El derecho internacional se funda, entre otras cosas, en la idea de que la integridad de una nación no puede ser vulnerada de manera arbitraria o unilateral a partir del uso de la fuerza.

Cualquier intento de intervenir en los asuntos de otros países o de transgredir su territorio debe tener una razón acordada en instituciones erigidas por la comunidad de naciones de acuerdo al orden liberal internacional. Se sobreentiende que tales razones se pueden esgrimir generalmente por circunstancias extraordinarias. Por ejemplo la doctrina de la Responsabilidad de Proteger (R2P) se refiere a la obligación que tienen los gobiernos para evitar que se cometan cualquiera de los crímenes estipulados por la Corte Penal Internacional. En estos casos se puede autorizar el uso de la fuerza aún si esto entraña quebrantar la soberanía de un Estado manifiestamente agresor.

De ninguna manera está permitido transgredir la integridad de otra nación de manera unilateral. Por eso preocupa sobremanera la pretensión del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reclamar Groenlandia como parte de territorio estadounidense, sin el consentimiento de sus pobladores ni de la comunidad de naciones.

Todo lo cual me lleva a discutir esta delicada situación en el contexto de nuestro país. Aunque ya existía la inquietud desde antes, las recientes acciones de Trump en Venezuela y sus comentarios agresivos respecto a Groenlandia - arriesgando incluso la Alianza Atlántica - así como las recientes alertas emitidas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) advirtiendo sobre posibles operaciones militares que cruzan el Pacífico mexicano y el Golfo de California nos deben llevar a considerar seriamente la necesidad de salvaguardar nuestra soberanía de una manera más proactiva.

El caso del Golfo de California es quizás el ejemplo más urgente y relevante. El actual régimen de "aguas internacionales" bajo el cual se encuentra no garantiza jurídicamente que México pueda reclamar su soberanía, poniendo así en riesgo la seguridad nacional del país, así como su integridad territorial.

¿Alguien supone que el gobierno de Trump no utilizaría esta vulnerabilidad jurídica para reclamar esta parte de nuestro patrimonio?

Ante estos hechos incontrovertibles se hace necesario reformar con la mayor premura la Constitución y la Ley Federal del Mar a fin de que el Golfo de California - también conocido como el Mar de Cortés - sea reconocido como bahía histórica, mar territorial y, por consiguiente, parte integrante de la nación mexicana.

Como Diputado federal ya he contribuido con una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconocimiento del Golfo de California como Mar Territorial del Estado Mexicano cuyo propósito fue modificar los artículos 27, 42 y 48 de la Constitución para declarar la totalidad del golfo como propiedad de la Nación y parte integrante del territorio nacional.

Igualmente, presenté otra iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Federal del Mar, en materia de reconocimiento del Golfo de California como Mar Territorial del Estado Mexicano, cuyo propósito fue realizar cambios al artículo 3 (inciso b) y el artículo 36 (fracción I) para que México reivindique legalmente esta región como una bahía histórica, eliminando las zonas de aguas internacionales en su interior.

Por cierto, estas propuestas ya cuentan con la validación del Centro de Estudios Superiores Navales.

La operación para asegurar nuestro dominio sobre esta región de nuestro país no implica solamente cambios en la legislación interna, sino también actos diplomáticos que entrañan que la Jefa del Ejecutivo inicie gestiones ante los organismos internacionales competentes.

De las acciones que hoy se tomen dependerá la viabilidad del país en el futuro. No hay más tiempo que perder.