Por Jaime Hernández, especial para SinEmbargo

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo/Pulso).- ¿Qué tienen en común un abarrotero, una empresa que vende aparatos eléctricos, una agencia de publicidad, una editorial, una compañía cuyo rubro principal es la venta de telas y una ferretera? Que todas están en el Distrito Federal y que, en 2013, cobraron al gobierno de San Luis Potosí casi 20 millones de pesos, provenientes del Programa Nacional de Prevención del Delito, en “servicios de consultoría especializada” en esa materia, solicitados por la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

En los contratos que la Oficialía Mayor del gobierno potosino firmó con siete empresas de la capital de la República, datos de directorios de negocios y documentos sobre adquisiciones de dependencias federales y de otros estados, Pulso detectó la multiplicidad de giros de los proveedores contratados por el gobierno de Fernando Toranzo Fernández, ninguno de los cuales coincide con el propósito especializado requerido por la SSP.

De acuerdo a los documentos, todos los servicios fueron solicitados por el titular de la SSP, Joel Melgar Arredondo entre el 23 y el 28 de agosto del año pasado y firmados por el director general de Adquisiciones de la Oficialía Mayor, Benito López Lara. Y, sin excepciones, todos fueron firmados en la misma fecha, el cinco de septiembre de 2013.

En todos los casos, las empresas se beneficiaron con el seguro método de la adjudicación directa. Asimismo, todas las compañías involucradas carecen de página de internet que las identifiquen.

Las operaciones registradas también comparten otra característica: obtuvieron el visto bueno de la Auditoría Superior del Estado, que en su reporte de la cuenta pública del año pasado encontró justificados los argumentos ofrecidos por la Oficialía Mayor para exentar las compras del proceso de licitación que apuntaban que los proveedores tenían “la exclusividad” sobre estos servicios.

LOS CONTRATOS

El contrato de mayor monto es el DGA-CAASPE-co118-AD-026-13, firmado entre la Oficialía Mayor y la empresa Fernández Educación SA de CV, una editorial con sede en la colonia Xoco, del DF, que cobró 6.2 millones de pesos.

Según Compranet, el portal especializado de proveedores y licitaciones del gobierno federal, su objeto social es la elaboración y comercialización de libros, diccionarios y obras editoriales. En el sistema aparecen operaciones con la SEP y algunos gobiernos estatales.

En San Luis, sin embargo, la empresa estrenó su faceta de asesora especializada en seguridad, pues vendió servicios de consultoría en “la prevención del delito desarrollando soluciones que permitan resolver problemas complejos y que puedan tener un alto impacto social a través de talleres”.

Estos talleres, de acuerdo con el contrato, se ofrecerían a niños, adolescentes y mujeres de varios municipios del estado para prevenir el uso de drogas, el bullying y la violencia intrafamiliar.

El contrato DGA-CAASPE-co241-AD-47-13 garantizó, también por la vía de adjudicación directa, a la empresa Gurmy S.A. de C.V. el pago de 3.7 millones de pesos por servicios “especializados” en seguridad, destinados a la reactivación de espacios a través de la creación de talleres de teatro, la proyección de películas, clases de danzón y ritmos latinos y hasta enseñanza de artes circenses

Estas actividades contrastan con el rubro principal de esta empresa que ofrece el directorio digital pek.com: “comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneos”. Además, Compranet revela que ha vendido miles de metros de tela a la secretaría de Marina y al IMSS.

Mar Comunicación Integral, empresa también capitalina, firmó el contrato de adjudicación directa DGA-CAASPE-co231-AD-47-13, por 2.6 millones de pesos, también por “consultoría especializada”. Su labor consistió en la creación de “redes sociales de prevención de la violencia y delitos contra las mujeres” en el municipio capitalino y en Valles.

De sus trabajos previos de esta “agencia de anuncios publicitarios”, como la define Compranet, se tuvo constancia de la elaboración de un programa de cómputo para la SEP y la creación de la identidad gráfica del segundo informe de gobierno del Alcalde de Naucalpan, Estado de México.

Por su parte, Nikservi S.A. de C.V. resultó ser una empresa capitaina muy versátil. Lo mismo le vende purificadores de combustible a la Marina, que material eléctrico al Instituto de Investigaciones Eléctricas. Su giro, según el gobierno de Jalisco, es el comercio pormenorizado de refacciones vehiculares. Al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec le ha vendido herramientas.

Al gobierno potosino, gracias al contrato directo DGA-CAASPE-co239-AD-47-13, por 2.4 millones de pesos, le vendió un “sistema integral multimedios” con “campañas preventivas, talleres y clases, en el marco de desplegar una cultura de “acupuntura social”.

La SSP necesitaba una estrategia para fomentar la cultura deportiva en Valles, a través de un centro de juegos infantiles y otro deportivo. Para elaborarla, contrató a la empresa Representaciones OWL, de Iztapalapa. Para ello, la Oficialía Mayor firmó el contrato DGA-CAASPE-co236-AD-47-13, de adjudicación directa.

Podría ser su primera experiencia en este rubro, pues la compañía tiene antecedentes de venta de refacciones para automotores al gobierno de Jalisco. También podría ser un modelo de eficiencia, pues, según el portal mexiquo.com, el representante legal de esa empresa, Oswaldo Reyes Limón maneja además una distribuidora de abarrotes, ultramarinos hielo y tabaco desde una humilde vivienda que no presenta razón social alguna y que sólo cuenta con tres trabajadores.

Hit-Hat S.A. de C.V., ubicada en la colonia Del Valle del DF, obtuvo el contrato DGA-CAASPE-co237-AD-47-13, también por adjudicación directa, para proporcionar asesoría sobre el desarrollo torneos de Street soccer y recuperar plazas y jardines aquí en la capital del estado.

No fue el primer contrato que tuvo con autoridades potosinas. En julio de 2013, la empresa le vendió a la Secretaría de Finanzas una pistola de aire, una fuente de poder para computadoras y un disco duro. Finalmente, Enlaces Comerciales Macott obtuvo el contrato de asesoría menos cuantioso, por 754 mil pesos, aunque de manera directa.

Aunque sus actividades principales, según Compranet, están en el sector textil, de mobiliario, equipo médico y de oficina, la SSP requirió de ella asesoría para “fomentar una cultura de la prevención de accidentes asociados al consumo de bebidas alcohólicas” en Valles.

Además de que fueron adjudicados de manera directa a empresas de rubros que no encajan con sus propósitos, los contratos tienen otros puntos en común. Para contribuir a la falta de transparencia de las operaciones, ninguna de las empresas involucradas tiene una página web que establezca cuál es su rubro principal.