El Gobierno de Claudia Sheinbaum prepara una reforma de gran calado a las fiscalías, que devuelve al Ejecutivo federal y de los Estados el poder para designar a los titulares de esas instituciones.
Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).- Consumada la reforma al Poder Judicial de la Federación y electos ya los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la mitad de los Magistrados de Circuito y de los Jueces de Distrito del país, queda latente una pregunta para la cual los ciudadanos de la República esperan una respuesta: ¿Cuándo se llevará a cabo la reforma que permita una transformación profunda, tanto de la Fiscalía General de la República como de las 32 fiscalías estatales del país?
Y la respuesta está en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, que ya tendría preparado el proyecto de reformas constitucionales que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentará al Congreso de la Unión, para que el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos de los Estados recuperen la facultad de nombrar a sus respectivos fiscales.
La autonomía a la Fiscalía General de la República fue formalizada en la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el Lunes 10 de febrero de 2014 y fue replicada en las 32 entidades del país. Sin embargo, la permanencia de los fiscales por un periodo de nueve años ha generado serios problemas, pues las nuevas instituciones se han convertido en feudos autónomos que regularmente entran en conflicto con los nuevos mandatarios estatales que asumen sus cargos cuando ya los fiscales, heredados por la anterior administración se encuentran en funciones.
El pasado viernes 16 de mayo del 2025 el periódico El País publicó una información firmada por el reportero Zedryk Raziel, que advierte que el proyecto de reformas constitucionales para que Claudia Sheinbaum Pardo recupere la facultad de nombrar al Fiscal General del país ya fue elaborado por la Consejería Jurídica de las Presidencia de la República y que la pretensión de la mandataria es que sea aprobado en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, entre septiembre y diciembre del 2025. Gertz Masnero, el actual Fiscal General de la República, nombrado para ese cargo por nueve años, el viernes 18 de enero del 2019, terminaría su periodo en enero del 2028.
El 8 de octubre del 2024 la presidenta de la República presentó la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México, que se basa en cuatro ejes: Atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de la inteligencia e investigación con la creación de un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia; así como la coordinación con las entidades federativas. Pero hay otra tarea pendiente e igual de importante, una reforma a fondo en las fiscalías, tanto la General de la República como las estatales, para depurar y hacer eficiente al Ministerio Público que investiga y persigue los delitos.
La falta de especialización de los agentes del ministerio público para atender delitos vinculados particularmente a la violencia contra las mujeres, la trata de personas, las personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas, así como el combate a la corrupción, entre otras calamidades, exigen que desde el gobierno federal, pasando por el Congreso de la Unión, se promuevan profundas reformas para fortalecer la procuración de justicia, la investigación de los delitos y el castigo ejemplar a los infractores.
CIFRA NEGRA DE DELITOS
Durante 2023, en el promedio nacional, se denunció e inició una carpeta de investigación en 7.1 por ciento del total de delitos. En el 92.9 por ciento de delitos no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación. Por eso no es extraño que los porcentajes en la Cifra Negra de Delitos, que no son denunciados o no son investigados, sean altísimos en algunas entidades del país, como Guerrero, donde llega al 97.5 por cidento o en Chiapas, donde alcanza el 96,6 por ciento. Incluso los promedios más bajos de cifra negra de delitos son preopcupantes: 88.9 por ciento tanto en Durango como en Baja California.
La cifra negra de delitos que no son investigados explica la razones por las cuales la confianza de la gente en los ministerios públicos estatales es muy baja, apenas del 59.7 por ciento.
Pero la impunidad y la renuencia de la población a denunciar los delitos de los cuales es víctima se deriva de que considera muy engorrosos y tardados los trámites ante el Ministerio Público; porque recibe mal trato de la autoridad; o porque simplemente no confía en las fiscalías. Esto profundiza el problema de la procuración de justicia en nuestro país, según reflejan los datos proporcionados en dos diferentes encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El Ministerio público y las fiscalías estatales son las instituciones que están ubicadas entre las más corruptas y entre las que menos confianza generan entre los ciudadanos.
INSUFICIENCIAS
Hay delitos que requieren especial atención, pero la mayoría de los estados no están preparados para hacerlo pues no cuentan con suficientes fiscalías especializadas. Por ejemplo, para recibir denuncias e investigar delitos contra las mujeres sólo cuatro estados tiene un número respetable de agentes del Ministerio Público especializados: Veracruz, con 48; Jalisco con 30, así como Guanajuato y Estado de México, con 27 ministerios públicos especializados por cada entidad. Pero hay casos como Coahuila, Baja California, Baja California Sur, Guerrero y Nuevo León, que no tienen un solo Ministerio Público especializado en esta materia.
Igual podríamos observar el asunto de la procuración de justicia con respecto a los feminicidios. La mayoría de los estados no tienen agentes especializados para atender este delicado delito. Los que más atención ponen a la investigación de feminicidios son Veracruz, con 48 agencias del Ministerio Público, Puebla con 36 y Jalisco con 11 agencias investigadoras. Hay entidades que no tienen ni una sola agencia especializada en investigar feminicidios, como son los casos de Tamaulipas, Sonora, Colima, Sinaloa y Nayarit.
Para un delito tan grave como la trata de personas sólo cuatro estados ponen un razonable interés, como son los casos de Puebla, que tiene 36 agentes del ministerio público especializados en trata de personas; mientras que Jalisco, Veracruz y Sinaloa tienen cada uno, cinco agencias especializadas en trata de personas, respectivamente. Con respecto a la investigación de personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas, sólo Jalisco dispone de 23 agentes del Ministerio Público especializados y Tamaulipas tiene 13. En los demás estados este delito parece irrelevante.
