Esta semana se realizó el coloquio México-Santa Sede sobre Migración y Desarrollo. Por primera vez en muchos años, sino es que es la primera en la historia moderna de México, en la que los dos estados se reúnen para trabajar formal, institucional y oficialmente en el diseño de una política pública puntual.
El tema migratorio no es nuevo ni menor. México ha expulsado a millones de mexicanos que parten al otro lado de la frontera norte en busca de una vida mejor. De la mano han seguido miles de centroamericanos que, por las dramáticas condiciones económicas y de seguridad, prefieren jugarse la vida en el intento antes que permanecer en sus países de origen.
El creciente fenómeno de los niños y adolescentes migrantes es el tema que todos los días se repite en los diarios nacionales y extranjeros. Es uno de los temas centrales de la agenda legislativa en Washington y algunas organizaciones ya lo califican de crisis humanitaria. El problema es qué hacer al respecto.
En medio de una discusión surrealista sobre fronteras y derechos de los países y los migrantes, se da este coloquio que resulta sorprendente por dos cosas. Primero, porque no habíamos visto trabajar de la mano a la Santa Sede con el Gobierno de México. La relación bilateral, desde su reinicio en 1992, no pasaba de visitas papales y sus respectivos espectáculos mediáticos.
Tanto México como la iglesia, de manera institucional, se habían hecho de la vista gorda sobre el tema. Los posicionamientos ideológicos de uno y otro habían cegado a ambas instituciones sobre la realidad de los migrantes y de miles de víctimas de otros delitos como la trata, la pederastia, la explotación sexual y laboral y muchos otros. Hoy, se sientan a dialogar en busca de soluciones conjuntas.
México, hoy, parece adoptar un posicionamiento maduro sobre una crisis social que no es nueva y cuya indiferencia ha llevado los abusos al extremo. El Gobierno priista acepta trabajar de la mano de la iglesia y la sociedad no se escandalizó.
En segundo lugar, destaca la reorientación del discurso de la élite eclesiástica sobre un tema que solo se había abordado casi en el margen de las instituciones. Las parroquias han jugado un rol fundamental a nivel local. Tan solo en el tema de migración, el padre Solalinde en Oaxaca, el padre Vera en Coahuila, por mencionar a los más conocidos, han desarrollado casas y estrategias de atención al migrante para ayudarles en su vulnerabilidad y desprotección. Estos auténticos héroes fueron prácticamente ignorados en años anteriores por el gobierno de México y rechazados por la cúpula eclesiástica. Eran los jugadores incómodos que ponían en evidencia la ausencia del estado.
Una señal de cambio fue el otorgamiento del Premio Nacional de Derechos Humanos que esta administración dio al padre Solalinde hace un año. El inicio de visitas institucionales de la Subsecretaria de Derechos Humanos de Segob, Lía Limón a las casas del migrante.
Esto no resuelve la crisis humanitaria ni acaba con las carencias de las organizaciones que trabajan para ello, pero si los reubica en la agenda pública y redefine el entendimiento del problema y de su solución. Incorpora tanto las necesidades como las soluciones provistas desde la sociedad y desde las parroquias al conjunto de políticas públicas federales.
El acercamiento con estas organizaciones es un reconocimiento de lo que muestra el Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México realizado por el IFE (hoy INE). El instituto encuentra que 55% de la población confía en las iglesias. Este dato sólo es superado por los maestros (56%) y por el Ejército (62%). El gobierno parece entender que la población ya no confía en las instituciones públicas y opta por trabajar de la mano de quienes cuentan con credibilidad.
El Vaticano demuestra un cambio de discurso y de estrategia de acercamiento a la sociedad. Después de solapar por años los abusos a menores en sus aulas, hoy ofrece protección y abrigo a los más vulnerables. El cambio no es menor.
Al Coloquio entre el gobierno de México y la Santa Sede, asistieron autoridades de México, EU, Guatemala, Honduras y El Salvador. Sin embargo, los grandes ausentes fueron justamente los líderes de los movimientos de apoyo al migrante, el padre Solalinde y el padre Vera. Al parecer, la iglesia los considera demasiado mediáticos y el Gobierno federal se los validó. Como de costumbre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos brilló por su afonía. Si estuvo presente, su rol fue marginal.
Los cambios siempre son lentos y las resistencias institucionales no están desterradas. Un Coloquio con posicionamientos públicos es un buen inicio pero no una solución integral. Aplaudo la madurez del Gobierno de la República, y de la Santa Sede en esta iniciativa, a pesar de las ausencias. Tienen el reto de hacer de este coloquio el inicio de un nuevo diseño de políticas públicas innovadoras y más incluyentes. Si van en serio, tienen la oportunidad de mostrar nuevos mecanismos de cooperación entre sociedad y gobierno para atender las inmensas necesidades sociales no solo de los migrantes sino de todos los grupos vulnerables. El resto de la historia, está por escribirse.
