El acusado fue suspendido de la casa de estudios en noviembre de 2025 por la presunta comisión de una falta administrativa grave por enriquecimiento oculto.
Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).- Una Juez de control vinculó a proceso a Javier Tapia Santoyo, extesorero del Hospital 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por uso ilícito de atribuciones y facultades al asignar presuntamente tres contratos por un total de 11.1 millones de pesos a Interacción Biomédica, empresa fantasma de la que se presume entregó al implicado alrededor de 20 millones de pesos.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el acusado era coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales de este nosocomio y habría suscrito en 2018 tres contratos con esta compañía que simulaba y facturaba operaciones que presuntamente nunca ocurrieron.
Las indagatorias indican que Interacción Biomédica habría realizado diversas transferencias electrónicas para retribuir a Tapia Santoyo de forma directa, así como mediante la triangulación de movimientos desde terceras personas.
La #FGR obtuvo vinculación a proceso en contra de Javier “N”, por su posible participación en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades y ejercicio abusivo de funciones. En 2018, en su carácter de servidor público y en conjunto con otros funcionarios, probablemente… pic.twitter.com/btGkwmgcTU
— FGR México (@FGRMexico) March 6, 2026
Jueza niega prisión preventiva justificada
La juzgadora del caso, Patricia Sanchez Nava, resolvió no imponer la prisión preventiva justificada al acusado tras argumentar que el Ministerio Público Federal (MPF) no demostró riesgos suficientes para la parte ofendida o víctima, como riesgo de fuga, que requieran la aplicación de tal medida.
La dependencia argumentó que Javier Tapia mostró identificaciones con dos domicilios diferentes en la Ciudad de México y otro en Guerrero, además de registrar 20 ingresos al país de 2020 al 2025 desde San Diego a los aeropuerto de Tijuana, Guadalajara y Ciudad de México (CdMx) a través de diversas aerolíneas.
Sin embargo, Sánchez Nava determinó que el acusado podrá enfrentar en libertad su proceso con la condición de cumplir con la prohibición de salir del país, entregar pasaporte y visa, y acreditar oficialmente su permanencia en la CdMx de manera mensual.
Los otros acusados son Roberto Alberto Rodríguez Briseño y María Dolores Arellano Semas, exfuncionarios del mismo hospital, a quienes la semana pasada también vincularon a proceso y se les impuso las mismas medidas cautelares.
De acuerdo con el MPF, los acusados adjudicaron dichos contratos a Interacción Biomédica, empresa que en 2017 fue incluida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la lista de empresas “fachada”.
