Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).– En el contexto de la renegociación del T-MEC, el Gobierno de Donald Trump y empresas estadounidenses han intensificado presiones contra la política energética de México, al acusar que favorece a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos en detrimento de la inversión privada, mediante reformas legales, restricciones regulatorias y obstáculos en permisos; aunque México niega violaciones al tratado, Washington sostiene que hay discriminación y barreras operativas.
Desde finales del año pasado, petroleras y energéticas estadounidenses han denunciado supuestas violaciones al T-MEC por parte de las autoridades mexicanas, quejas que llevaron a representantes en Estados Unidos a presentar una iniciativa de ley llamada “Ley de Cumplimiento del Comercio Energético Mexicano” para garantizar que las empresas estadounidenses reciban un trato no discriminatorio y que no se les restrinja la participación en proyectos de generación eléctrica, transporte de gas natural y energías renovables.
La Secretaría de Energía (Sener) de México aseguró en noviembre pasado que México no viola sus obligaciones del T-MEC ni genera un trato discriminatorio en contra de los inversionistas estadounidenses y canadienses; tampoco elimina o restringe su participación, sino que establece de manera clara y transparente las formas en que los privados desarrollan actividades en este sector.
No obstante, el Gobierno de Trump sostiene que México obstaculiza la participación de las empresas estadounidenses en el sector energético. En el Reporte Nacional de Estimación Comercial sobre Barreras al Comercio Exterior, que elabora la Oficina del Representante Comercial, se cuestiona que “las empresas privadas que operan en México a menudo no pueden participar de manera efectiva —o incluso en absoluto— en el sector energético del país debido a retrasos frecuentes, rechazos inexplicables o injustificados y la inacción respecto a solicitudes de nuevos permisos o modificaciones a permisos existentes”.
En los últimos dos años, dice el informe, “empresas estadounidenses proveedoras del sector petrolero y gasífero mexicano han reportado un desafío sin precedentes para recibir pagos de Pemex por servicios prestados. Al 31 de diciembre de 2025, aunque algunas empresas estadounidenses han recibido pagos totales o parciales, otras siguen reportando adeudos vencidos que superan los 2 mil 500 millones de dólares”.
La administración de Trump cuestiona el hecho de que la política energética de México se centre en restablecer la primacía de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, al recordar cómo, desde 2018, en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México adoptó numerosas medidas para lograr este objetivo, que culminaron en la ratificación, en octubre de 2024, de una reforma constitucional para reclasificar a la CFE y a Pemex como “empresas públicas” en lugar de “empresas productivas”, con el fin de limitar la participación de compañías privadas en el mercado energético mexicano.
Tanto Andrés Manuel López Obrador como la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo han reivindicado la soberanía energética del país, al tiempo que han cuestionado el manejo que se le dio a Pemex y la CFE en los gobiernos neoliberales que priorizaron el endeudamiento y el saqueo. Apenas el pasado 18 de marzo, la Presidenta Sheinbaum sostuvo que “la soberanía energética es fundamental para la soberanía nacional. Y, además, el sector energético sigue siendo una palanca del desarrollo”.
“Cuando se pierde soberanía energética, se pierde soberanía. La mayoría de los países del mundo buscan producir su propio petróleo, su propio gas o sus fuentes renovables de energía. Entonces, cuando llega el Presidente López Obrador, entra al rescate de la soberanía energética con Pemex”, expuso en la pasada conmemoración de la Expropiación Petrolera que llevó a cabo el presidente Lázaro Cárdenas del Río en 1938. “Necesitamos seguir fortaleciendo la soberanía energética, ¿en qué?, en gas y las fuentes renovables; porque hoy importamos 75 por ciento del gas natural que consumimos”.
Fue en marzo de 2025 cuando México avaló un conjunto de leyes energéticas para implementar una enmienda constitucional previa. Estas disposiciones establecieron, como principio, la garantía de la prevalencia de la CFE y el mantenimiento de al menos el 54 por ciento de la electricidad enviada a la red. Asimismo, exigieron que la CFE tenga al menos el 54 por ciento de participación en cualquier proyecto de generación eléctrica de “inversión mixta” y fijaron una preferencia para la empresa estatal sobre las entidades privadas en la generación y comercialización de electricidad.
El Gobierno estadounidense denunció en su Reporte Nacional de Estimación Comercial sobre Barreras al Comercio Exterior cómo la aplicación de la Ley del Sector Hidrocarburos de México “prohíbe ciertas actividades de transbordo de combustibles, lo que reduce la flexibilidad logística y aumenta los costos operativos para las empresas estadounidenses, favoreciendo injustamente a Pemex”.
“Los cambios regulatorios también imponen nuevas restricciones a los permisos de combustibles, reducen la vigencia de los nuevos permisos de importación de 20 años a cinco años y reducen la vigencia de los permisos de comercialización de 30 años a dos años. Estos cambios regulatorios no aplican a Pemex”, acusaron.
En ese sentido, dijeron que actores estadounidenses “también han expresado preocupaciones sobre proyectos de reglamentos adelantados en diciembre de 2025 que habrían impuesto restricciones a la capacidad de los productores independientes de energía para vender su producción y habrían otorgado a la CFE la opción de adquirir los activos sin costo. El estatus de estas reglas propuestas sigue siendo incierto, y Estados Unidos continúa monitoreando de cerca los desarrollos en torno a posibles reformas”.
Desde mediados de 2025, el Consejo de Fuerza Laboral y Tecnología Energética —que agrupa a más de 250 empresas de servicios energéticos en Estados Unidos— ha enviado cartas a la Presidenta Claudia Sheinbaum para solicitar una solución a los retrasos en los pagos a proveedores, según reportó Reforma.
A inicios de marzo, 69 asociaciones estadounidenses de distintos sectores productivos hicieron público su respaldo a la extensión del acuerdo comercial, informó La Jornada. En una carta dirigida al representante comercial Jamieson Greer, las organizaciones señalaron que el T-MEC es “crítico para la competitividad y el éxito exportador de Estados Unidos” y expresaron su “firme apoyo” a su ampliación por 16 años. Asimismo, subrayaron que México y Canadá constituyen los principales mercados de exportación y fuentes de insumos estratégicos para la economía estadounidense, por lo que cualquier modificación sustantiva podría redefinir su competitividad tanto en el mercado interno como en el exterior.
