A pesar de que el Gobierno federal presentó la reforma al marco hídrico como un cambio de rumbo, especialistas advierten que el sistema de concesiones que ha marcado la gestión del agua por más de tres décadas permanece prácticamente intacto. En entrevista con "Los Periodistas", la exsubdirectora de Conagua, Elena Burns, señala que la actualización legal dejó sin atender los mecanismos que han permitido la concentración del recurso y la presión creciente sobre los acuíferos más estratégicos del país.
Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- La exsubdirectora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Elena Burns, cuestionó la profundidad de la reciente reforma en materia hídrica y afirmó que los cambios aprobados no transforman la estructura privatizadora heredada desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Elena Burns advirtió que el nuevo marco legal mantiene intactos los mecanismos que han permitido la la sobrexplotación de cuencas y acuíferos en las zonas más pobladas y económicamente activas del país.
“Francamente no”, respondió al ser cuestionada sobre si la reforma eliminó los elementos privatizadores. “Los cambios fueron muy superficiales, en general lo que se hizo fue cambiar a términos neutrales de género y luego se cambió la transmisión por la reasignación y se cambió lo de bancos del agua por el fondo de reservas del agua”.
Elena Burns recordó que la Ley de Aguas Nacionales permitió, desde su implementación, un crecimiento descontrolado del régimen de concesiones.
“Dentro de los primeros 10 años se registraron 360 mil concesiones sin haber realizado estudios de disponibilidad”, recordó. Este proceso, señaló, derivó en la sobreconcesión de cuencas y acuíferos desde 2003, especialmente en las regiones más pobladas, donde los cuerpos de agua se encuentran ya en estrés y riesgo.
Burns subrayó que, en la práctica, el acceso al agua en los acuíferos más demandados se ha determinado por el mercado. “La única manera para obtener acceso al agua en estos acuíferos ha sido a través de la compra de derechos”, afirmó. Detalló que este esquema operó mediante dos vías: por un lado, el mecanismo facilitado por la Gerencia de Bancos del Agua, “que ayudaba principalmente a las grandes empresas a conseguir volúmenes de agua de ejidos y pequeños concesionarios agrícolas”; y por otro, las transacciones directas entre particulares.
Recordó que “80 por ciento de todas las concesiones son agrícolas chiquitas” y que es precisamente sobre estas donde ha sido más sencillo obtener volúmenes que terminan en manos de desarrollos inmobiliarios e industrias.
Este día, el Senado de la República avaló la noche del jueves en lo general la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, la cual fue aprobada horas antes por la Cámara de Diputados tras una maratónica sesión de 24 horas.
Con 85 votos a favor y 36 en contra de la oposición, el pleno aprobó el dictamen enviado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales para garantizar el derecho humano al agua y devolver este recurso a la Nación como bien estratégico.
Entre las modificaciones aprobadas, se añadió un nuevo capítulo para que delitos contra las aguas nacionales sean perseguidos de oficio.
Sobre los cambios recientes, sostuvo que “no cambia mucho de lo que hubo antes de 2020”. Además, advirtió que la reforma “no explica cómo van a funcionar los fondos de reserva del agua”, mecanismo que, según anticipa, será clave para que nuevos proyectos accedan al recurso.
Burns también criticó la falta de apertura institucional en Conagua, lo cual dijo, provocó su salida de esta institución en 2022.
“Esta ley se impuso, y es la historia de la Comisión Nacional del Agua”, dijo. “Es una institución que no dialoga, no colabora, no permite cualquier tipo de relación o colaboración para tratar los problemas”.
Finalmente, la exfuncionaria insistió en que, sin una transformación profunda del modelo de concesiones y sin una gestión pública basada en la disponibilidad real del recurso, los problemas de estrés hídrico seguirán agravándose en las zonas más críticas del país.
