“Mi teléfono [045 283 1021 323] está en todas partes, que hagan contacto conmigo si quieren dinero, podemos platicarlo”, señala en una entrevista telefónica con Efe. Según la investigación de la Fiscalía de Veracruz, los cinco fueron detenidos por los agentes en una gasolinera y entregados a un grupo del crimen organizado por motivos que aún se desconocen.
Veracruz (México), 19 ene (EFE).- Bernardo Benítez, familiar de dos de los cinco jóvenes que desaparecieron hace ocho días en el estado mexicano de Veracruz, hizo hoy un llamado a los captores para que entablen comunicación y se logre la liberación del grupo.
“Mi [número de] teléfono [045 283 1021 323] está en todas partes, que hagan contacto conmigo si quieren dinero, podemos platicarlo”, señaló en una entrevista telefónica con Efe.
Su hijo Bernardo y su sobrino José desaparecieron el 11 de enero pasado junto con otros tres jóvenes, entre ellos una menor de edad, tras ser detenidos por policías estatales en el municipio de Tierra Blanca.
Según la investigación de la Fiscalía de Veracruz, los cinco fueron detenidos por los agentes en una gasolinera y entregados a un grupo del crimen organizado por motivos que aún se desconocen.
Por el caso hay siete policías detenidos, entre ellos el delegado de la Secretaría de Seguridad Pública en Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández, quienes son acusados de desaparición forzada y hasta el momento no han dado pistas del paradero de los jóvenes.
Si el objetivo de los captores no es exigir rescate, “que los liberen, nosotros no estamos pidiendo nada, sólo a nuestros hijos (…) para poderlos llevar a nuestros hogares” y “acabar con esta incertidumbre”, señaló.
Benítez, originario de Plata Vicente, dijo que los familiares de los jóvenes llevan días pasándola “muy mal”.
“No hay descanso para nosotros, seguimos aquí desesperados e impotentes ante todo esto”, señaló.
Negó que los jóvenes, que habían viajado el fin de semana al puerto de Veracruz para divertirse, hayan “molestado” a alguien en algún bar.
Contó que otro de sus hijos había estado allí y este le comentó que “no tuvieron ningún inconveniente”.
“No sabemos, sinceramente, cuál es el móvil de todo esto,” subrayó Benítez, quien añadió que si hubieran recibido alguna llamada para exigir rescate, al menos tendrían la certeza del móvil.
“Desgraciadamente no tenemos nada”, afirmó y destacó que los jóvenes, de entre 16 y 27 años, “no tenían problemas”. A esa edad piensan en “divertirse y gozar de la vida”, dijo.
Mientras las familias esperan noticias de los jóvenes, fuerzas de seguridad estatales y federales mantienen los operativos de búsqueda en distintas regiones del oriental estado de Veracruz.
En uno de ellos fueron localizados varios recipientes con huesos, pero al hacer los estudios periciales se determinó que se trataba de restos de animales.
Tras determinar “que los restos óseos no son humanos”, la fiscalía estatal dijo que había informado de ello a “los padres de familia”.
El fiscal Luis Ángel Bravo declaró hoy a la emisora Radio Fórmula que “la prioridad es encontrarlos”, preferiblemente “bien”.
Además, señaló que el caso fue turnado la noche del lunes a la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) al tener indicios de la participación del crimen organizado en la desaparición, si bien la fiscalía estatal seguirá contribuyendo en la investigación.
De acuerdo con datos oficiales, en México hay 27 mil desaparecidos, el 46.5 % de ellos durante la actual Presidencia de Enrique Peña Nieto, iniciada en diciembre de 2012.
El caso más emblemático es el de los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa, quienes fueron detenidos por policías corruptos en el municipio de Iguala el 26 de septiembre de 2014 y entregados a miembros del cártel de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y quemaron en un basurero, según la versión de la PGR.
La investigación de dicho caso, similar a lo que hasta ahora se conoce de la desaparición de los jóvenes de Veracruz, sigue abierta después de las irregularidades denunciadas por expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la lucha de los padres de las víctimas, quienes creen que sus hijos siguen con vida.
