Durante los primeros días de septiembre, un Juez federal otorgó una suspensión provisional a Néstor Moreno, ex director de Operaciones de la CFE en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, para evitar que la Fiscalía General de la República aplique una orden de reaprehensión en su contra.
Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- Luego de un litigio que duró más de 10 años, finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la puerta para Néstor Félix Moreno Díaz, ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cumpla una condena de ocho años de prisión por enriquecimiento ilícito por un monto de 36 millones de pesos, reveló el diario Milenio.
Según un reportaje firmado por el periodista Rubén Mosso, la Suprema Corte desechó un recurso de revisión interpuesto por el ex funcionario para que se revisará la redacción del delito de enriquecimiento ilícito, mismo que fue desechado ya que su caso “no reviste el carácter de importancia y trascendencia”.
La defensa de Moreno Díaz argumentó que hubo temas de constitucionalidad que no fueron revisados por el Tribunal que confirmó su sentencia, por lo que era necesario que la SCJN emitiera un pronunciamiento al respecto.
Durante los primeros días de septiembre de este año, un Juez federal otorgó una suspensión provisional a Néstor Moreno, ex director de Operaciones de la CFE en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, para evitar que la Fiscalía General de la República aplique una orden de reaprehensión en su contra.
El Juez Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal admitió la demanda de garantías que impedía que fuera llevado a prisión hasta que se resolviera si se le concede la suspensión definitiva. En aquella ocasión se anunció que Moreno Díaz buscaría llevar su caso ante la Suprema Corte.
Moreno tenía pendiente dicho recurso de revisión ante la SCJN, únicamente para revisar la constitucionalidad de la redacción del delito de enriquecimiento ilícito, no para revisar los hechos de la acusación que la entonces Procuraduría General de Justicia (PGR) le aplicó en 2011, lo que le valió ser llevado por primera vez al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.
LOS PASOS POR LA CÁRCEL
Moreno Díaz estuvo preso desde 2011 en el Reclusorio Oriente bajo los cargos de enriquecimiento ilícito y soborno. Sin embargo salió a los ocho meses tras pagar una fianza.
De acuerdo con una investigación realizada por el Gobierno de Estados Unidos en 2010, Moreno recibió millones de dólares en sobornos por parte de la empresa suiza ABB Ltd para obtener contratos por más de 100 millones de dólares México, mismo sistema con el que operó en Irak.
Entre 1999 y 2004, la subsidiaria ABB Network Managment sobornó a funcionarios mexicanos de la CFE y también de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
Luego, el 9 de abril de 2012, fue ingresado nuevamente al Reclusorio Oriente tras cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito.
El 14 de marzo de 2017, Héctor Moreno recibió ocho años de prisión por enriquecimiento ilícito por poco más de 36 millones de pesos.
El Juzgado Decimosegundo de Procesos Penales Federales le impuso otras sanciones como la inhabilitación por ocho años y un mes para desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos, además del pago de una multa por 31 mil 315 pesos.
A Moreno Díaz se le incautaron los bienes cuya procedencia no logró acreditar. Entre éstos se hallaron diversas cuentas de origen no identificado por 7 millones 694 mil 441 de pesos; un terreno en Ensenada, Baja California, con valor de 416 mil 145 pesos; un Jeep, modelo 2009 valuado en 57 mil 400; otro Audi, modelo 2003, de 212 mil 732 pesos; una camioneta Lobo, modelo 2005, de 359 mil 800; y un Nissan, modelo 2003, por 104 mil 400; pagos a tarjeta de crédito de Estados Unidos por 1 millón 785 mil 012 pesos; un yate con valor de 22 millones 125 mil 168 pesos y un Ferrari Spider, por un monto de 3 millones 258 mil 279 pesos.
El Juez federal señaló entonces que quedó registrado que entre enero de 2001 y el 27 de octubre de 2010, el sentenciado tuvo como única fuente de ingresos su sueldo con motivo de los cargos que desempeñó en la CFE por los que percibió 21 millones 51 mil 887 pesos.
De acuerdo con el Consejo de Judicatura Federal se demostró que en dicho periodo, el sentenciado incrementó ilícitamente su patrimonio de forma desproporcionada por un total de 36 millones 013 mil 379 pesos, con bienes de origen distinto a los ingresos que recibió como funcionario público sin demostrar su licitud.
