El Artículo 87 Constitucional dicta en su primer párrafo que el presidente, al tomar posesión de su cargo, debe recitar: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la Republica que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión, y si así no lo hiciere que la nación me lo demande”. Así mismo, el artículo 28 expone puntualmente en su párrafo cuarto que “No constituirán monopolios las funciones que el estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad (…)”, con el fin expreso de que el Estado protegerá la seguridad y la soberanía de la nación.

Cito lo anterior, porque me parece ilegítimo que una reforma pretenda “poner fin a 75 años de monopolio petrolero”, como interpretó Bloomberg, siendo ésta una propuesta que viola incuestionablemente la Constitución.

Ejes estratégicos de la propuesta

La iniciativa de reforma propuesta por EPN se funda en seis ejes estratégicos: fortalecimiento del papel de Estado como rector de la industria petrolera, crecimiento económico, desarrollo incluyente, seguridad energética, transparencia y sustentabilidad y protección del medio ambiente.

El primero alude a “nuevas herramientas” y a una “prudente administración”. Más adelante, en la página 11 de su iniciativa, expone que las reformas consisten en “eliminar la prohibición de que el Estado celebre contratos para la explotación de hidrocarburos” (Propuesta de Reforma, apartado a). Considerando lo declarado en la ya famosa visita de Peña al Financial Times, estos “cambios constitucionales necesarios para darle certeza a los inversionistas privados” (“the constitutional changes needed to give private investors certainty”) son los “contratos con particulares” que quiere incorporar al artículo 27, condicionante de grandes petroleras como Exxon Mobil y Royal Dutch Shell para invertir en México. No veo como esto puede brindarle fortaleza al Estado.

Cuando sustenta su iniciativa de decreto en el “crecimiento económico”, habría que recordarle el mediocre dato del primer trimestre del año de su incipiente sexenio: 0.8%. Lo que sí ha crecido es el descontento y rechazo de su ejercicio como la reforma educativa, o el que haya celebrado la aprobación de la reforma laboral de Calderón (que está desembocando en aumentos de desocupación e informalidad). Desde un enfoque holístico es indudable que dichas modificaciones constitucionales reflejan la obstinada continuidad del proyecto neoliberal, cuyas esquirlas han sido desastrosas a nivel socioeconómico, jurídico-político, ideológico y ambiental.

Me resulta desorientada su idea de “desarrollo incluyente”, que busca “democratizar la productividad y la calidad de vida” (así lo escribió en la primera página), mientras se vale expresamente del pacto por México, firmado por una oligárquica cúpula política que obviamente no representa a la Res Publica, para garantizar modificaciones constitucionales en cualquier ámbito (educativo, energético, hacendario, etc.).

¿”Seguridad energética”?

Si se plantea abrir Pemex a la inversión privada y a empresas como Exxon Mobil (estadounidense) y Royal Dutch Shell (anglo-holandesa), yo le recordaría (como recordó en 2008 Luis Javier Garrido, investigador de la UNAM) que la doctrina de seguridad de Estados Unidos  redefinida por George W. Bush “establece claramente que Washington se arroga el derecho de intervenir militarmente en los países donde tiene intereses petroleros”. La energía es un recurso geoestratégico. La seguridad energética, a mi parecer, poco tiene que ver con “aprovechar la disponibilidad de energía primaria en el territorio nacional para lograr la procuración continua, diversificada y económica del suministro energético para ésta y las siguientes generaciones” como dice la propuesta. Esta puede ser una garantía energética, no una cuestión de seguridad.

¿Transparencia? No quisiera ofender a los lectores recordando la ominosa corrupción que existe en Pemex, de modo que solo haré dos reflexiones: Primero, es desmedida. No estamos hablando sólo de Romero Deschamps, que ya es mucho decir, sino que está presente desde los puestos más bajos. Como ejemplo, los trabajadores con “ficha” pagan una suma proporcional de su remuneración para no trabajar, pero ser pagado como si lo hicieran (“farisear”, coloquialmente). La corrupción es un cáncer con metástasis, cuya cura nada tiene que ver con la inversión privada. Extirparla sí sería “transformar Pemex”. Y para eso se necesita voluntad política, no reforma constitucional.

