Las viejas casonas características de colonias como la Del Valle o Narvarte —tan solo por mencionar dos de la Benito Juárez afectadas por el esquema de fraude inmobiliario— cedieron su espacio a complejos habitacionales de siete, ocho o más pisos en violación a la norma vigente de uso de suelo.

Se vendió ilusión e ilegalidad a quienes identifican ambas colonias con un estatus mejor o con una probabilidad de inversión rentable, aquello que después sería evidenciado, según las declaraciones de los propios responsables, como delitos de extorsión y fraude.

Además de algunos reportajes, era un secreto local a voces hasta 2021, cuando la explosión por acumulación de gas en un edificio de la colonia Acacias detonó 1) la investigación de la Fiscalía de Justicia demostrativa de entramados de corrupción y riesgos al menos desde 2009, así como 2) reformas penales para tipificar esta conducta.

Como consecuencia del interés del legislativo ante una iniciativa enviada por el Jefe de Gobierno, Martí Batres, el Congreso de la Ciudad de México aprobó adicionar el artículo 276 Quater del Código Penal para definir “corrupción inmobiliaria” y establecer sanciones de 10 a 20 años de prisión.

Este delito es cometido por “el servidor público que por acción u omisión permita o tolere la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales a los autorizados”. Y si obtiene beneficio económico —lo cual en prácticamente todos los casos ocurre— la pena aumenta en una mitad, con lo cual puede alcanzar hasta 30 años de cárcel. Lo mismo aplica para familiares hasta en cuarto grado, socios u otras personas cómplices.

Las normas deben ser dinámicas y la sensibilidad del legislador también. No ocurrió ante las piezas periodísticas publicadas, una de ellas la de Reforma, exhibida por Clara Brugada durante el primer debate rumbo a las elecciones de junio para la Jefatura de Gobierno. Al fin la norma se modificó.

Frente a las evidencias de la red de corrupción de exfuncionarios de la Benito Juárez, la cual incluso tiene en prisión al exdelegado Christian Von Roehrich, resulta tanto fuera de lugar como irrelevante argumentar “motivaciones políticas”.

El mismo exalcalde Santiago Taboada, segundo en las preferencias por la jefatura de gobierno, ha intentado desmarcarse. “No meto las manos al fuego por nadie”, dijo la semana pasada ante estudiantes de la Ibero.

La Secretaría de Desarrollo Económico de CDMX ha contabilizado más de 260 pisos extra en al menos 130 edificios, los ingresos ilegales de exfuncionarios se calculan en más de 7 mil millones de pesos, y van cuatro exservidores públicos sentenciados, dos de ellos, incluso, han devuelto inmuebles por un valor superior a 80 millones de pesos como parte de la reparación del daño.

La corrupción no ha desaparecido en esta administración. El esfuerzo iniciado por Andrés Manuel López Obrador tendrá continuidad garantizada en la prácticamente segura próxima Presidenta, Claudia Sheinbaum. El segundo piso contra la impunidad está en sus manos.

Salvador Guerrero Chiprés

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Salvador Guerrero Chiprés es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra; maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho y en Comunicación por la UNAM. Fue asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, y Comisionado Ciudadano de Transparencia en el InfoDF.

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