El hallazgo en Teuchitlán, en Jalisco, volvió a poner el ojo en otra problemática: las desapariciones que desde hace años afectan al estado de Jalisco.
Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo).- La grave crisis humanitaria que afecta a Jalisco, por desapariciones, fosas clandestinas y cadáveres sin identificar, que se profundizó durante la administración del emecista Enrique Alfaro Ramírez, está muy lejos de ser atemperada o resuelta durante el actual Gobierno de Jesús Pablo Lemus Navarro, quien llegó al poder respaldado también por el partido Movimiento Ciudadano.
La crisis de desaparecidos en Jalisco adquiere un tinte dramático porque afecta, principalmente a jóvenes de entre 15 y 19 años de edad, según conclusiones del informe del Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparición de Personas, de la Universidad de Guadalajara, que coordina la doctora Dolores del Carmen Chinas Salazar y en el cual participan los investigadores Denisse Ayala Hernández, David Coronado, Teresa Magnolia Preciado Rodríguez y Jorge Ramírez Plascencia.
En el informe, difundido el pasado lunes 12 de mayo del 2025 se explica: “El pasado sábado 10 de mayo se publicó la actualización al mes de abril del Registro Estatal de Personas Desaparecidas en Jalisco (REPD). Los datos indican un alarmante incremento de jóvenes desaparecidos con edades entre 15 y 19 años que no están siendo localizados. La causa más probable de este ascenso es el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado, que se aceleró desde el año pasado y parece seguir con la misma intensidad en los meses recientes, a pesar de los esfuerzos por controlar las centrales de autobuses, las campañas de difusión para alertar sobre empleos engañosos y las detenciones efectuadas a partir del hallazgo de dos centros de adiestramiento criminal en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, ocurridas durante este lapso”.
Podemos observar en el informe de la Universidad de Guadalajara que en el mismo periodo de enero-abril, de 2024 y 2025, el incremento de jóvenes desaparecidos de entre 15 y 19 años aumentó de 74 casos a 122 registros.
El asunto adquiere singular relevancia luego que el pasado 5 de marzo del 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció sus hallazgos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, un espacio que presumiblemente habría sido utilizado como un campo de entrenamiento y exterminio por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y por desgracia, todos los indicios son de que ese lugar podría haber sido el destino de jóvenes reclutados por esa organización criminal, una de las más violentas y poderosas del país.
El Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas, de la Universidad de Guadalajara hace las siguientes propuestas para tratar de detener este drama:
1.- Que el Gobierno de Jalisco elabore y haga público de manera inmediata el análisis de contexto que permita explicar por qué se han incrementado las denuncias por desaparición en este grupo de edad y las dificultades que presenta su localización.
2.- Que se emita una alerta específica por desaparición de jóvenes vinculada a prácticas de reclutamiento forzado.
3.- Que se formule a la brevedad un plan de acción estatal específico contra el reclutamiento forzado con objetivos, políticas y recursos, así como plazos e indicadores de resultados, perfectamente definidos.
4.- Que se legisle como un delito tipificado independiente el reclutamiento forzado, incluso valorándose la conveniencia de formular una ley específica.
DRAMA CRECIENTE
El último dato actualizado en la plataforma digital del Registro Estatal de Personas desaparecidas, administrado por el gobierno de Jalisco, señala que en la entidad está documentada la desaparición de 15 mil 618 personas, de las cuales 1,795 son mujeres y 13,823 varones.
Sólo como punto de referencia para dimensionar el problema de los desaparecidos habría que señalar que según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que elaboraba el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Gobernación, hasta el 31 de octubre de 2017, penúltimo año del gobierno priista de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, el primer lugar nacional en personas desaparecidas lo tenía Tamaulipas, con 5 mil 991 casos; en el segundo lugar aparecía el Estado de México, con 4 mil 217 personas a las cuales se les había perdido todo rastro y el tercer lugar era para Jalisco, con 2 mil 971 desaparecidos.
