la ciudadanía para acabar con el problema de raíz y llevar la tranquilidad que tanto se anhela, de lo contrario, Michoacán corre el riesgo de pasar de un “Estado fallido” a un “Estado perdido”.

Redacción/SinEmbargo

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