Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).– Terminó la espera. Este jueves, México deberá responder por las 176 recomendaciones en materia de derechos humanos que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Examen Periódico Universal (EPU), hizo al Presidente Enrique Peña Nieto.

La semana pasada, durante el informe de actividades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Jefe del Ejecutivo federal presumió una disminución de denuncias en la materia y advirtió que no se puede caer en triunfalismos. Sin embargo, los hechos dicen lo contrario: México ha reprobado todos los exámenes recientes que se le han hecho sobre el quebranto de los derechos humanos.

Apenas en febrero, Amnistía Internacional (AI) reclamó al Presidente que México aún enfrenta serios retos en relación al Estado de Derecho y al respeto a los derechos humanos. La organización planteó que los reportes sobre abusos de derechos humanos cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad, incluyendo desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias continúan y la impunidad –en todos estos crímenes– sigue siendo la norma.

También el Examen Periódico Universal de la ONU se destaca la violencia en contra de las mujeres, la pobreza, el acceso a la alimentación, los ataques a defensores y periodistas y la eliminación de la figura del arraigo.

Aunque para Amnistía es positivo que el gobierno mexicano haya anunciado que aceptará la mayoría de las recomendaciones, “hay indicios preocupantes de que esto sólo represente que todo sigue igual y su cumplimiento sea sólo retórico”. Por lo que instó al gobierno de Peña Nieto traducir en “medidas concretas y eficaces” las promesas que hará hoy al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, si quiere abordar la grave situación de los derechos humanos en el país.

La organización recordó que en la última comparecencia ante el órgano, en 2009, México dijo que implementaría la mayoría de las recomendaciones. “Sin embargo, no tomó medidas en muchas áreas para prevenir la crisis de derechos humanos, que continúa hasta la fecha”.

Aunado a las recomendaciones sin cumplir, el tema de la impunidad es otro aspecto constante en las denuncias de las organizaciones que defienden los derechos humanos no sólo en México sino en el mundo.

“La experiencia cotidiana de las familias de los desaparecidos y de las víctimas de la tortura, los homicidios y la violencia no ha cambiado. Para ellas las promesas del gobierno parecen vacías e ineficaces; la impunidad impera”, dijo el secretario general de AI, Salil Shetty, quien visitó México en febrero pasado.

MÉXICO REPROBADO

El país no ha aprobado ninguno de los exámenes en derechos humanos: el de la ONU, los reportes de Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW), el de Artículo 19 y los de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), que agrupa otras organizaciones.

El de AI, de 2013, expuso ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y tortura cometidos a manos de las fuerzas de seguridad y de la policía; un sombrío panorama en el que apenas 10 por ciento de las siete mil denuncias oficiales contra autoridades ha sido investigado.

El de HRW centró sus focos en la resaca de la lucha contra grupos del crimen organizado. Incluye, en ese marco, ejecuciones, desapariciones y torturas, y también la falta de investigación adecuada.

Por su parte, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) documentó el asesinato de cinco defensoras de derechos humanos, lo que suma el registro de 30 asesinatos de defensoras de 2010 a 2013.

De acuerdo con el registro nacional de la RNDDHM, en 2013 –al igual que en 2012– las defensoras con el mayor número de agresiones fueron quienes defienden los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas y quienes defienden el derecho a la información y a la libertad de expresión.

En todos ellos, planteó, “prevalece una total impunidad, acompañada de la ausencia de diseño e implementación de medidas de protección con perspectiva de género y etnicidad”.

RNDDHM pidió al gobierno mexicano fortalecer y aplicar de manera inmediata a todos los niveles el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Sobre la libertad de expresión, Artículo 19 expuso en su más reciente informe que 2013 fue el año más violento para la prensa en México. De acuerdo con el documento “Disentir en Silencio: violencia contra la prensa y criminalización de la protesta”, cada 26.5 horas se agrede a un comunicador en el país.

MUJERES IGNORADAS

El Informe por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos 2013 del gobierno de Estados Unidos también plantea que en el país “persistió la violencia atribuida a la delincuencia transnacional y local de organizaciones el crimen, la violencia contra las mujeres y la violencia contra los periodistas que limita la libertad de expresión”

Respecto a los atentados contra los derechos de las mujeres, la mayoría de las recomendaciones realizadas por organismos internacionales a México se relacionan y reclaman que no han sido atendidas por el Estado mexicano en los últimos cinco años; es decir, parte del sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa (desde 2009), hasta el primer año de gobierno del actual primer mandatario, Enrique Peña Nieto.

Gran parte del los atentados contra los derechos de las féminas tiene que ver en materia de derecho reproductivo, criminalización de la mujer por aborto y falta de acceso a métodos anticonceptivos, principalmente para adolescentes.

Las recomendaciones emitidas por el Comité para Eliminar la Discriminación en Contra de la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) han sido ignoradas y omitidas por el gobierno mexicano, según reveló hace unas semanas la organización Grupo de Información en Reproducción Asistida (GIRE).

