Las reformas en materia de educación, competencia económica, fiscal, energética, político-electoral, financiera, entre otras, han sido, para bien o para mal, dependiendo el caso, resultado del extinto Pacto por México y disfrazadas en la LXII legislatura del Congreso de la Unión. Las reformas en algunas materias fueron un avance, pero realmente no son nada sin sus leyes secundarias, esas leyes que estos días se han estado cocinando, por las buenas y por las malas, en las cámaras del poder legislativo.

Los dictámenes de las leyes secundarias deben revisarse con igual o más cuidado que la reforma a las propias leyes principales, ya que les dan sentido, orden, rumbo y regulación a estas últimas. No es un asunto menor, y las cosas deben salir de la manera más adecuada, con legislaciones completas y que atiendan las necesidades actuales de la sociedad.

El periodo ordinario de sesiones está por terminar y los coordinadores y líderes de las principales fuerzas políticas en el Congreso de la Unión (tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados) han debido reunirse para planear una agenda que permita sacar algunas de las leyes pendientes lo antes posible. El acuerdo fue que durante el periodo ordinario que concluye este 30 de abril, se aprueben las leyes en materia de competencia económica y político-electoral (aunque el PAN ya amenazó con posponer la política), y utilizar el periodo extraordinario para poder hacer un análisis más profundo de las leyes en materia energética y de telecomunicaciones. Por lo menos en eso hay un intento de acuerdo. Las cosas deben salir y no solamente en fast track.

El escenario en materia energética y en telecomunicaciones no es muy alentador. Por un lado, podemos predecir la forma en que van a votar los legisladores y el resultado de las mismas, y por otro lado la incertidumbre puede estar en la reacción de las fuerzas políticas que se opongan, de la gente en desacuerdo y más importante, del resultado que tengan dichas decisiones en el andar de la agenda del país.

Particularmente, en el tema de telecomunicaciones, bastante caliente en este momento, difícilmente habrá un acuerdo, ya que tanto la iniciativa del Ejecutivo como el proyecto alterno presentado, no reflejan en su totalidad las necesidades de nuestra sociedad, limitando el derecho de acceso, control del gobierno con facultades de bloquear, inhibir o anular señales de telecomunicaciones en ciertos eventos y lugares que sean críticos para la seguridad pública, y geolocalización e intercepción de llamadas por parte del gobierno. Cuando pienso en esto se me vienen a la cabeza acciones como la del RENAUT, un proyecto fracasado. El gobierno dice estar a favor de la no-censura, pero no es exactamente lo que presentaron. Mientras unos pelean la consideración del acceso a internet como un derecho humano, otros pelean el control y manipulación del mismo, luchando contra la libertad de uso y de expresión. Increíble.

Sobre las leyes en materia de competencia económica y político-electoral, esperaremos la disposición de los legisladores para negociar y aprobar en este periodo ordinario, según lo acordado, o en el extraordinario. Por lo pronto, las semanas siguen corriendo y no tenemos un reglamento de competencia económica. De igual modo, la reforma político-electoral, que fue criticada en algunos puntos en este mismo espacio, urge para que regule los procesos electorales del próximo año.

Los periodos extraordinarios para eso son, para resolver aquellos puntos de la agenda legislativa que por distintas circunstancias quedaron pendientes. Abusar de ellos tampoco es lo mejor. Si bien no sirve de nada sacar reformas al “aventón”, de mucho sí serviría que hubiera disposición para negociar de manera oportuna e informada los temas que están en la mesa, sin necesidad de irlos pateando hasta el último momento.

Por lo pronto a esperar. Que las leyes secundarias salgan, ya sea en el ordinario o en el extraordinario, pero que cumplan y atiendan las necesidades actuales y que fomenten una mejor competencia, participación en los mercados, mayores ingresos, más oportunidades, libertades y transparencia para los usuarios de las telecomunicaciones, procesos electorales transparentes, justos y eficientes, y sistemas regulatorios a la altura de lo que las circunstancias exigen. Que los legisladores hagan lo suyo.

Pablo Ruíz Galindo Covarrubias

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Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Abogado practicante y Escritor.

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