LA NEGACIÓN DE ALFARO
La sistemática desaparición de jóvenes en Jalisco siempre fue negada por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Por ejemplo, el 26 de agosto del 2024 rechazó la versión de una ola de desapariciones en las inmediaciones de la nueva Central Camionera de Guadalajara. En entrevista con medios de comunicación de Guadalajara declaró: “Eso no es cierto. Hay casos en los que estamos todavía buscando, pero no podemos estar hablando de que hay 15 desaparecidos en la Central [Camionera]. Yo no me voy a prestar ese tipo de cosas, siempre hemos actuado con responsabilidad, atendemos los temas de manera puntual e informamos a través de la Fiscalía de los mismos, así será hasta el último día del gobierno"
Sin embargo, el 23 de noviembre del 2024, la misma fiscal especializada en personas desaparecidas en Jalisco, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, contradijo al mandatario, al aceptar que algunas desapariciones de jóvenes están relacionadas con el reclutamiento que que en forma permanente realizan las bandas de la delincuencia organizada.
“Efectivamente algunas desapariciones han sido relacionadas con el tema de la central camionera como un último punto de ubicación, en ese sentido se han analizado los casos y hemos detectado que si bien es cierto algunos podrían estar relacionados con esta problemática de reclutamiento, algunas otras han sido en otro sentido”, señaló Trujillo Cuevas, con respecto a la desaparición de jóvenes.
El jueves 10 de abril del 2025 la Federación de Estudiantes Universitarios, de la universidad de Guadalajara, que encabeza Zoe García Romero, anunció que exigiría al gobierno de Jalisco que encabeza el emecista Jesús Pablo Lemus García que emprenda acciones de búsqueda para la localización de 20 alumnos de esa institución desaparecidos entre 2024 y abril del 2025, cuatro de los cuales desaparecieron en los primeros meses del actual calendario.
DESAPARICIONES, FOSAS Y CUERPOS
El gobierno de Enrique Alfaro dejó latentes otras graves crisis, vinculadas al problema de los desaparecidos. Entre 2006 y octubre de 2024 el estado de Jalisco acumuló 10 mil 983 cuerpos, osamentas y segmentos de personas fallecidas sin identificar. El sexenio encabezado por Enrique Alfaro Ramírez, fue la etapa más negra de esa crisis forense, pues siete de cada 10 cadáveres y secciones anatómicas sin identificar datan del periodo de 2019 a 2024. Las estadísticas las publicó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) tras una solicitud que hizo a finales del año pasado una persona, refiere el reportero Lauro Rodríguez, en una nota publicada en el periódico El Diario-NTR, el lunes 5 de marzo del 2025.
En el documento citado se precisa que entre 2006 y 2024 ingresaron al Servicio Médico Forense (Semefo) de Jalisco 70 mil 286 cuerpos, osamentas y segmentos humanos, pero sólo pudieron ser identificados 59 mil 303, es decir, el 84.37 por ciento. De los 10 mil 983 elementos humanos sin identificar, 5 mil 154 son cuerpos completos; mil 494, osamentas, y 4 mil 335 segmentos anatómicos.
Por la misma dolorosa vertiente tendría que analizarse el tema de las fosas clandestinas, atribuibles también al crimen organizado. De acuerdo con la organización Causa en Común y su Galería del Horror, en la que monitorea las atrocidades reportadas en medios de comunicación, entre enero y marzo de 2025 México sumó al menos 84 nuevas fosas clandestinas, de las que 11 fueron halladas en Jalisco, lo que convierte al estado en líder, nuevamente, en sitios de inhumación ilegal. Las estadísticas de Causa en Común no coinciden con los datos oficiales reportados por el gobierno de Jalisco: entre enero y marzo de 2025 la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas de la entidad documentó 21 fosas clandestinas.
Aún con ese sesgo, los datos de Causa en Común indican que Jalisco es el estado con la mayor cantidad de fosas clandestinas dentro de su Galería del Horror. A la entidad le siguen Sonora, con 10 fosas clandestinas; Sinaloa, con 9, y Baja California Sur, Chihuahua y Puebla, con cinco cada uno, localizadas entre enero y marzo del 2025.
La delincuencia organizada ha incrementado los niveles de violencia en Jalisco en los recientes sexenios, el del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, de 2013 a 2018 y en la administración del emecista Enrique Alfaro Ramírez del 2018 al 2024. Para enfrentar el problema, se requiere una amplia coordinación entre el gobierno federal y el gobierno estatal que ahora encabeza Jesús Pablo Lemus Navarro -también surgido de Movimiento Ciudadano-, en un proceso que tendría que pasar, necesariamente, por una depuración seria de la Fiscalía General de Jalisco, de la Policía Estatal y del desmantelamiento de las complicidades o el sometimiento de decenas de policías municipales en todos los confines de la entidad, que colaboran y actúan en sintonía con el crimen organizado, bien sea por comodidad, conveniencia, complicidad o simple temor.
