Es poco dinero. Incluso, da vergüenza reclamarlo. Por ello, en México, los fraudes en servicios son poco denunciados. Esta ausencia de cultura, dicen defensores del consumidor, los ha permitido con holgura como en ningún otro país

Enrique necesitaba dinero para pagar la renta. Vencía el mes. Cuando fue al cajero, su cuenta sólo contaba con 63 pesos. Volvió a revisar, pero la cantidad era la misma. Al día siguiente se presentó a Banamex, donde fue cliente durante dos años, y notificó su caso. Eso fue en 2009, pero hasta el día de hoy sus más de ocho mil pesos no regresaron, ni el banco respondió.

Rosario se percató que en su recibo de teléfono venían llamadas a provincia que no realizó. Tan segura estaba, como de que vivía sola y nadie más ocupaba su línea telefónica. Llamó para pedir una aclaración. Tuvo que pagar más de 200 pesos extra, y aunque no volvieron a aparecer esas llamadas, Telmex no le bonificó aquella cantidad. Al poco tiempo cambió de compañía.

Luis perdió 100 pesos en tarjetas Movistar. Un día llegó un mensaje donde le decían que ganó un premio. Llamó al número que venía en el mensaje de texto donde le indicaron que tenía que depositar esa cantidad en crédito para que pudieran liberarle el premio. Lo hizo. Al poco rato supo que su premio era un auto. Aunque la sospecha comenzó: le pedían que se comunicara a otro a teléfono. Ahí le indicaron que depositara 100 pesos del impuesto que Hacienda les cobra. En un pequeño instante de emoción perdió el dinero.

El caso de Daniel Gershenson, co-fundador de la asociación civil Al consumidor y defensor de los consumidores en México, tampoco se salvó. Encontró en su recibo de teléfono una suscripción al Equipo América. “A mí no me gusta el fútbol, por supuesto que nunca adquirí dicha suscripción”, cuenta el activista, quien enseguida exigió a la compañía que “me quitaran esa supuesta suscripción, que a muchos les ha de llegar, pero como en México vivimos en la cultura de la dejadez, no nos damos cuenta cuando nos hacen fraudes. O, incluso, nos percatamos pero como son unos cuantos pesos, no hacemos nada. Si juntamos todo ese dinero, son cifras millonarias para estas empresas fraudulentas”.

Adriana Labardini,  abogada y correligionaria de Daniel Gershenson, directora de Al consumidor, hace unos días fue a un cajero de Scotiabank en Santa Fe. Aunque se percató que el cajero automático estaba un tanto viejo y las condiciones del lugar tampoco eran tan adecuadas, jamás se imaginó que al teclear la cantidad que requería, lo único que obtuvo fue el recibo con la cantidad solicitada, pero sin el dinero.

Tomó fotos y video. Aquello no lo podía creer. “¿Cómo comprobar que en efecto no recibí mi dinero? Llevo 30 años como clienta de este banco. Me atendieron en la Unidad de Atención Especializada, que es VIP. Me aseguraron que me iban a llamar, pero no fue así. Yo, que soy de una asociación civil me pasó esto, ¿cómo será con alguien que no tiene medios o conocimiento para defender su derecho a reclamar el fraude?”, pregunta entre indignada y sorprendida.

Los casos expuestos son algunos de los más comunes en México. Ofertas que no se cumplen. Comisiones de bancos que no venían previstos en el contrato. Tarjetas de crédito que no fueron solicitadas y que hoy piden pagar las multas por adeudo. Servicios en telecomunicaciones deficientes. Aumento en tarifas de luz. Hasta grandes millones de pesos, como es el caso de José Luis Rojo y Arabi.

Él, quien preside la asociación civil Robos Bancarios, fue víctima de un robo cibernético por casi 11 millones de pesos. Realizó una transacción vía electrónica, y cuando se percató, el dinero desapareció. Entonces cliente distinguido en Bancomer, hasta  hoy, y luego de meses de investigación y pérdida de dinero, no recuperó el monto robado.

“Son los llamados robos bancarios. Tan comunes en México y que ahora roban en cantidades menores, a empleados de empresas que no podrán defenderse porque no tienen los recursos”, dice Rojo y Arabi.

Fraude, es la palabra con la que José Luis Rojo denomina estas acciones. Aunque Adriana Labardini, como abogada que es, conceptualiza con precisión: “Fraude es cuando se obtiene lucro a base de engaño. El término es bastante complejo, por eso hay que ver los casos a detalle”.