Rebeca Ramos, investigadora jurídica del GIRE, afirmó: “Hay que señalar que todas estas recomendaciones, la mayoría viene de los dos sexenios de gobiernos panistas, el actual gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) –que lleva un año y meses–, no ha sido objeto de todas estas evaluaciones. Sin embargo, me parece que el compromiso del actual gobierno será qué tanto se tomará en serio atender estas recomendaciones”.

Al respecto, Amnistía Internacional expuso que la igualdad de género es una meta aún lejana, a causa de  la violencia y la discriminación que violan los derechos humanos de mujeres y niñas, además de comprometer severamente su salud y derechos sexuales y reproductivos.

“La violencia de género sigue penetrando las vidas de mujeres y niñas en todo México. La impunidad de tal violencia, incluyendo el abuso sexual y el feminicidio, es generalizada. Las leyes federales y locales promulgadas desde 2007 para mejorar los procesos de investigación y prevención de la violencia son ampliamente ineficaces o no se han aplicado, dejando a las mujeres y a las niñas en un riesgo constante”, dice parte del documento entregado por la organización al Jefe del Ejecutivo federal en febrero pasado.

PETICIONES EN EL OLVIDO

En noviembre del año pasado, Human Rights Watch planteó en una carta enviada al Jefe del Ejecutivo federal: “El gobierno del Presidente mexicano Enrique Peña Nieto no ha logrado resultados frente al desastroso récord de su antecesor en diferentes áreas vinculadas con la vigencia de los derechos humanos en el país”.

Amnistía Internacional ha pedido en reiteradas ocasiones al gobierno mexicano que implemente con carácter urgente las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos para abordar las violaciones de derechos humanos y la impunidad generalizadas. Esto incluye:

Garantizar la protección de las normas internacionales de derechos humanos en todas las operaciones policiales y de seguridad, lo que incluye una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial de todas las violaciones de estos derecho.

Salil Shetty, secretario general de AI, urgió al gobierno a trabajar con la sociedad civil para implementar unas medidas concretas y eficaces para abordar la crítica situación de los derechos humanos en México.

“Estas medidas deben llevarse a cabo para abordar las constantes desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias y ataques habituales contra defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, mujeres y personas migrantes. México no debe volver a incumplir sus promesas a la comunidad internacional”, advirtió.

OTRAS RECOMENDACIONES

De acuerdo con el Informe por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos 2013, que realizó el Departamento de Estado de EU, la CNDH y otros organismos informaron que México se ve afectado también por secuestros, abuso físico, condiciones de hacinamiento en cárceles, arrestos y detenciones arbitrarias, y confesiones obtenidas por tortura.

Además detalla que hubo denuncias de amenazas y violencia contra defensores de los derechos humanos y de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros; secuestro, robo y abuso de los migrantes; violencia doméstica; tráfico de personas, abuso de personas con discapacidad; discriminación social y económica en contra de miembros de la población indígena y explotación del trabajo y la mano de obra infantil, según los datos que reportaron las organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Por su parte, Amnistía ha criticado el hecho de que no se hayan aceptado las recomendaciones para abolir la práctica del arraigo, la que consideró una importante cuestión de derechos humanos.

“Las órdenes de arraigo abren la puerta a múltiples violaciones de derechos humanos, como la tortura y las confesiones forzadas, que dan pie a juicios injustos. La negativa a abolir esta práctica es una señal muy negativa del compromiso real del gobierno de defender los derechos humanos de todas las personas”, dijo Salil Shetty.

Otra tema que abordó Amnistía en su pronunciamiento es cuestión de la reforma del Código de Justicia Militar, donde México ha aceptado las recomendaciones encaminadas a garantizar que se investigan, persiguen y juzgan en el sistema de justicia civil todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas.

Precisó que esa reforma es debatida en el Senado, la cual potencialmente excluiría de la justicia militar las violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra civiles.

Sin embargo, lamentó que dicha medida no se aplicaría a las violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra otro personal militar. Aunque la propuesta va en la dirección correcta, sigue sin cumplir totalmente las normas internacionales de derechos humanos, pese a las afirmaciones del gobierno en sentido contrario.

INSTITUCIONES Y QUEJAS

De acuerdo con el reporte de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), durante 2013 recibió 45 mil 972 quejas, las cuales se concentraron en cuatro instituciones federales: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF).

Otros de los organismos con mayor número de quejas por violar derechos humanos fueron la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Marina (Semar).

Al presentar su informe de actividades, el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, dijo que en 2013 la CNDH hizo 86 recomendaciones a 109 autoridades, de las cuales 65 corresponden a dependencias federales y 44 a estatales o municipales; en cuanto al servicio de atención al público, el organismo realizó 348 mil 15 servicios y en total se recibieron 45 mil 972 escritos de queja.

También aseguró que la capacitación en materia de derechos humanos en las distintas dependencias logró una reducción en las quejas. ”Debo reconocer la buena disposición y voluntad del Gobierno federal en sumar acciones para prevenir, pero también en remediar los casos que se presentaron, al aceptar todas las recomendaciones emitidas”, dijo Plascencia en un evento en Los Pinos.