Activistas denunciaron que los principales derechos que se violan a consecuencia de los megaproyectos mineros son los laborales y ambientales; los relacionados con la salud, vivienda, agua y saneamiento; tierra, territorio y recursos naturales; consulta y consentimiento libre, previo e informado; la propiedad; libertad de expresión e información; participación y acceso a la justicia.

Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).- La minería –a pesar de ser una de las actividades extractivas más depredadores en las comunidades–, invade la República Mexicana, bajo el cobijo del Gobierno, denunciaron organizaciones de la sociedad civil durante la presentación del Manual para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de Pueblos y Comunidades frente a los Megaproyectos Mineros en México.

María Colín, abogada de Greenpeace México, destacó que además de los graves daños ambientales que provoca la minería por la destrucción masiva de los recursos naturales, la contaminación del aire, el agua y el suelo a gran escala, entre otros; los derechos humanos de las comunidades y de los defensores se ven violentados, pues los pobladores son despojados de sus territorios, sufren violencia, represión, criminalización y deterioro en la salud.

“Es importante aclarar que no estamos en contra del desarrollo, pero éste no debe ser a costa de violaciones a los derechos humanos de las personas”, expuso la representante de la ONG internacional.

DERECHOS PISOTEADOS

Los activistas denunciaron que los principales DESCA que se violan a consecuencia de los megaproyectos mineros son los laborales y ambientales; los relacionados con la salud, vivienda, agua y saneamiento; tierra, territorio y recursos naturales; consulta y consentimiento libre, previo e informado; la propiedad; libertad de expresión e información; participación y acceso a la justicia.

Y añadieron que en el caso de los pueblos indígenas, además, se violan el respeto a su cultura, su identidad y en general a su autodeterminación y desarrollo.

Miguel Ángel Mijangos Leal, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), destacó que el consumo de agua es “alucinante y terriblemente agresivo”, para ilustrarlo, mencionó el caso de Carrizalillo, una de las minas de oro más grandes de América Latina, ubicada en Guerrero, perteneciente a la canadiense Goldcorp, donde cada día se gastan alrededor de 250 millones de litros de agua.

En 2014, las mineras extrajeron cerca de 437 millones de metros cúbicos de agua, cantidad que de acuerdo con Marisa Jacott, directora de Fronteras Comunes, “era suficiente como para cubrir las necesidades humanas de toda la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit durante el mismo periodo”.

UN PAÍS INVADIDO POR LA MINERÍA

En nuestro país –en palabras de Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC– “invadido por megaproyectos de muerte”, hasta 2013 existían en total 26 mil 823 concesiones mineras que ocupan más de 31 millones de hectáreas en el territorio nacional.

El activista aseguró que únicamente dos de los 32 estados que conforman la República Mexicana están libres de concesiones mineras: la Ciudad de México y Quintana Roo.

En contraste, Sonora es el estado donde más actividad minera existe, con 4 mil 590 concesiones; seguido por Durango, con 3 mil 642; en el tercer peldaño se encuentra Chihuahua, con 3 mil 496 y en el cuarto lugar está Zacatecas con 2 mil 570.

Aunado a ello, información de la Secretaría de Economía (SE) señala que al finalizar el año 2012 se registraron “un total de 285 empresas con capital extranjero, operando 853 proyectos en México. Del total de empresas extranjeras, 204 (71.6 por ciento) tienen sus oficinas centrales en Canadá, 46 (16.1 por ciento) en Estados Unidos, 8 en China (2.8 por ciento) y 5 (1.7 por ciento) en Australia. Además, se tenían 4 del Reino Unido, 4 de Japón, 4 de Corea, 2 de India y con una empresa de Bélgica, España, Brasil, Perú, Luxemburgo, Chile e Italia”.

Asimismo, agregó que no debe ser implantado “un modelo basado en el extractivismo, que pretende imponerse a cualquier costo sobre otras formas y modelos de vida que se piensan arcaicos y que, por tanto, se condenan a la desaparición. Ese modelo lleva sólo al choque de visiones y detona conflictos y un clima de mayor violencia”.

Dicha actividad, de acuerdo con Colín, arrasó durante los últimos meses de 2014 con el 12 por ciento del territorio nacional, con el 68 por ciento de capital canadiense.

“A fines de 2014 se registraron un total de 25 mil 267 concesiones mineras, que, según datos del Servicio Geológico Mexicano amparaban una superficie concesionada de casi 26 millones de hectáreas, esto representa alrededor de 12.7 por ciento del territorio nacional”, puntualizó.

Dicha ocupación territorial es similar a la de zonas sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo: actualmente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) administra 176 áreas naturales federales que se reparten en más de 25 millones 394 mil 779 hectáreas, divididas en nueve regiones del país.

Los activistas coincidieron en que las empresas mineras nacionales y extranjeras en su mayoría operan con el amparo de las autoridades en los diferentes órdenes de Gobierno y despojan a los pueblos de su riqueza, arrasan territorios y atentan contra sus formas de organización colectiva.

“Estamos hablando de una actividad industrial cuya riqueza está basada en el despojo y en la violación a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de los pobladores”, comentaron durante la presentación del documento que recaba el trabajo de tres años aproximadamente.

En el marco del Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto, que se conmemora este 22 julio, las organizaciones Colectivas, Colectivo de Abogados y Defensores del Interés Público, Fronteras Comunes y Greenpeace México, señalaron que a lo largo y ancho del país existen 300 conflictos mineros que vulneran derechos de las comunidades.

De acuerdo con el manual, nuestro país es el primer destino de inversión en exploración minera en América Latina, el cuarto en el mundo según las cifras del reporte publicado por Metals Economics Group y es el quinto país con el mejor ambiente para hacer negocios mineros, tal como lo señaló la Consultora Behre Dolbear publicado en abril de 2013.

LA LEY, AL SERVICIO DE LAS MINERAS

En el documento, los expertos detallan que el artículo sexto de la Ley Minera favorece dicha actividad, a la que considera “preponderante” frente a cualquier otra,  ya sea agricultura, ganadería, silvicultura, entre otras.

Por ello –acusan–, “siempre tendrá [la minería] preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de los terrenos o del subsuelo, inclusive frente al derecho que las comunidades indígenas y equiparables tienen para decidir sobre el modelo de desarrollo que quieren para sí y para su territorio”.

“Se ha publicitado y conocido muchas veces en el país la enorme cantidad de concesiones para la explotación minera otorgadas por muchos años, lo que contrasta con otros países de América Latina. También sabemos que todo está relacionado con este modelo de “desarrollo” neoliberal y extractivo”, planteó Concha Malo.

Por todo lo anterior, el manual busca convertirse en una herramienta para hacer frente a los abusos de los proyectos mineros en todo el país. Asimismo, pretende socializar instrumentos jurídicos de defensa de los pueblos y los recursos naturales que implica la minería, donde subrayan la importancia de defender los territorios de las comunidades afectadas.

“No se trata solamente de un manual […] ni una demostración simple de cómo las personas y colectivos defienden sus tierras frente a la invasión de proyectos de inversión, es un instrumento que muestra con todo detalle cómo las personas y los colectivos pueden efectivamente defender los bienes naturales y territorios de esas invasiones […] Además de un manual, es un instrumento de aprendizaje para poder consolidar esas luchas”, concluyó Concha.