Como informó VANGUARDIA este martes, el TSJE realizó, entre 2010 y 2014, un total de 29 depósitos -que sumaron 207 millones- y 17 retiros -por 81.5 millones-, con lo que, al quebrar Ficrea, tenía un saldo a favor de 125.6 millones de pesos que la ASE considera como el monto del daño patrimonial causado a la institución.
Por Carlos Arredondo
Ciudad de Mexico, 17 de julio (Vanguardia).– Durante los cuatro años que el Tribunal Superior de Justicia del Estado tuvo relación con Ficrea le “entregó” a ésta 207 millones de pesos. Sin embargo, nunca realizó un solo depósito en dicha institución, ni recibió directamente de ella los “retiros” que hizo.
Lo anterior se desprende de la denuncia que la Auditoría Superior del Estado presentó ante la Fiscalía Anticorrupción, en agosto de 2018, y en la cual se detallan los “depósitos” y “retiros” realizados por el Poder Judicial, pero que fueron “triangulados” a través de BBVA Bancomer (hoy BBVA) y otras dos empresas.
Como informó VANGUARDIA este martes, el TSJE realizó, entre 2010 y 2014, un total de 29 depósitos -que sumaron 207 millones- y 17 retiros -por 81.5 millones-, con lo que, al quebrar Ficrea, tenía un saldo a favor de 125.6 millones de pesos que la ASE considera como el monto del daño patrimonial causado a la institución.
De acuerdo con la ASE, el 100 por ciento de los depósitos realizados por el Poder Judicial se hicieron a cuentas propiedad de Ficrea, pero que la financiera tenía en BBVA Bancomer, un hecho que viola diversas disposiciones legales, no sólo de la operación de la financiera sino también del funcionamiento del Poder Judicial.
Además cuando quería realizar un retiro de “sus cuentas”, el TSJE debía comunicarlo a Ficrea con 48 horas de anticipación, periodo tras el cual recibía una transferencia electrónica de las cuentas de Ficrea en Bancomer y, al menos en dos ocasiones, de cuentas propiedad de las empresas Baus and Jackman Leasing S.A. de C.V. y Leadman Trade S.A. de C.V.
Este sólo hecho tendría que haber bastado para que los funcionarios judiciales asumieran que “los recursos públicos transferidos a la sociedad financiera fueron administrados discrecionalmente por Ficrea”, sostiene la ASE en su escrito de denuncia.
Pese a ello, Héctor Armando Alvear Alvarado, María del Carmen Ibarra Vázquez y Salvador Balderas Rangel, quienes ocuparon, respectivamente, los cargos de Oficial Mayor, Directora de Recursos Financieros y Auditor Interno en el TSJE, nunca alertaron sobre la situación al Consejo de la Judicatura, como era su deber hacerlo.
NO FUERON ENGAÑADOS
Por otra parte, contrario a lo sostenido por el ex Presidente del Poder Judicial, Gregorio Pérez Mata, en el sentido de que habrían sido “engañados” por los ejecutivos de Ficrea, la ASE sostiene en su demanda que los involucrados tuvieron múltiples oportunidades para detectar las irregularidades.
Además de la triangulación de los depósitos, la Auditoría señala que, para saber que Ficrea no podía recibir recursos de instituciones públicas hubiera bastado consultar el Diario Oficial de la Federación del día 5 de agosto de 2008 en el cual se publicó el acuerdo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante el cual se otorgó el nivel de operación “I” a Ficrea.
El dato es determinante porque, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, “Las Sociedades Financieras Populares únicamente podrán recibir depósitos de los Gobiernos Federal, Estatales o Municipales cuando se ubiquen en los Niveles de Operaciones III y IV, y obtengan autorización de la Comisión”.
A partir de ello, la ASE concluye que, lejos de haber sido “engañados” los funcionarios judiciales “de manera dolosa o culposa omitieron la verificación de cada uno de los requisitos que debían cumplir cada una de las partes”, razón por la cual solicitó la acción penal en su contra.