LOS FRAUDES SIN RESOLVER

Ejemplos de fraude hay muchos. Adriana Labardini recuerda, entre varios, uno que aún no se responde en su totalidad. Se trata del caso SITMA Grupo Inmobiliario, quien desde principios de 2009 obtuvo ahorros del público a través de servicios financieros de inversión. Ofertaba intereses con cantidades atractivas. SITMA elaboró contratos de inversión para compraventa de bienes inmuebles en Puebla y en 11 entidades más.

“Te vendía casas y desarrollos inmobiliarios. Para comprar un inmueble adelantabas el pago. Pero no era poco dinero, de 100 a 500 pesos, mientras ellos pagaban un interés bastante atractivo. Pero SITMA ya no pudo pagar y miles quedaron defraudados”, cuenta la directora de Al consumidor, quien en mayo de 2011 recibió una carta de un grupo de defraudados en el Estado de México que solicitaba su ayuda.

Tan sólo en Puebla casi seis mil 524 personas fueron afectadas por SITMA. Un estimado del monto en esta entidad asciende a los 826 millones de pesos. Añádase a la lista aproximadamente otras mil personas de los otros estados. En la misiva que los defraudados enviaron a Adriana Labardini, ellos reconocen:

Labardini Inzunza advierte que SITMA recibió apoyo publicitario de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef). “Están los videos donde la Condusef respalda a esta empresa. Todo mundo en Puebla supo que SITMA financió el gobierno de Mario Marín Torres. La PGR tampoco respondió del todo”, puntualiza la abogada.

Y es que la PGR se ufanó en mayo de 2011 cuando aprehendieron a Leonardo Tiro Moranchel, ex administrador de SITMA y a otros socios implicados. Lo que parecía una solución, en realidad sólo fue una respuesta a medias. En septiembre de este año la Fiscalía Especializada en Delitos Financieros de la Procuraduría General de Justicia de Puebla anunció que la reparación del daño será en bienes en inmuebles y no en efectivo. Por lo que muchos defraudados obtendrían terrenos pero no las casas por las que invirtieron, ni tampoco el dinero con el que SITMA se benefició.

“Este caso lo supo la Profeco y ahí pudieron hacer acciones colectivas, pero no hicieron nada. Y sí era de su competencia porque SITMA era una empresa no un banco. En la Profeco hay abogados paralíticos, que no ejercen acción penal contra las empresas”, afirma Adriana Labardini. Cabe mencionar que este medio pidió entrevista con algún funcionario de la Profeco, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Para Daniel Gershenson, la Profeco no es una procuraduría como tal: “No está diseñada para solucionar problemas de fondo. Sólo concilia, pero en realidad no ejerce nada contra las empresas fraudulentas en el país”.

RELACIONES PELIGROSAS

Otro ejemplo del ostracismo de la Profeco se manifestó junio de 2011, cuando se dio a conocer que había más de 62 quejas por parte de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Reportaban cobros excesivos. Sin embargo la Profeco no citó a nadie del personal de la paraestatal.

También Petróleos Mexicanos (Pemex) es investigado por la Secretaría de la Función Pública, desde principios de noviembre, por supuestos fraudes que superan los mil 80 millones de pesos. La ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas presentó evidencias donde Pemex es infiltrada por empresas “patito” fraudulentas, además de otras que en complicidad con compañías extranjeras obtienen beneficios económicos.

El activista Daniel Gershenson asevera que sólo empresas de gobierno como la CFE y Pemex pueden ser demandadas e investigadas porque son prestadoras de servicio. “Pero el gobierno en general se salvó de la posibilidad de ser demandado. Sobre todo porque sus consentidas son las empresas que hacen lo que quieren con los consumidores en este país”.

El representante de Robos Bancarios, José Luis Rojo, también critica las funciones de la Condusef. “¿Cómo una institución que tiene como jefes y amigos a los banqueros va a atentar con ellos? Muchas de las quejas de los usuarios de banco quedan sin resolver porque la Condusef sólo responde que no es su competencia y ahí se queda todo”.

Rojo y Arabi quien atiende miles de fraudes bancarios está claro en que detrás de estos delitos están los propios dueños de los bancos, “que viven bajo el amparo de los gobiernos”. Advierte que en un principio, los robos de transacciones bancarias por la red eran a partir de millones de pesos, “pero hoy son los clientes que reciben su pago en su tarjeta de crédito. Cuando van a cobrar, no hay nada. Varía el robo de 500 hasta 10 mil pesos. Los clientes usuarios están desprotegidos porque los empresarios tienen recursos para apelar al fraude”, dice.

Respecto a la Condusef, Adriana Labardini cree que esta institución cuenta con una excelente información financiera, “pero con eso no se resuelven los casos de personas defraudadas por los bancos. Hay que decirlo: la banca en México gana un gran porcentaje de dinero  a base de abusos a sus cuentahabientes”.

