Este Viernes Santo, el día de asueto donde la mayoría descansa incluso de los noticiarios, se publica en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo presidencial por el cual se “agrupa” al Instituto Mexicano de la Juventud y al Consejo para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); es decir, desaparecen ambas entidades como organismos públicos descentralizados (OPD) y sus funciones son asumidas por dicha secretaría.
En el acuerdo se justifica que la decisión fue tomada “a fin de dar congruencia a los programas y políticas públicas en materia de desarrollo social en relación con los jóvenes y la inclusión de las personas con discapacidad y, toda vez que el Instituto Mexicano de la Juventud y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad son entidades paraestatales cuyo objeto y funciones están vinculadas con el ámbito de competencia de la Secretaría de Desarrollo Social”, cuya titular es Rosario Robles.
En lo que se refiere a Conadis, desde 2005 y hasta diciembre de 2012 estuvo en la esfera de la Secretaría de Salud. Aunque en términos presupuestales, quedó fuera de dicha dependencia desde 2012 pues la Ley de Discapacidad aprobada en 2011 ordenaba la conformación del Conadis como organismo público autónomo, pero sin una etapa de transición que le diera soporte con recursos públicos.
El acuerdo hace referencia a una de las primeras acciones de gobierno de Enrique Peña Nieto cuando el pasado 2 de enero emitió un decreto para cambiar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a fin de que el Imjuve, el Conadis y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) quedaran adscritos a la Secretaría de Desarrollo Social como cabeza de sector. También iba en el mismo paquete el Instituto Nacional de las Mujeres, pero ellas no se dejaron; manifestaron su inconformidad y lograron que la Secretaria Rosario Robles interviniera para que el Inmujeres quedara fuera del decreto.
De modo que la desaparición de Conadis e Imjuve como OPD sería consecuencia lógica de dicho decreto. Cabe precisar que en este acuerdo no se menciona a Conapred, por lo que queda pendiente conocer cómo será la integración de dicho organismo en el ámbito de Sedesol.
En el acuerdo no hay mayor información sobre qué jerarquía tendrán los temas de atención a la población con discapacidad y a la juventud dentro de la Sedesol, sólo se señala que ésta “asume las facultades y atribuciones de los organismos públicos descentralizados”.
En lo que respecta a las atribuciones del Conadis, son: “establecer la política pública para las personas con discapacidad, mediante la coordinación institucional e interinstitucional, así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y el sector privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas en la materia”.
El acuerdo establece que la Sedesol va a llevar a cabo la integración de la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud y de la Junta de Gobierno del Conadis. Hay que recordar que según la ley vigente, en la Junta de Gobierno deben participar los titulares de Educación, Trabajo, Salud, Comunicaciones y Transportes, Relaciones Exteriores, Hacienda, la propia Sedesol, Conapred y el DIF, así como cinco integrantes de la Asamblea Consultiva (el organismo en el que participaría la sociedad civil).
Surgen muchas dudas con esta decisión presidencial: ¿seguirá habiendo Asamblea Consultiva?, ¿qué participación podrá tener la sociedad civil en el nuevo esquema?, ¿qué rango tendrá el tema en la Secretaría?, ¿la “agrupación” implica crear una subsecretaría de atención a la discapacidad o quedará en dirección general?
El decreto del 2 de enero que dio lugar a estos cambios tenía el propósito, según sus proponentes, de dar mayor relevancia a temas que, atendidos por organismos descentralizados, quedaban dispersos y al margen de los grandes temas atendidos por las secretarías de Estado. Sin embargo, este argumento no fue comprado por las organizaciones civiles vinculadas al tema de género y derechos de las mujeres, para quienes este cambio significaba en los hechos bajarle el perfil. Ojalá no sea el caso para los temas de atención a los jóvenes y a la población con discapacidad, ambos sectores muy golpeados por la falta de desarrollo económico.
En lo que hemos insistido en este espacio es en que el Estado mexicano tiene una deuda histórica con la población con discapacidad, por lo que es inaceptable seguir retrasando los cambios que deben ocurrir para que en México se cumplan los derechos de este sector.
Esperamos que los servidores públicos, en cumplimiento de su principal atribución, servir, vayan despejando estas y otras dudas, con toda transparencia y, de preferencia, en días en que la atención no esté tan dispersa.
