A la hora de hablar de la rendición de cuentas, los estados y municipios de México son unas cajas negras. No hay datos certeros sobre los recursos que llegan; es poco confiable la información del manejo que se da al dinero de la gente.

Un reciente informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) sobre transparencia y rendición de cuentas reveló que 24 de las 32 entidades presentan limitaciones para la fiscalización, al no tener órganos autónomos que la realicen; en una escala del 1 al diez, 14 entidades resultaron reprobadas y sólo 16, es decir, la mitad, obligan a sus instancias fiscalizadoras a hacer públicos los resultados.

Los especialistas en el tema consideran que esta opacidad en el manejo de recursos ha llevado a que la deuda de estados y municipios haya alcanzado el año pasado su máximo desde 1994 al llegar a 482 mil 807 millones de pesos, según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En los estados, el uso de los recursos se dictamina en el Congreso, donde en la mayoría de los casos están dominados por legisladores que pertenecen al mismo partido del Gobernador en turno, lo que dificulta aún más la revisión y reasignación de recursos.

Casos emblemáticos como el de la megadeuda que dejó el ex Gobernador priista de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, y al crecimiento que está mostrando la deuda en Chihuahua, aseguran expertos, son ejemplo de la necesidad de contar en los estados con sistemas de fiscalización autónomos y más eficientes.

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).– En 2013, la deuda pública de estados y municipios alcanzó el monto más alto en los últimos 19 años. La opacidad, la poca transparencia, las malas prácticas administrativas y el desvío de los recursos estatales son los principales problemas a los que se enfrentan las auditorías estatales, organismos encargados de revisar el buen uso del erario público, lo que ha derivado en que algunas entidades, como Michoacán, señalen reiteradamente que operan con números rojos como consecuencia de los pasivos que vienen arrastrando de administraciones anteriores.

Sin embargo, especialistas en el tema de transparencia y finanzas públicas afirman que la ejecución eficiente de la responsabilidad de las auditorías se ve mermada debido a que los titulares de dichos organismos se encuentran limitados desde su nacimiento, ya que son elegidos por el poder legislativo y supeditados al gobierno estatal, y a quienes terminan respondiendo por sus interés políticos, más que en nombre de la rendición de cuentas.

En 2013, sólo ocho gobernadores habían divulgado su declaración patrimonial, ya que el resto no están obligados por la ley a hacer pública la información. En cuanto al ejercicio del presupuesto, algunos mandatarios han aprovechado las ventajas de la ley para no sólo gastar de manera discrecional sino también endeudar a sus entidades, uno de los casos más significativos es Coahuila, durante la gestión del priista Humberto Moreira Valdés (2005-211), quien dejó una deuda por 34 mil millones de pesos y aunque la sociedad civil e integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) han pedido que se investigue y se ejercite acción penal contra el ex mandatario y los responsables, el gobierno de Coahuila reservó parte de la información desde el 7 de abril de 2014, como consta en una solicitud de transparencia con el expediente 067800006314.

Por este caso, sólo se le sigue un proceso en Estados Unidos, al ex Tesorero de Moreira, Javier Villarreal Hernández, por conspiración y lavado de dinero .

Otro caso que está actualmente bajo la lupa es el de César Duarte Jáquez, Gobernador de Chihuahua, quien en 2010 recibió la administración con una deuda de 13 mil millones de pesos. Hoy, tres años después, es de más del doble. Si continúa a ese ritmo, al finalizar su gestión, en 2016, llegará a 41 mil millones de pesos, un monto mayor al que dejó Moreira en Coahuila.

Expertos señalan que los Congresos locales y organismos autónomos de transparencia tendrían que presionar a los mandatarios estatales para que sean más transparentes en cuanto al uso de sus recursos y rendir cuentas, pero, a pesar de que se han dado reformas constitucionales en la materia, la mayoría de las entidades federativas aún carecen de mecanismos para lograrlo.

Aunque el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ya está facultado para ejercer acciones de inconstitucionalidad contra leyes locales y que los organismos estatales de acceso a la información actúen y tengan autonomía sobre el patrimonio e ingresos de estados y gobernadores, los funcionarios siguen refugiándose en la protección legal de sus datos personales.

