Venezuela vive horas decisivas, marcadas por una mezcla de alivio, esperanza y profundo duelo. La región vive una tensión inédita ante el uso ilegal de la fuerza militar por parte de Estados Unidos. Muchos sentimientos en tensión. La captura de Nicolás Maduro ha sido recibida con júbilo por millones de personas dentro y fuera del país, especialmente por quienes han sufrido directamente la represión o se vieron obligadas a abandonar su hogar. Ese sentimiento es comprensible y legítimo. Durante años, la sociedad venezolana ha cargado con un régimen que vació las instituciones, persiguió la disidencia y cerró sistemáticamente los espacios de libertad.

Las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado venezolano están ampliamente documentadas. Desde 2019, a partir del informe presentado por Michelle Bachelet tras su visita al país como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, y posteriormente por la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la República Bolivariana de Venezuela, se ha acreditado la existencia de ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias y violencia sexual como prácticas recurrentes, utilizadas para castigar, disciplinar y sembrar terror. Lo mismo documentó la CIDH en su informe sobre la represión en el marco de las elecciones de 2024. No se trata de excesos aislados, sino de un patrón sistemático de represión. 

A ello se suma una tragedia humana de dimensiones históricas. Más de ocho millones de personas han tenido que migrar forzadamente, convirtiendo a Venezuela en uno de los mayores éxodos contemporáneos. Familias separadas, trayectorias rotas, vidas suspendidas en el exilio. Para muchas de esas personas, la captura de Maduro representa una posibilidad de finalizar una pesadilla, una esperanza largamente postergada. Esa emoción merece respeto, es un respiro en medio de un mar de dolor.

Dicho esto, reconocer el sufrimiento de las víctimas no obliga a suspender el análisis crítico sobre el método. Condenar la intervención militar de los Estados Unidos no equivale a absolver al régimen que durante años convirtió al Estado en un aparato de persecución. Ambas afirmaciones pueden sostenerse al mismo tiempo. El punto de fondo no es solamente la caída de un gobernante autoritario, sino la forma en que se abre —o se clausura— el camino hacia la reconstrucción democrática. En suma, el gobierno de Estados Unidos violó el derecho internacional y eso es muy claro.

Cuando el cambio político se produce al margen del derecho internacional y de la voluntad ciudadana expresada libremente, el riesgo es que la excepción se normalice. Que la lógica de la fuerza sustituya a la del derecho. Que la transición quede marcada por la imposición y no por la legitimidad. América Latina conoce bien los costos de esos atajos: procesos frágiles, justicia selectiva y nuevas formas de impunidad.

Todo parece indicar que la apuesta de los Estados Unidos es controlar a distancia un madurismo sin Maduro. Que pretende erigir la Presidencia de Delcy Rodríguez en un gobierno títere con la finalidad cínicamente reconocida de extraer los recursos naturales del país. Más allá de discursos soberanistas selectivos -pues hay quienes omiten la intervención previa de países como Cuba, China, Irán y Rusia- lo que debe inquietarnos es que la resolución sobre el futuro de Venezuela está lejos de ser definida por su gente.

En este contexto, la situación de la prensa es una señal de alerta. Aun en medio del quiebre político, 16 periodistas han sido detenidos y retenidos por horas, intimidados, y algunos despojados de su equipo por intentar documentar los hechos. Catorce de ellos durante la instalación de la Asamblea Nacional y dos cuando intentaban pasar por Colombia (incluido el mexicano Julian Mazoy). A ello hay que sumar los 23 periodistas presos antes del ataque de 3 de enero.

Ello da cuenta del talante autoritario del chavismo y destaca cómo los primeros damnificados de este contexto convulso son periodistas que tratan de registrar la realidad. La libertad de expresión no es exclusiva para tiempos estables; es una condición indispensable para cualquier proceso de verdad, justicia y reparación. También da cuenta de que sus fuerzas de seguridad que fanfarronamente presumían estar “listas” para combatir un ataque del “imperalismo yanki”, solamente sirven para reprimir a su propia población.

Venezuela necesita una salida que pertenezca a su gente. Una transición que garantice elecciones libres, la liberación de las cientos de personas presas por motivos políticos (ya comenzaron a liberarse algunos), el restablecimiento del espacio cívico y el juzgamiento de los responsables de crímenes graves conforme a estándares internacionales. También la intervención militar arbitraria de EUA debe ser motivo de rendición de cuentas ante la comunidad internacional.La justicia que nace del derecho es más lenta, pero también más duradera que la que se impone desde la real politik. 

Entre la celebración legítima de las víctimas y la defensa irrenunciable del derecho internacional, el desafío es no repetir los errores que han condenado a la región a ciclos interminables de violencia y desencanto.