Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).– En sólo 24 horas, el gobierno de Enrique Peña Nieto dio por cerrados dos de los capítulos más cuestionados de la administración de Felipe Calderón. Primero liberó al ex subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Noé Ramírez Mandujano. Luego, al general Tomás Ángeles Dauahare.
En ambos casos, la defensa acusó, entre otras cosas, de “revanchismo” dentro del equipo presidencial. Pero el ex Presidente puso a ambos presos “espectaculares” como “ejemplo” de la “limpieza llevada a cabo por su administración”.
Ramírez Mandujano, quien fue preso en “Operación Limpieza”, no es el único que evidencia el fracaso de la justicia en el sexenio anterior. De los altos mandos que durante el sexenio pasado fueron detenidos en ese operativo, Víctor Garay Cadena, Javier Herrera Valles, Ricardo Gutiérrez Vargas y Rodolfo de la Guardia García obtuvieron antes sentencia absolutoria. También la ex agente Beatriz Elena Veramendi, quien por cuatro años trabajó en la embajada de Estados Unidos en México, fue liberada por falta de elementos.
El Presidente Enrique Peña Nieto afirmó, tras la liberación de Ramírez Mandujano, que “todos esos casos dejan lección clara, y creo que lo que nosotros debemos hacer es profesionalizar, capacitar, preparar a las fiscalías, ministerios públicos, a la propia policía investigadora al trabajo pericial y de investigación científica”. Agregó que se deben evitar casos como el de Noé Ramírez Mandujano.
Y ayer, la Procuraduría General de Justicia (PGR) ratificó las conclusiones de inculpabilidad al general Tomás Ángeles Dauahare. El militar fue acusado durante el gobierno de Calderón Hinojosa de supuestos vínculos con el narcotráfico.
Un juez federal había dado un plazo de 10 días al Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, para que ratificara las conclusiones de inculpabilidad que presentó un agente del Ministerio Público Federal. Lo hizo.
De acuerdo a la causa penal 44/2012 que se inició contra el general por el presunto delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, la PGR notificó al juez Tercero de Distrito de Procesos Penales del Estado de México que no hay pruebas que vinculen al militar con el crimen organizado.
El pasado 1 de agosto de 2012, el General Tomás Ángeles junto con otros o cinco militares –los generales Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez, el brigadier Roberto Dawe González, el Teniente Silvio Hernández Soto y el Mayor Iván Reyna Muñoz– fueron aprehendidos por supuesta protección a una organización criminal.
El gobierno de Calderón insistió en tenerlo preso, pero el 22 de enero pasado, el gobierno de Peña Nieto reconoció ante un juez federal que no tenía pruebas que confirmaran las declaraciones de “Jennifer” y “Mateo”, los testigos protegidos que incriminaron al General.
“Jennifer” es Roberto López Nájera, un abogado que sirvió a Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, operador de los Beltrán Leyva, mientras “Mateo” es Sergio Villarreal, “El Grande”, segundo al mando en ese cártel hasta que la Marina lo detuvo en 2010.
Y RAMÍREZ MANDUJANO
Un día antes, el martes, el ex subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Noé Ramírez Mandujano, abandonó el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de “El Rincón’’, ubicado en Nayarit, donde estuvo cuatro años, tres meses y 25 días, acusado en la “Operación Limpieza’’ de nexos con el cártel de Los Beltrán Leyva, delitos de los que fue exonerado el lunes.
El juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, Mauricio Fernández de la Mora, dictó sentencia absolutoria por delitos de delincuencia organizada, al estimar que fue una fabricación y una confabulación de ex funcionarios públicos, Ramírez Mandujano, viajó con destino a la Ciudad de México.
Ramírez Mandujano fue detenido el 20 de noviembre de 2008, acusado de recibir sobornos millonarios del cártel de los Beltrán Leyva a cambio de otorgarles información privilegiada. La acusación se sustentó principalmente con testimonios de un testigo protegido conocido como “Jennifer”, mismo que testificó contra el ex general Tomás Ángeles Dauahare, quien también estuvo preso por el mismo delito: brindar protección al cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