La falta de mecanismos eficientes ha derivado en el mayor endeudamiento de los estados desde que se tiene registro de sus finanzas (1994).

“La decisión del uso de los recursos se dictamina en el Congreso, Congreso que está controlado por el Gobernador. Entonces, ahí es donde pueden hacer las reasignaciones y donde el propio Gobernador a través de un procedimiento administrativo, seguramente, puede enterar o hacer reasignaciones presupuestales”, señaló a SinEmbargo el Diputado Federal por el Movimiento Ciudadano (MC), Gerardo Villanueva Albarrán.

Información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destaca que la deuda pública de los estados y municipios se duplicó entre 2007 y 2013 al pasar de 186 mil 470 millones de pesos a 482 mil 807.2 millones al cierre del año pasado, su mayor nivel desde que se tiene registro.

Según la SHCP, el saldo de la deuda local al cierre de 2013 representó 2.6 veces más que el monto de 2007 o un incremento nominal de 158.91 por ciento durante la pasada administración.

Con respecto al saldo de 2012, de 434 mil 761.2 millones de pesos, las obligaciones financieras de las entidades federativas y municipios mexicanos registraron un incremento de 11.05 por ciento.

Además, la deuda de estados y municipios como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) representó 3.0 por ciento al cierre del año pasado.

Según el reporte de la dependencia, las cinco entidades más endeudadas en 2013 y que concentran 49.1 por ciento del saldo total son Distrito Federal, con 62 mil 962.5 millones de pesos, y Nuevo León, con 51 mil 911.9 millones de pesos.

Le siguieron Chihuahua con 41 mil 768.2 millones de pesos, Veracruz con 40 mil 923.8 millones, y estado de México con 39 mil 622.3 millones de pesos.

Como proporción del PIB por entidad federativa, las que registraron los niveles más altos al cierre de 2013 son Chihuahua con 9.0 por ciento, Quintana Roo con 7.5, Chiapas con 7.2, Coahuila con 6.8 y Nayarit con 6.1 por ciento.

En contraste, las cinco entidades con menor deuda al cierre del año pasado y que en conjunto representaron sólo 1.60 del saldo total son Tlaxcala, que no presenta endeudamiento, y Campeche con 998.5 millones de pesos. Les siguieron Querétaro con mil 767 millones de pesos, Yucatán con dos mil 478.9 millones, y Baja California Sur con dos mil 483.8 millones de pesos.

En tanto, los estados con menor endeudamiento respecto a su PIB son Tlaxcala con un nulo porcentaje (0.0 por ciento), Campeche con 0.1 por ciento, Querétaro con 0.6, Tabasco con 1.0 por ciento y Yucatán con 1.1 por ciento.

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AUTONOMÍA DE LAS AUDITORÍAS ESTATALES

“Se necesita una política nacional anticorrupción, no sólo federal, sino que llegue a todos los estados de la República y en segundo lugar, un sistema nacional de integridad pública que permita que cada uno de los actores rindan cuentas en un espacio nacional y expliquen qué están haciendo, cómo lo están haciendo y cómo avanzan en la agenda”, aseguró a SinEmbargo Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.

Consideró que las restricciones, en cuanto a la fiscalización, que tienen los estados son muchas, la primera y más difícil de vencer es la autonomía política que deben de tener respecto al Poder Legislativo estatal y respecto a los intereses del Congreso estatal que puede ser otra forma de presión sobre ellos.

“También en muchos casos el proceso está dañado por el perfil de quienes son responsables en estos temas. Por ejemplo, ha habido ocasiones en las que el auditor superior del estado es nombrado después de haber sido Secretario de Finanzas o de Administración, lo que significa que auditará su propia cuenta publica. Esto no sólo ilustra un conflicto de intereses sino que ilustra una condición aberrante de los procesos de fiscalización. Es necesario que el perfil sea que no haya estado en la administración publica reciente o previo a la designación”, observó.

De acuerdo con el último estudio“Auditorías Superiores Locales en México. Evaluación de su normatividad, prácticas y transparencia. Estrategias para una fiscalización con resultados” realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)  y el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara, sobre la evaluación de las prácticas de transparencia en los ejercicios fiscales de las Auditorias Superiores Locales, tres cuartas partes de las entidades federativas obtuvieron una calificación igual o menor a 5 (en una escala del 0 al 10) sobre autonomía de las Entidades de Fiscalización Superior Locales (EFSL).

