Aunque el Fiscal Carlos Zamarripa haya trabajado horas extras para encontrar a los sospechosos del atentado con bomba que mató a dos personas e hirió a cuatro más, que conmocionó a la ciudad de Salamanca, al estado de Guanajuato y a buena parte del país, el crimen está lejos de ser totalmente esclarecido.

El móvil no deja de ser confuso y difuso: “un negocio que no salió bien”, “un adeudo millonario”, “relaciones comerciales informales”, “aportación de una cantidad millonaria”.

Demasiadas bifurcaciones para explicar un crimen que pudo ser masivo y que ahondó el terror en que vive buena parte de la población del estado.

¿Se trata de dinero ilícito? De ser así, habría nuevos cargos y esto también arrojaría una sombra de sospecha sobre una de las víctimas, lo que sin duda es una costumbre muy arraigada en la Fiscalía de Zamarripa: criminalizar a las víctimas.

¿Quién en su sano juicio mata a quien le debe dinero y que además es dueño de un negocio aparentemente próspero?

Un periódico estatal, Correo, hizo parte de la chamba que el Fiscal no comunicó: uno de los dos presuntos responsables, Eduardo, es hijo de un exalcalde perredista de Acámbaro y hermano de un Regidor del mismo partido en Valle de Santiago.

Ese partido, el PRD, tuvo vinculaciones serias con el Cártel de Santa Rosa de Lima a través del grupo que encabezaba el asesinado exalcalde de Cortazar Hugo Estefanía.

Pero también se trata del mismo partido con el que se alió el Partido Acción Nacional en las pasadas elecciones, precisamente en Acámbaro y en Moroleón, municipio vecino a Valle de Santiago.

¿Hay conexiones entre la política, el crimen organizado y la inversión en negocios de diversión en la zona centro sur del estado? Es una pregunta que sería justo aclarar por salud pública y por respeto a los ciudadanos que viven en esos lugares y que acuden a muchos de esos negocios, incluso para quienes se dedican profesionalmente a ese giro y ven como crecen sus competidores de la nada.

El móvil del Fiscal es débil y no lo alcanzan a ocultar sus juguetes tecnológicos: sus cámaras que nos observan a todos pero que nunca previenen nada y su capacidad para intervenir teléfonos de forma forense o preventiva.

También queda coja la explicación de que se trata de un ajuste de cuentas personal, a menos que lograra explicar la mecánica del fallido negocio millonario, el movimiento del dinero y la naturaleza de ese trato.

Que un simple desarreglo financiero entre un emprendedor y dos financiadores termine con la explosión de una bomba trasladada en taxi y encargada a un mensajero, es una explicación que abre nuevas interrogantes y deja más dudas que certezas.

Con su explicación y con la forma en que esta fue festinada por el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez, quien insiste en atarse a la suerte del Fiscal como un suicida a una piedra de molino, dejarán más interrogantes de las que quisieron aclarar.

Por si algo faltara, cuatro días después de la explosión que conmocionó a Salamanca y que provocó promesas de todo el aparato de seguridad para extremar la vigilancia en esa ciudad, un grupo criminal colocó media docena de narcomantas, deslindándose del ataque y atribuyéndoselo a sus rivales.

Nada de esto, ni la posición oficial, ni la facilidad de los delincuentes para hacer llegar estos mensajes, contribuyen a tranquilizar la agitada circunstancia de Guanajuato.

Todo indica que el Fiscal, de la mano del Gobernador, o viceversa, decidieron encaminar el asunto a una solución políticamente conveniente. Veremos hasta dónde les alcanza.

Arnoldo Cuellar

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Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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