Aunque Daniel Gershenson pone el dedo en la yaga: “En ningún país, como en México, los bancos se enriquecen tanto con las altas comisiones y cobros por servicios. Ellos resuelven a través de un sinfín de fraudes la crisis económica en el mundo”, y la directora general de Al consumidor lo remata con un ejemplo:

“Un caso que es muy recurrente es que los bancos te cobren un seguro que no pediste. Cuando les pides la póliza, ellos se niegan a dártela. Este es un fraude que va en aumento, porque aunque te quiten ese seguro, lo que pagaste anteriormente no te lo devuelven o bonifican”, señala.

José Luis Rojo también añade a la lista de fraudes una modalidad poco atendida: los seguros de vida. Aduce que mucha gente compra estos seguros, a veces en cientos de miles de pesos, pero al morir, puede que nadie sepa de dicho dinero y sean las propias empresas aseguradoras quienes se queden con el monto total. “Esto sucede porque no hay un registro de beneficiarios de seguros. Está en el limbo”, agrega Labardini Inzunza.

ACCIONES COLECTIVAS

Aunque pareciera un sueño, Daniel Gershenson todavía recuerda que en Estados Unidos, donde entonces residía, recibió a su domicilio un cheque con más de 70 dólares por un abuso del banco a su tarjeta de crédito. Era una bonificación que el propio Daniel no había solicitado. Sorprendido por aquel dinero, supo que en Estados Unidos los abusos a consumidores se colectivizan.

En Estados Unidos se le conoce como class actions o acciones colectivas. Se trata de una herramienta jurídica que se utiliza para consolidar múltiples esferas vulnerables al abuso y al fraude sistemático. En Colombia, por ejemplo, las acciones colectivas llevan más de 30 años, lo que ha generado más seguridad en los consumidores, quienes encuentran protección.

Las acciones colectivas, principalmente, permiten que un grupo de personas recurran ante el poder judicial para emprender un proceso contra algún abuso o fraude cometido por una empresa o banco. Si el juez certifica este delito, no sólo multa a la empresa y hace que ésta bonifique su error a las personas que interpusieron demanda o queja, sino que miles o millones que estén en el mismo caso, aun sin saber de su situación, también salgan beneficiadas. Tal fue el caso de Daniel Gershenson y su cheque de 70 dólares por parte de su banco. “Esto también genera que las empresas no incurran en tantos fraudes porque al final tienen que pagar mucho más de lo que obtienen con los abusos”, aclara Gershenson.

Sin embargo, en México las acciones colectivas entraron en vigor a partir de julio de 2010, aunque para Daniel Gershenson esta ley no protege del todo al consumidor: “El problema es que las empresas, que en otros países tienen que cuadrarse, aquí se opusieron a las acciones colectivas. La Asociación de Bancos de México y el Consejo Coordinador Empresarial tuvieron mucho que ver en esto”, asegura el especialista.

Dicha Ley sólo contempla tres puntos de otros tantos que quedaron en el tintero: daños a consumidores y usuarios de bienes y servicios, daños al medio ambiente y competencia económica. La regulación establece un mínimo de 30 personas o a través de una asociación civil legalmente constituida para formar la colectividad. Para que la acción procede se necesita que haya un juicio previo, además de un plazo no mayor a tres años, si no resulta improcedente.

“En México se minimizó el impacto de estas acciones colectivas. Para ser parte de este grupo necesitas inscribirte y otra disposición, que me parece más una traba, es que la persona que interponga su queja o demanda debe hacerlo ante el Tribunal Federal donde está domiciliada la empresa o banco. Es decir, que si vives en Chiapas, por ejemplo, y la empresa está en Monterrey, tienes que ir hasta allá para hacer todo el trámite. Es decir, si tienes un fraude por 300 pesos, por ejemplo, no lo harás porque te sale más caro. Sólo unos cuantos lo hacemos porque tenemos los recursos en nuestras organizaciones. Entonces las acciones colectivas aún están a años luz en México, a diferencia de otros países”.

Para que Enrique, Rosario y Luis puedan recuperar su dinero y beneficiar a otros más, que están en la misma situación, los pasos a seguir serán lentos y hasta costosos. Por eso Adriana Labardini considera que en México los consumidores viven desprotegidos. “La gente que no tiene recursos es casi imposible que vayan a los tribunales a exigir sus derechos. No hay las condiciones para lograrlo”, explica.

Sin embargo, José Luis Rojo y Arabi está seguro que con información y organización “es posible que se haya presión y las cosas cambien. Los mexicanos tenemos que aprender a defender nuestros derechos, pero es necesario saber cuáles son esos derechos y cómo ejercerlos. Aprender que quienes hacen sus fortunas con nuestro dinero, a base de fraudes, deben pagar sus delitos”, puntualiza.