Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo).- El gobierno de Estados Unidos (EU) presentó este miércoles cargos penales contra el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el Senador Enrique Inzunza Cázarez y otras ocho personas, entre funcionarios y exfuncionarios estatales. Las autoridades estadounidenses los acusan de haber colaborado con el Cártel de Sinaloa en operaciones de tráfico de drogas con destino a Estados Unidos.
"Para proteger y hacer crecer este imperio del tráfico de drogas, el cártel se ha asociado con políticos corruptos y funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, incluido el actual Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el acusado", se lee en la acusación emitida por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
El documento emitido por autoridades estadounidenses destaca que la corrupción permitió que el cártel operara con impunidad; por ejemplo, se acusa a Rocha Moya de haberse reunido con líderes del cártel antes de su elección para prometerles apoyo y colocar a funcionarios afines en puestos de poder.
u.s._v._ruben_rocha_moya_et_al._indictment_english_version u.s._v._ruben_rocha_moya_et_al._indictment_spanish_versionLos funcionarios señalados en los documentos
Además de acusar al Gobernador de Sinaloa, los documentos emitidos por las autoridades estadounidenses señalan a los siguientes personajes por conspiración y narcotráfico:
- Enrique Inzunza Cázarez: Senador y exsecretario General de Gobierno.
- Enrique Díaz Vega: Exsecretario de Administración y Finanzas.
- Dámaso Castro Zaavedra: Vicefiscal General del Estado de Sinaloa.
- Marco Antonio Almanza Avilés: Exjefe de la Policía de Investigación.
- Alberto Jorge Contreras Núñez, "El Cholo": Exjefe de la Policía de Investigación.
- Gerardo Mérida Sánchez: Exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.
- José Antonio Dionisio Hipólito, "El Tornado": Exsubdirector de la Policía Estatal.
- Juan de Dios Gámez Mendívil: Alcalde de Culiacán.
- Juan Valenzuela Millán, "El Juanito": Mando de la Policía Municipal de Culiacán.
Todos los funcionarios mencionados, incluyendo Rocha Moya, enfrentan cargos por conspiración para la importación de narcóticos hacia los Estados Unidos. Específicamente, se les acusa de participar intencionalmente en la fabricación y distribución masiva de sustancias controladas como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.
Según la acusación, los servidores públicos señalados abusaron de su autoridad para proteger a los líderes del cártel de investigaciones y arrestos, llegando incluso a proporcionar información sensible de seguridad y utilizar fuerzas policiales estatales y locales para custodiar cargamentos de droga.
Además, todos los acusados enfrentan cargos relacionados con armamento de alto poder, los cuales implican el uso y la ayuda en la posesión de armas de fuego automáticas capaces de disparar múltiples rondas sin recarga manual, así como artefactos explosivos.
Los documentos señalan que el aparato de seguridad que protegía a los funcionarios utilizaba regularmente armas de grado militar con el fin de eliminar a competidores y proteger los intereses del cártel.
En el caso específico de Juan Valenzuela Millán, alias "El Juanito", se mencionan cargos adicionales relacionados con el secuestro y posterior asesinato de una fuente confidencial de la Administración de Control de Drogas (DEA, por su siglas en inglés) y sus familiares en octubre de 2023, una operación en la que Millán presuntamente habría utilizado oficiales y patrullas bajo su mando para detener a las víctimas y entregarlas a sicarios del cártel.
Las pruebas contra Rocha Moya y los funcionarios
Las pruebas presentadas en los documentos sobre la relación entre los funcionarios y el Cártel de Sinaloa únicamente consisten en listas de supuestas nóminas mensuales recuperadas en México que detallan los sobornos pagados por el cártel a funcionarios específicos.
Según la acusación, los líderes de "Los Chapitos" enviaban mensualmente al "jefe de plaza" de Culiacán una caja con grandes cantidades de efectivo junto con estas listas, donde se identificaban a los beneficiarios mediante alias como "Culiacán Regio" (Dámaso Castro Zaavedra) o "Tornado" (José Antonio Dionisio Hipólito).
Las supuestas narco nóminas documentan pagos que oscilaban entre los 30 mil y los 300 mil pesos mensuales, vinculando directamente estos flujos de dinero con el control que el cártel ejercía sobre las fuerzas de seguridad estatales y municipales.
La acusación también alega una colusión política y operativa profunda, destacando reuniones entre Rubén Rocha Moya y líderes del cártel antes de su elección en 2021. Se menciona que en estos encuentros se pactó apoyo electoral a cambio de colocar a funcionarios afines en puestos de poder, lo cual se materializó mediante el robo de boletas y la intimidación de oponentes por parte de sicarios el día de la elección, bajo la orden de los líderes de "Los Chapitos".