La segunda es la ignominia que sentimos muchos mexicanos al conocer hace pocos días todos los privilegios y aumentos en diferentes rubros que Pemex le otorgó a los dirigentes del sindicato (STPRM) y a sus hijos (sumas millonarias). Además se gastarán casi 2 millones adicionales (20 millones ahora) para celebrar la expropiación petrolera (¡qué cinismo!), entre otras consideraciones, que no tienen cabida en una coyuntura de reforma constitucional que los afecta directamente. Uno podría pensar que se está “comprando al sindicato”, pero queda a consideración del lector.

Y cierra con la sustentabilidad y medio ambiente. Pero promover la extracción de gas Shale, o gas esquisto, o gas de lutitas por fracking, o fractura hidráulica como “fuente de energías más limpias” es, otra vez, contradictorio. La técnica (no convencional) no consiste sino en perforar e inyectar grandes cantidades de agua con arena y químicos a presión para desprender, literalmente, el gas de las piedras fracturadas. La técnica está prohibida en Francia, y tiene desastrosos efectos: ¡contaminación de aguas (superficiales y subterráneas), contaminación del aire, de suelos, daños a la salud, al paisaje y terreno, e incluso riesgo sísmico!

Modificación de artículos y definición de privatización (“Pemex no se vende ni se privatiza”)

Sustentada en los ya expuestos “ejes estratégicos”,  el decreto mediante el cual se pretende reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución Política juega con el recurso jurídico de la interpretación. Yo diría un doble discurso (a nivel constitucional, infame).

Propone especificar en el artículo 27, párrafo sexto, que “no se otorgarán concesiones ni contratos respecto de minerales radioactivos”, y más adelante que corresponde a la Nación “el control del sistema eléctrico nacional”. Pero agrega al final del mismo “sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares (…)”. Este efecto se propaga al petróleo, y electricidad con la modificación al artículo 28, a cuyo párrafo  cuarto pretende agregar un par de líneas, una frase: “Tratándose de electricidad, petróleo y demás hidrocarburos, se estará a lo dispuesto por el artículo 27 párrafo sexto de esta Constitución”.

Este aberrante binomio constitucional propuesto podría “transformar” a PEMEX y CFE (primera y tercer empresas más grandes de México respectivamente) en administradoras de “contratos con particulares”. Pretende venderse una idea de necesidad de inversión al las empresas número 36 y 491 DEL MUNDO. Repito: Pemex y CFE (incluso con la corrupción) son de las 500 empresas más grandes a nivel global según la revista FORTUNE. Pemex es además la número 13 del continente, y la segunda de América latina. E irrebatiblemente la número UNO en México. CFE la tercera.

Aunque Peña juega con la demagoga declaración “Pemex no se vende ni se privatiza”, el mismo lenguaje invalida su propuesta. Según la RAE, privatizar significa “Transferir una empresa o actividad pública al sector privado”. Entonces Pemex y CFE no se privatizan, pero todas sus funciones sí. Los logos (Pemex y CFE) pueden seguir siendo propiedad de la nación, pero las actividades concernientes a los hidrocarburos y electricidad no. No se venderá “ni un tornillo de Pemex” o de la Comisión, pero sí se transferirá la actividad pública de proveer los bienes y servicios respectivos.

La privatizadora propuesta de Reforma Energética de Peña representa un insulto a la memoria de Lázaro Cárdenas del Río, quien dijo que el “gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras, traiciona a la patria”. La simple propuesta vulnera la seguridad de la Nación, ya que realiza “actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero” (artículo 123 del Código Penal Federal).

El modelo neoliberal nos ha quitado ya Telmex, Banamex, BCH, Imevisión, 18 instituciones de crédito, Mexicana, Fertimex, Ingenieros Azucareros, minas y muchas otras empresas con deplorables resultados. No permitamos que nos quiten la energía. Por la independencia energética, ¡no a la privatización!

@dariorp