Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo).– Un funcionario estadounidense dijo a The New York Times que el Gobierno de Donald Trump instruyó a los fiscales federales a utilizar las leyes antiterroristas para perseguir a los funcionarios mexicanos a los que acusa de narcotráfico.
Esto, dicen los autores del texto, “representa una escalada significativa en su campaña contra el narcotráfico procedente de México”. No queda claro qué significa aplicar “leyes antiterroristas” en suelo mexicano. Estados Unidos suele violar soberanías y realizar ejecuciones extrajudiciales cuando se trata de terroristas.
Según Ernesto Londoño, Alan Feuer y Jack Nicas, la nueva orden fue anunciada desde miércoles por Aakash Singh, subprocurador general adjunto, durante una teleconferencia interna con fiscales de las oficinas regionales y “representa una nueva táctica agresiva en la estrategia antinarcóticos del gobierno que casi con seguridad tensará aún más su relación con México”.
“Deberíamos triplicar el número de acusaciones contra funcionarios gubernamentales corruptos en México que utilizan su poder y sus cargos para encubrir a terroristas y monstruos que trafican con la miseria y el veneno”, supuestamente dijo Aakash Singh. Y agregó, retador: “Si esto resulta desagradable para los funcionarios del Gobierno mexicano y les ofende que estemos haciendo esto, no puedo pensar en nada que me importe menos. Si además los avergonzamos y humillamos en el proceso, entonces eso es la cereza del pastel para nosotros”.
Presión de EU a políticos mexicanos también influiría en el T-MEC
Hoy se dio a conocer que el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, fue detenido desde el pasado lunes en Arizona. Mérida es uno de los diez funcionarios sinaloenses señalados por Estados Unidos de supuestamente cooperar con el narcotráfico. La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, protestó porque, dijo, una autoridad estadounidense acusó sin pruebas al Gobernador Rocha Moya.
Los analistas que The New York Times consulta afirman que al manifestar públicamente su intención de perseguir a los políticos mexicanos, Estados Unidos podría tener varios objetivos.
“A primera vista, la amenaza podría tener un efecto disuasorio en los funcionarios gubernamentales que apoyan el comercio, ya sea de forma activa o tácita, y cuyas campañas políticas pueden ser financiadas por los cabecillas. Pero también podría otorgarles a los funcionarios estadounidenses una ventaja en las negociaciones sobre el futuro de una alianza comercial que incluye a Canadá, México y Estados Unidos, antes de la fecha límite del 1 de julio”, señala la publicación del rotativo.
Por su parte, Roberta S. Jacobson, Embajadora en México durante la administración Obama, admitió en entrevista con el diario que “muchos verán esto como una medida desproporcionada contra México, que bajo el mandato de Sheinbaum ha hecho mucho más que cualquiera de sus predecesores en estos temas”.
“Sólo el principio”
Terrance C. Cole, Director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), durante una audiencia en el Senado del martes 12 de mayo, dijo que “esto es sólo el principio” y agregó:
“Son igualmente responsables [funcionarios y exfuncionarios mexicanos] de la muerte y destrucción de una cantidad récord de estadounidenses al cooperar, conspirar y ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera y entre en nuestro país”.
El texto de The New York Times agrega: “Esta iniciativa representa la más reciente expansión de la política de línea dura que ha caracterizado la agenda del Presidente Trump desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, cuando firmó una orden ejecutiva que designaba a los cárteles de la droga latinoamericanos como organizaciones terroristas.
"En cuestión de meses, el ejército estadounidense comenzó a hundir embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico, causando la muerte de casi 200 personas que, según la administración, eran narcotraficantes”, se lee en la publicación.
Hace dos semanas, mientras México protestaba por el ingreso de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) a Chihuahua, estado gobernado por la panista Maru Campos, fiscales federales en Nueva York acusaran al Gobernador del estado mexicano de Sinaloa, de Morena, así como a otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, por presuntamente cooperar con narcotraficantes.
“Las acusaciones previas de Estados Unidos contra funcionarios latinoamericanos por delitos de narcotráfico han deteriorado las relaciones bilaterales, que incluyen cooperación en muchos ámbitos. Sin embargo, Singh pareció disfrutar de esa posibilidad al instar a los fiscales a acusar a funcionarios mexicanos de brindar apoyo material a organizaciones terroristas, además de por delitos de narcotráfico”, dice el texto del diario estadounidense.
