En medio de la polarización actual, gobernadores tanto del PRI como del PAN, del PRD y del MC, han venido a sustituir las carencias partidarias convirtiendo a las entidades federativas en parte de una pugna, de tintes estrictamente partidocráticos, para sortear la oposición al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Foto: Gobierno de Chihuahua.

Son una serie de preguntas que tienen enorme importancia para el porvenir de nuestra República: ¿Pueden los gobernadores hacer política violando flagrantemente la Constitución?, ¿el artículo 117 de la Carta Magna es simple literatura de ficción? Esta norma fundamental dispone que los estados que forman la unión mexicana tienen vedado o prohibido celebrar alianzas, tratados o coaliciones con otro estado de la propia unión o con potencias extranjeras. Su literalidad no hace difícil la interpretación de su sentido único, gramaticalmente indubitable e históricamente inobjetable en un país que ha sido intervenido en varias ocasiones, facilitando eso, precisamente por la acción de mexicanos o colonos que recibieron generosamente los frutos de un país en construcción. 

En contravención con ese precepto constitucional se creó indebidamente en los tiempos de Vicente Fox la Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO) con lo que se contuvo los anhelos de construcción de edificación de un nuevo federalismo, avanzado, descentralizador, municipalista, y al final de cuentas base para amalgamar tareas nacionales de gran envergadura. 

La frivolidad de Fox, que tuvo en sus manos la posibilidad de dar un gran paso, generó virreinatos en muchas de las entidades y dispendio, particularmente de recursos de la renta petrolera que en no pocos casos fueron a parar a los bolsillos de las castas gobernantes locales o de plano a la edificación de obras suntuarias, en lugar de destinarse a infraestructura básica de la que seguimos careciendo, sobre todo en el  ámbito municipal. Fue un fracaso que contribuyó a arrastrar a la caída del PAN que progresivamente se ha acentuado desde el año 2000 hasta la fecha.

En medio de la polarización actual, gobernadores tanto del PRI como del PAN, del PRD y del MC, han venido a sustituir las carencias partidarias convirtiendo a las entidades federativas en parte de una pugna, de tintes estrictamente partidocráticos, para sortear la oposición al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No me extrañan los conflictos entre los estados y la federación, que tienen abierta una ruta también constitucional para dirimirse; lo que me extraña es ese camino que se está abriendo hacia la balcanización, a la dispersión de los muchos Méxicos en gobiernos caciquiles en los estados, de lo cual hay que tomar nota porque ellos quisieran ver al país dividido en varias repúblicas, algunas francamente bananeras. 

Es una preocupación que se debe socializar, que debiera ser tomada en cuenta de manera primordial por quienes buscan consolidar la unidad de México para encarar un futuro cargado de riesgos. En este sentido, la inquietud se pone a la orden del día cuando vemos que los gobernadores Martín Orozco (Aguascalientes), Francisco García (Tamaulipas), José Rosas (Durango), Javier Corral (Chihuahua), Diego Sinhue Rodríguez (Guanajuato), Miguel Riquelme (Coahuila), José Ignacio Sánchez (Colima), Juan Manuel Carreras (San Luis Potosí), Jaime Rodríguez (Nuevo León), Enrique Alfaro (Jalisco) y Silvano Auroles (Michoacán) celebran alianzas y coaliciones proscritas, para encarar al Gobierno central precisamente en una actitud que los coloca de la greña con la propia ley suprema. Y esto es causa más que suficiente para que se les inicie un juicio político, precisamente porque ejecutan acciones para las cuales no respetan las facultades que expresa y limitadamente les previene el código fundamental del país. 

Es más grave cuando pretenden ya coaligados– abrir agencias en países extranjeros para promover intereses de orden económico, lo que malbarata el carácter de nuestra unión, y lo digo sin ignorar la dimensión del conflicto interior. En el extranjero y particularmente en países donde se tiene una visión imperial de las cosas, prácticamente andan anunciando que hay un país en venta en el que ya se quebrantó la soberanía, producto de una independencia nacional que costó una guerra civil y que tuvo un hito fundacional en el primer código federalista en 1824, ratificado en 1857 y luego en 1917. 

Dentro de los gobernadores, y por sus filias políticas lo digo, campean proyectos de poder lesivos para el país, desinterés por resolver los problemas como se debe y, en algunos casos, el espíritu que reina es el de los texanos Sam Houston, Austin, Travis, Fannin, Bowie y el infaltable Lorenzo de Zavala. 

O sea, nos movemos hacia una zona de alto riesgo.