Ciudad de México, 12 de abril (SinEmbargo).– Académicos, comunicadores, artistas, políticos y asociaciones civiles pretenden estimular el debate e informar a la sociedad sobre los aspectos más preocupantes para la comunicación y la democracia contenidos en la Ley Peña-Televisa, como alguna vez lo hiciera el movimiento estudiantil #YoSoy132, durante la campaña presidencial del 2012.
El objetivo del Frente por la Comunicación Democrática es tajante: no permitir, por ningún motivo, que el Senado obsequie al Presidente Enrique Peña Nieto leyes reglamentarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que atenten contra los derechos humanos, le regrese poderes de control extraordinarios y deje intactos a los monopolios televisivos.
El poeta Javier Sicilia Zardain resumió las preocupaciones que congregaron a decenas de ciudadanos inquietos por la defensa de la libertad de expresión, en el Teatro de la Ciudad, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
“Son muchos los puntos en los que esa iniciativa vulnera la democracia, fortalece los monopolios y devuelve al gobierno su rostro autoritario y violento”, afirmó el líder social.
La idea de este Frente surgió el pasado 2 de abril cuando Javier Corral Jurado, Senador del Partido Acción Nacional (PAN) se reunió, primero con estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posteriormente con un público más plural en el Museo Casa de León Trotsky para alertar sobre los riesgos y regresiones de la Iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión enviada por Peña.
Este viernes 11 de abril, la idea se cristalizó con la creación oficial del Frente por la Comunicación Democrática, en el Teatro de la Ciudad. Allí representantes del sector académico, social, político y legislativo informaron a los asistentes las numerosas violaciones a la Constitución en las que incurren las leyes secundarias de la Reforma en Telecomunicaciones.
Ante estas inconsistencias, los presentes expresaron en un manifiesto a la nación: “Rechazamos cualquier intento por menoscabar el ejercicio de estos derechos fundamentales”.
Por su parte, el Senador Javier Corral reiteró que el Presidente Enrique Peña traicionó los compromisos plasmados en el Pacto por México, por los cuales el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) firmaron la reforma constitucional en la materia.
“La iniciativa enviada es una alambicada treta para mantener a Televisa como el Ministerio de Información del régimen, la telecracia, como la ha llamada Juan Villoro. ¿Por qué hizo esto Peña Nieto? ¿Simuló desde un principio o Televisa lo doblegó a menos de dos años de gobierno?”, cuestionó el Legislador.
Detalló las insuficiencias y los sesgos regulatorios en la iniciativa presidencial que favorece a los agentes económicos preponderantes de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
“[Peña Nieto] pretende hacernos de agua todo lo avanzado en la Constitución. Las medidas de competencia son una tomadura de pelo”, dijo.
Corral consideró que sólo la ciudadanía podrá frenar el intento presidencial de aprobar una ley en radiodifusión, lesiva a los derechos de las audiencias y que favorece totalmente al duopolio televisivo de Televisa y TV Azteca.
“Sólo un frente, con todas las voces libres y críticas, nos puede permitir avanzar. Solo un frente democrático puede detener la intentona en el Senado, un frente actuante comprometido, es hora de atajar la traición de Peña Nieto e instar a los legisladores que respeten a la Constitución”, afirmó el Secretario de la Comisión de Radio y Televisión del Senado.
MANIFIESTO DEL FRENTE
Los presentes avalaron un Manifiesto por la comunicación democrática en la cual se incluyeron propuestas de acción civil pacífica para combatir la iniciativa presidencial, como contactar a los diputados y senadores, personalmente o a través de las redes sociales, para expresar la inconformidad contra la Ley Peña-Televisa.
Asimismo convocaron a realizar una cadena humana que abarque de la residencia oficial de Los Pinos a las instalaciones Televisa Chapultepec, el sábado 26 de abril a las 11 de la mañana.
Los firmantes del manifiesto señalaron que la reforma constitucional de junio de 2013 en materia de telecomunicaciones y radiodifusión asentó principios fundamentales que completan anhelos de la larga lucha por el derecho a la información y la democratización de los medios de comunicación en nuestro país.
Sin embargo, los retrocesos planteados en la iniciativa enviada por Peña Nieto, presentan preocupantes omisiones, pérdidas y retrocesos frente a la reforma constitucional, entre ellos, que deja intacto al duopolio televisivo, privilegia a los concesionarios y no a las audiencias, debilita a los medios públicos, indígenas y comunitarios, lo mismo que a los productores independientes.
Al mismo tiempo, aumenta las facultades de la Secretaría de Gobernación, sobre el sector de la radiodifusión a costa del Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano autónomo; y sienta las bases para la violación de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de información, el derecho a la privacidad a través de la legalización de la censura y el control de las ideas.
Finalmente sostuvieron que el derecho a la comunicación pertenece a las personas y a las comunidades y es un bien público fundamental para lograr una democracia real.
