El primer mandatario del país cerró su comparecencia ante los familiares de los normalistas de Ayotzinapa con un viaje fuera del país. Antes lo hizo ante el caso de la casa blanca y la fuga de “El Chapo”. Así como una presencia tiene significado, una ausencia también lo tiene.
Sin embargo, estos vacíos no son el principal problema de Los Pinos ni de los gobiernos estatales o municipales del país. Es la falta de credibilidad, que lleva a la desconfianza. No importa qué declaraciones se emitan sobre los temas que más le duelen a México, el pueblo ya no las cree. Por eso, y no por otra razón, es que se tomó como simples palabras la afirmación de que Peña Nieto y los deudos de Ayotzinapa están del mismo lado. Atole con el dedo.
Las promesas hechas ante los familiares de los 43 jóvenes normalistas se desinflan porque son antecedidas por muchas promesas incumplidas, llegando a descalificar la creación de una Fiscalía Especial para las Personas Desaparecidas, que consideran un retroceso. Ya sabemos de esas fiscalías, que le apuestan al desgaste y al olvido.
Las responsables de encontrar la verdad sobre esos hechos, que son las autoridades, han llegado al extremo de asegurar que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-CIDH) no tiene valor, cuando en principio contó con la anuencia oficial para investigar. Pero cuando el informativo The Guardian publicó que el verdadero objetivo del ataque en Iguala no eran los normalistas, sino el autobús en el que viajaban –afirmación basada en que los investigadores tenían evidencia reunida de que la policía atacó a los estudiantes por cuidar un cargamento de droga–, los expertos perdieron el respaldo gubernamental.
Los padres de los normalistas desaparecidos avisaron, al término de su reunión del jueves con Peña Nieto, que no se darán por vencidos. “Seremos su piedra en el zapato”, dijeron. A estas alturas, que alguna voz oficial aceptara la responsabilidad de funcionarios públicos en estos hechos, sería empoderar al pueblo. Eso es lo que pedía Adrián Ramírez, director de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos: que a Peña Nieto “nada le quitaba” aceptar que su gobierno no prevenir ni para investigar los hechos. Pero eso les aterra.
Ese es el peor enemigo que tiene el gobierno de México: su falta de credibilidad. La han dilapidado como si fuera inagotable, gota a gota se llena el vaso, hasta que se derrama. Cada nuevo abuso de poder abona al descontento del pueblo, y aunque sus reclamos no logran una enmienda inmediata, las afrentas se van sumando. Algunas se olvidarán, pasarán a ser temas del recuerdo en pláticas futuras, pero otras quedan ahí.
No hay uno solo de los casos que más le duelen al país, reconocidos a nivel internacional, que haya sido satisfactoriamente esclarecido. Los enemigos del régimen –jamás los cercanos– son los que siempre terminan en el exilio o las cárceles. Los señalamientos que se hacen aquí o en el extranjero son rápida, hábilmente etiquetados de falsos y luego publicados obsesivamente en los medios; lo mismo los descargos de culpa, cuando se trata de los cuates.
¿Cómo creer entonces, por ejemplo, los resultados oficiales de las votaciones? ¿Cómo creer que en México hay democracia? ¿Y los índices económicos, o los de pobreza,… vaya: hasta las cifras oficiales sobre la inflación, analfabetismo, obesidad, todas son mentiras burdas.