Dicho ejercicio de la autonomía se basa en la aprobación del reglamento interior de las EFSL, decisión final sobre la determinación de daños y perjuicios a la hacienda pública, inicio de los procedimientos correspondientes de las responsabilidades de servidores públicos, la publicación del informe anual y la aprobación de la cuenta pública.

Únicamente Coahuila, Colima, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas obtuvieron la más alta calificación, mientras que Aguascalientes y Veracruz obtuvieron un cero de calificación en esta materia.

Debido a que la elección de los auditores es a través del Poder Legislativo, al momento de llevar a cabo con sus obligaciones, éstos terminan interviniendo por los intereses de los mismos.

El ordenamiento legal declara a las EFSL como autónomas, sin embargo de 32 entidades federativas, 24 de ellas se ve limitada gracias a “ciertas facultades que tiene la Comisión legislativa responsable de la coordinación parlamentaria con las EFSL o directamente del Congreso”, explicó el estudio del IMCO.

Ricardo Corona Real, Coordinador de Finanzas Públicas del IMCO dijo que “el inconveniente es que si se asigna al titular de la auditoria por el Poder Legislativo, el decisor de estas evaluaciones pierde autonomía”.

Guillermo Noriega Esparza, director general de Sonora Ciudadana e investigador de Fundar, dijo que “los organismos auditores son dependientes del Congreso, y por lo tanto dependientes de los vaivenes políticos. Incluso la administración de las mismas cuentas públicas dependen de ellos”.

También dijo que debido a esto “es muy común, aunque no es propio, que los Congresos como son grupos políticos terminan intercambiando la aprobación de unas cuentas públicas por otras entonces se da una negociación oscura y mal sana”.

Asimismo, el desempeño efectivo de los auditores es la falta de recursos económicos. “Más allá de las limitaciones administrativas que puede generar esta situación, el principal riesgo es que las EFSL no cuenten con autonomía presupuestaria”.

Noriega Esparza dijo que “es justamente esta práctica, la de negociar con la impunidad la que habilita mayor corrupción porque entonces que se apruebe o no una cuenta pública tampoco tiene consecuencias más allá de las que se deberían de tener”.

El estudio también arrojó que es común que los titulares de las Auditorias de Fiscalización Superior terminen su cargo antes de tiempo. En 11 de ellas, el titular ha dejado su cargo por lo menos una vez, dejando la continuidad del plan de trabajo a la deriva.

Actualmente, la mitad de las entidades federativas no cuenta con un servicio fiscalizador de carrera, siendo una debilidad en términos de autonomía porque el servicio de carrera es un mecanismo para reducir la interferencia política.

En el caso de las EFSL de Baja California Sur y Yucatán no cuentan con un portal electrónico propio, siendo esto indicio de que su autonomía de gestión se encuentra limitada, dificultando la publicación de información relacionada con su labor.

“Los gobernadores se adueñaron de los consejos electorales y los institutos electorales, ahora en última instancia es la Auditoría Superior de la Federación la que revisa lo que se asigna a nivel federal a cada entidad. El Distrito Federal es la única entidad que se sostiene en un 48 por ciento de recursos propios, todos los demás: Guerrero, Chiapas, el norte, la Federación les da un 85 y noventa y tantos por ciento de los recursos. Lo importante es que al etiquetar cada entidad federativa la cámara tiene facultades a través de su auditoria superior de hacer una auditoría definitiva obviamente depende de los factores políticos porque la auditoria tampoco tiene el personal para auditar todo el país al 100 por ciento”, dijo el legislador del MC.

TRANSPARENCIA ESTATAL

Las instituciones de auditoría y fiscalización están obligadas a dar un informe, sin embargo el problema es que las hacen públicas hasta que se someten a aprobación por parte del Congreso, lo que provoca un espacio de opacidad al interior del trabajo de fiscalización.

Acerca de transparencia de la fiscalización, el estudio del IMCO estudio arrojó que de las 32 entidades federativas, 14 de ellas obtuvieron una calificación reprobatoria en esta materia.

