Hectáreas del Bosque de Chapultepec, el principal pulmón de la Ciudad de México, son acechadas por una inmobiliaria que ha recibido el respaldo del Poder Judicial local a través de distintas resoluciones en las últimas décadas que avalan el cambio de uso de suelo para construir un complejo habitacional.
Ciudad de México, 15 de abril (SinEmbargo).– Una inmobiliaria busca edificar un complejo de departamentos de lujo en el Bosque de Chapultepec, un Área de Valor Ambiental de la Ciudad de México, en el predio Montes Apalaches 525, que consta de una extensión de 4 mil 830 metros cuadrados, y el cual se mantiene en un litigio con el Gobierno capitalino desde hace más de 30 años.
Todo comenzó en 1992, cuando el entonces Departamento del Distrito Federal, que en ese momento era administrado por Manuel Camacho Solís, expropió de 85 hectáreas de lo que ahora es la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, para convertirla en un Área de Valor Ambiental, en la cual se busca preservar y restaurar el ecosistema.
Entre ellas se encontraba el predio en cuestión cuya propiedad reclama la empresa Inmobiliaria Trepi, del empresario José Manuel Berumen Bautista, quien desde hace años reclama el cambio de uso de suelo para construir el complejo departamental.
La disputa legal por el Bosque de Chapultepec, descrito por el Gobierno como "el pulmón de la Ciudad de México por sus servicios ambientales", lleva décadas. Recientemente cobró relevancia luego de que el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Ulises Oswaldo Rivera González, ordenó al Congreso local modificar el uso de suelo del predio, contrario a la declaratoria de área natural protegida. En respuesta, el Congreso de la ciudad rechazó por unanimidad este 9 de abril restituir el uso de suelo.
“Esta resolución del Juzgado Cuarto en Materia Administrativa no tiene precedentes en el sistema jurídico de la Ciudad de México, es inaudito que un juzgado quiera obligar a los diputados a votar de una manera pasando por encima de la soberanía popular, pasando por encima de la Constitución de la ciudad, y además para votar algo que es muy sensible, que es una modificación al suelo de la ciudad, al bosque, y convertirlo en departamentos de lujo.
"Ahora fue este Juez, antes estuvieron involucrados otros actores del Poder Judicial. Denunciamos en su momento que pasó también por el escritorio de Juan Pablo Gómez Fierro, uno de los jueces más activos, más vocales contra la Reforma Judicial, el que le dio los amparos a Mexicanos Contra la Corrupción para detener las obras del Presidente López Obrador, vaya, un opositor confeso”, expuso Paulo García González, vocero de las y los diputados de Morena.
En octubre de 2024, cuando legisladores de Morena señalaron que el Juez Gómez Fierro respaldó a la inmobiliaria con fallos entre 2017 a 2020, cuando era Juez de Distrito, él lo negó y en sus redes sociales señaló que el cambio de uso de suelo en una zona protegida del Bosque de Chapultepec la dictó la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del entonces Distrito Federal, en marzo de 2004. Pero para el vocero de Morena en el Congreso, quien insiste en el papel que han tenido los juzgadores, este caso es una muestra más “de la urgencia de separar el Poder Judicial del poder económico”.
La sentencia que ordenó el cambio de uso de suelo no la dictó un tribunal del Poder Judicial de la Federación. En ese año yo cursaba el 4o año de la licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
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— Juan Pablo Gómez Fierro (@JPgomezfierro) October 22, 2024
La sentencia más reciente del Juez Rivera González señaló que si el Congreso no autorizaba el cambio de uso de suelo en el programa delegacional se impondría una multa a cada legislador y legisladora, además, si el plazo continuaba sin resolverse, planteó separar del cargo “al titular de la autoridad y responsable y consignarlo ante el juez de distrito”. Por ello, desde Morena Paulo García planteó que la inmobiliaria podría continuar con el proceso jurídico.
Al respaldo del juez Rivera González a la inmobiliaria se sumó que en octubre el Partido Acción Nacional (PAN) exhortó al Congreso local a acatar la sentencia, esto a través de una “solicitud de cumplimiento” que el grupo parlamentario hizo a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, la Diputada Martha Ávila. Finalmente. Esta semana el bloque opositor decidió pronunciarse en contra de modificar el uso de suelo en parte del Bosque de Chapultepec.
“Ellos firmaron un documento a principios del periodo pasado en el que por escrito pedían que se diera trámite a los resolutivos de la sentencia, que decía de manera textual el cambio al uso de suelo habitacional con restricciones de esta media hectárea del bosque de Chapultepec. Vieron la reacción de la gente, el rechazo social a esta medida y se plegaron a la posición del grupo parlamentario de Morena, lo cual reconocemos porque lo importante es que se consumó la defensa del bosque. Tenían miedo de perder su curul porque a todo esto, de manera velada, subyacente de todo lo que está pasando, estaba la amenaza de que nos pudieran destituir, desaforar, por desacato judicial. Eso siempre estuvo como una amenaza velada en todas las sentencias que se tuvieron del caso”, comentó el Diputado Paulo García.
