El próximo 5 de julio el Congreso de la Unión celebrará un periodo extraordinario para discutir el polémico artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como la Ley 3de3, la cual obligaba a los empresarios y civiles a presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses en caso de recibir recursos públicos.
Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).- Emilio Gamboa Patrón, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, informó esta tarde que la Comisión Permanente convocará a un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión para el próximo 5 de julio.
El periodo ha sido establecido para discutir las observaciones con respecto al veto presidencial al artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como la Ley 3de3.
El Senador priista aseguró que el Congreso de la Unión sólo tiene la opción de aprobar o rechazar las propuestas del Ejecutivo, cuyo planteamiento propone eliminar el contenido con el que se obliga a los empresarios a presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.
La semana pasada, el Presidente Enrique Peña Nieto devolvió al Congreso el Artículo 32 de la Ley 3de3 por considerar que contiene medidas que podrían afectar el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Debido a ello, la Ley deberá ser discutida nuevamente para hacerle las modificaciones necesarias.
Roberto Gil Zuarth, presidente de la mesa directiva del Senado, explicó que los grupos parlamentarios encabezados por la Comisión Anticorrupción, tendrán la obligación de emitir un nuevo dictamen basado en el análisis de las observaciones hechas por el Presidente de la República.
En cuanto al artículo 29 de la Ley 3de3, que de ser modificado haría obligatorio hacer públicas todas las declaraciones patrimoniales, el panista expresó que los legisladores no tienen la posibilidad de analizarlo ya que no ha sido promulgado por el Ejecutivo y no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación. En consecuencia, “el Congreso de la Unión no puede reformar una materia legislativa que aún no existe… Tendríamos que esperar a que cobre vigencia para reformarlo”.
Asimismo, el Senador perredista Miguel Barbosa confirmó que la bancada de su partido está considerando la posibilidad de abstenerse en la votación. Además, dijo que exigir una declaración patrimonial a las personas físicas y morales que sostengan contratos con el gobierno no tiene aval constitucional.
Algunas organizaciones como México Evalúa acusaron que el Artículo 32 se metió sin discusión previa ni aviso y obligaba a que toda persona física o moral que recibiera recursos públicos tenía que presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, la llamada “3de3”.
Otro de los artículos que causó controversia y que no fue vetado por el Presidente es el 29. El motivo de la indignación por parte de diferentes grupos de la sociedad radica en que deja al criterio de cada funcionario el hecho de publicar sus declaraciones, ya que si considera que hacerlo pondrá en peligro su vida, tiene la facultad de reservar esta información.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas, tal y como fue aprobada en la Cámara de Senadores y ratificada en la de Diputados, protege los intereses de servidores públicos al dar la opción de omitir sus declaraciones, coincidieron diversos analistas.
El 15 de junio de este año, el Senado de la República la aprobó con 94 votos a favor, 23 en contra y menos exigencias para los funcionarios de las que contemplaba la versión original. La Cámara de Diputados la ratificó sin modificaciones.
El dictamen aprobado fue propuesto por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) en abril pasado como una versión diferente a la iniciativa ciudadana presentada para esa legislación, la cual fue respaldada por 634 mil firmas.
La iniciativa respaldada por los ciudadanos proponía definir claramente la corrupción, a partir de 10 tipos de conductas ilegales. Además, buscaba rediseñar el Sistema de Responsabilidades de los servidores públicos y planteaba sanciones a particulares en hechos de corrupción.
El pasado 23 de junio, tras las críticas recibidas por parte de organismos civiles y empresariales, el Presidente Enrique Peña Nieto decidió vetar el Artículo 32 de la llamada Ley 3de3.