Los estados que salieron con la calificación más alta en materia de trasparencia fiscal fueron Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Colima, Estado de México, Guerrero y Nayarit, mientras que San Luis Potosí y Tamaulipas obtuvieron cero de calificación.

Acerca de las auditorías, sólo 16 entidades federativas obligan a las EFSL a publicar el programa anual de las mismas, sin embargo sólo seis de ellas publican en sus portales informes específicos, completos y actualizados de las auditorías realizadas a municipios o delegaciones y al gobierno estatal o del Distrito Federal.

Las ESFL tienen como deber realizar y publicar un informe anual de resultados, sin embargo dicha publicación está condicionada a algún tipo de aprobación del poder Legislativo, por lo menos en 14 ordenamientos jurídicos.

Debido a ello, solamente Campeche, que no tiene obligación legal de publicar el informe anual, lo hace, dejando a Nuevo León, Morelos, Tamaulipas, Tlaxcala, Sinaloa y Zacatecas como aquellas entidades que no tienen la obligación legal de publicar el Informe Anual de Actividades.

En el caso de las entidades que sí tienen la obligación legal  y cumple con ella se encuentran el Distrito Federal, Baja California, Sonora, Coahuila, Veracruz, Estado de México.

Mientras que aquellos estados que tienen la obligación pero que no cumplen con ella es Jalisco, Colima, Durango, SLP, Puebla, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Aguascalientes, Yucatán y Baja California Sur.

En el “Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)” el número de auditorias realizadas a las entidades federativas fueron 901, donde 347 estuvieron dedicadas al desempeño financiero, 541 en materia de cumplimiento y 13 dirigidas a inversiones físicas. Dichos cifras ya incluyen gobiernos estatales y municipios.

En México se tienen contabilizados 2 mil 445 municipios y si se toma en cuenta que el número de auditorías son tanto estatales como municipales, no llegan ni a la cuarta parte.

Si durante las auditorias se encuentran anomalías, los organismos auditores tiene las facultad de denunciar al Ministerio Público o a la misma Contraloría, sin embargo estas instituciones difícilmente llegan a esta consecuencias porque los costos políticos son muy altos, además el Ministerio Público también está controlado por el gobierno del estado.

Sobre esto, Guillermo Noriega afirmó que “en caso de haber observaciones o daño patrimonial, aun así el dinero ya se gastó y difícilmente hay una posibilidad de evitar las malas prácticas sobretodo si no van a existir consecuencias”.

Agregó que la auditoría se encuentra limitada a que las consecuencias puedan pasar por la contraloría estatal, “ pero fuera de ahí, los contralores estatales también dependen de las fuerzas políticas y del mismo gobierno del estado. En esa lógica del sistema de fiscalización lo único que hace es permitir la corrupción cada vez mayor.”

En el caso de la utilización de los recursos es una decisión del gobierno del estado como propuesta del ejecutivo, sin embargo la problemática es que a muchos estados no les importa lo que apruebe el Congreso, habiendo una gran discrecionalidad en el ejercicio de los recursos, que pueden ser reasignados de manera opaca, sin que haya una sola consecuencia.

Los gobiernos de las entidades federativas operan un total de mil 927 programas sociales locales, y la mitad de ellos mantiene en la opacidad sus presupuestos y padrones de beneficiarios, lo cual facilita actos irregulares y corrupción de servidores públicos, el uso electoral de los recursos, la discrecionalidad en la asignación de beneficios y la distracción de fondos en fines ajenos a la política social.

Ricardo Corona informó que el problema en las reasignaciones del presupuesto es que la mayoría de los estados no tienen bien definidos los lineamientos que tiene que seguir para hacerlo. “Si únicamente está justificado su uso, el problema es que ese razonamiento no están contenidos ni en la ley, ni en las auditorías como tal.”

El investigador de Fundar dijo que “se pueden desviar recursos destinados a educación a salud o a gasto corriente a viajes sin que exista ninguna repercusión. Esto es una desviación del sistema, así se hace y así se ha hecho pero no por ello está bien. En algunos casos se pide que se reparen los daños pero eso termina siendo que se transfieran recursos de un lado a otro.”

“El sistema tiene que ser formulado y repensado para sacarle a los gobernadores ese poder absoluto de poder negociar con la impunidad en el manejo de los recursos y de la corrupción”, concluyó.