Años de disputa por Chapultepec
En 1993, un año después de que hectáreas del Bosque de Chapultepec fueran expropiadas por las autoridades capitalinas, la Inmobiliaria Trepi demandó la nulidad de la decisión y en 1999 recurrió a tribunales argumentando que nunca se llevó a cabo la conservación ecológica del predio, la cual fue la causa de utilidad pública que se empleó para la expropiación, algo que han negado las autoridades capitalinas. Desde entonces a la fecha ha recurrido a instancias judiciales para que se le permita construir en esta parte del Bosque, considerado el pulmón de la capital.
“Es un tema que nos llama a todos a reaccionar. No podemos dejarlo pasar. Es un juicio que cuenta con actuaciones judiciales irregulares y que prácticamente legaliza o trata de legalizar la corrupción del patrimonio inmobiliario", afirmó el 9 de abril la Jefa de Gobierno Clara Brugada.
“Manifestamos nuestra firme decisión de defender el Bosque y evitar que una resolución judicial, viciada de origen, vulnere nuestro principal bosque urbano en la Ciudad de México”, añadió Brugada, quien también hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a la defensa del espacio público.
Nos pronunciamos en desacuerdo con la resolución de un juez que autorizó el cambio de uso de suelo en @ChapultepecCDMX para la construcción de vivienda.
Es un hecho gravísimo que no podemos dejar pasar.
Este juicio presenta una serie de irregularidades y representa un riesgo… pic.twitter.com/c0DPCzmNrj— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 9, 2025
Fue el 2 diciembre de 2003, en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando se publicó en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el Decreto por el que se declara cómo Área de Valor Ambiental al Bosque de Chapultepec, en el cual se estableció que por sus características biológicas y físicas presta importantes servicios ambientales ya que favorece la recarga de los mantos acuíferos, regula el clima, produce oxígeno, además de ser emblemático en el ámbito nacional por los valores históricos, arqueológicos, turísticos, culturales y recreativos que posee.
Desde entonces y hasta 2012, la Inmobiliaria Trepi ha recurrido a amparos para que se revierta la expropiación. De hecho, en 2007, el Juez cuarto de Distrito en Materia Administrativa le concedió un amparo que confirmó el sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, los cuales conminaron a la administración capitalina, dar cumplimiento de la resolución judicial de reversión. El Gobierno del Distrito Federal, entonces encabezado por Marcelo Ebrard, reconoció haber perdido el juicio de nulidad frente a la inmobiliaria.
Para el 12 de noviembre de 2012, el Gobierno del Distrito Federal, con Miguel Ángel Mancera, llevó a cabo la reversión del decreto y entregó a Inmobiliaria Trepi el predio de 4 mil 799 metros cuadrados, pero días después, el 27 de noviembre de 2012, publicó en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal otra Declaratoria de utilidad pública por la que se determinó como causa de utilidad pública la expropiación de este predio por las mismas razones ambientales.
El 14 de marzo de 2019, el mismo Juez Cuarto de Distrito ordenó el cambio de uso de suelo y pidió al gobierno quitarle la etiqueta a ese predio de área natural protegida. Fue la entonces Jefa de Gobierno Claudía Sheinbaum Pardo que rechazó en ese entonces la orden de “que entreguen el bien inmueble a la quejosa tal como lo tenía antes de que ocurriera la expropiación”, como lo indicaba un incidente de inejecución del juicio de amparo con expediente 1321/2007.
En ese sentido, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) expuso en una resolución administrativa fechada el 28 de septiembre de 2018, determinó que el uso de suelo para vivienda no se encuentra permitido para este predio. “El predio que nos ocupa, presta importantes servicios ambientales a la Ciudad de México por sus características biológicas y físicas, así como por la presencia de flora y fauna representativas y de especies con estatus de riesgo que aún alberga”.
De hecho, el 22 de octubre de 2024, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que desde el Gobierno de López Obrador en la capital se fue recuperando buena parte de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec por razones ambientales y porque, insistió, lo que es público es público.
“Estamos a favor de la propiedad privada y que se respete la propiedad privada, y para eso hay leyes y está la Constitución, pero lo que es público es público [...] El Bosque de Chapultepec lo vamos a defender, como todas las áreas naturales protegidas. Hay casos en el sureste, hay pendientes que también vamos a atender”, expresó.
“Entonces, el cambio de uso de suelo, no va a haber cambio de uso de suelo de zonas naturales y particularmente áreas naturales protegidas a otros usos, y menos de desarrollo urbano; al revés, vamos a proteger y a seguir ampliando las áreas naturales protegidas”, dijo en esa ocasión.
Entre los argumentos que expusieron las y los legisladores que votaron en contra de cambiar el uso de suelo en Montes Apalaches 525 está la preocupación de que se siente un precedente que permita a otras empresas privadas obtener áreas protegidas a través de litigios.
De acuerdo con el Diputado Paulo García, la entrega del predio a la Inmobiliaria Trepi podría poner en duda el decreto que protege miles de hectáreas, sobre las cuales, hasta el momento, ningún particular ha promovido otro juicio.
"Aunque para la dimensión del bosque suena poco media hectárea, que tampoco es poca cosa, lo que también nos preocupaba enormemente es que darle la razón a la empresa pudiera poner en riesgo más partes de esa misma expropiación que se dio en el 92, justamente con el objetivo de ampliar el polígono que hoy conocemos como Bosque de Chapultepec", planteó en entrevista.