Entre los firmantes estuvieron Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Sergio Aguayo, Elisa Alanís, Sophie Alexander-Katz, Virgilio Caballero, José Luis Caballero Ochoa, Manuel Camacho Solís, Purificación Carpinteyro, Carlos Castillo López, Tatiana Clouthier, Miguel Concha Malo, María Eugenia Chávez, Alejandro Encinas Rodríguez, Javier Esteinou, Javier Sicilia, Beatriz Solís Leree, Brisa Solís Ventura, Gabriel Sosa Plata, Mony de Swaan Addati, entre otras personalidades.
JAVIER SICILIA, REPRESENTANTE CIUDADANO
El poeta Javier Sicilia destacó tres puntos que atentan “de manera brutal” contra los derechos de los mexicanos. Primero señaló que la propuesta presidencial vulnera la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), en un claro intento por someterlo, de la misma forma que lo ha hecho con otros institutos autónomos, como fue el caso del extinto Instituto Federal Electoral (IFE).
Posteriormente alertó sobre la intención de Peña Nieto de utilizar las leyes secundarias en Telecom para reafirmar ese “horrendo” poder imperial, autoritario y controlador de contenidos, de una forma que ni siquiera se atrevió en el punto más autoritario del PRI-Gobierno.
“Contra los derechos civiles, esa iniciativa otorga a las instancia de seguridad, es decir al Cisen [Centro de Investigación y Seguridad Nacional], a la Policía Federal, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina entre otras, la facultad de obtener información de los concesionarios para ubicar en tiempo real cualquier dispositivo de comunicación que sirva a sus labores de producción de inteligencia, sin que medie orden judicial y sin establecer protocolos que evitan la violación a los derechos humanos”, sostuvo.
En tercer ñugar se refirió a la equidad y el derecho al uso social de los medios. Sicilia detalló que la iniciativa obliga a los solicitantes de medios comunitarios e indígenas a contar con una cantidad de dinero no especificada y a tener capacidad operativa, la cual deja fuera de alcance a las comunidades rurales, indígenas y organizaciones sociales.
Estos tres puntos bastan, dijo, para poner en evidencia el carácter autoritario, monopólico y regresivo de esta iniciativa. Por lo que hizo un llamado ciudadano para no dejarla pasar.
“Si la dejamos pasar, estamos siendo cómplices una vez más de la barbarie y habremos aceptado una vez más que el Estado continúe haciendo del gobierno el administrador, no de la democracia y de la vida ciudadana, sino como hasta ahora, han sido los gobiernos, los administradores de la desgracia, del crimen y del horror”, precisó el poeta.
Al inicio de su intervención, Javier Sicilia pidió un minuto de silencio por más de 100 mil personas muertas, 60 mil desaparecidas y un sinnúmero de víctimas, que han dejado tras de sí la guerra contra el crimen organizado en México.
ACADÉMICOS CONTRA LEY PEÑA-TELEVISA
El sector académico, en voz de José Luis Caballero, director del programa de derechos humanos de la Universidad Iberoamericana, detalló que la iniciativa presidencial atenta en varias disposiciones contra derechos fundamentales de libertad de expresión, libertad de información, acceso a las tecnologías de la información y comunicación, privacidad de las comunicaciones, libertad de asociación.
Resaltó cuatro ejes para la defensa de los derechos de las audiencias, entre ellos, fortalecer la reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada en junio de 2011, para que la Reforma en Telecomunicaciones vaya en el sentido de hacer valer los derechos fundamentales.
Detalló que la propuesta pretende invadir las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones que la Constitución le otorgó de manera exclusiva, como órgano autónomo encargado de otorgar las concesiones y responsable de la vigilancia de la transmisión de contenidos.
Asimismo, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) destacó que la iniciativa presidencial no promueve una competencia efectiva en los servicios de radiodifusión. Deja intocado el duopolio de la televisión abierta, y le permite a Televisa seguir concentrando en la televisión de paga.
Tampoco desarrolla mecanismos efectivos y precisos para limitar la concentración de frecuencias, ni al concesionamiento, ni para limitar la propiedad cruzada de medios, ni otras medidas de desinversión.
“La iniciativa del Ejecutivo no solamente es inconstitucional en términos de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, sino que es inconstitucional en otras áreas de la Carta Magna, porque todos tenemos la coincidencia de que es una iniciativa regresiva y que tendría muy severas consecuencias en las libertades y en el debate democrático de este país”, enfatizó para Sin Embargo, Aleida Calleja, integrante de la AMEDI.
Por otra parte, representantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y del Sistema Nacional de Productoras y Radioemisoras de Instituciones de Educación Superior (SINPRIES), entregaron observaciones sobre la propuesta de ley secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión, a la comisión del ramo en la cámara alta.
Coincidieron en que en la iniciativa del Ejecutivo federal hay una ausencia de certeza jurídica para los medios públicos y sociales, por lo que es fundamental realizar los cambios necesarios para que este tipo de medios sigan existiendo, actuando y fortalecerse de una buena vez.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
Antes de concluir el evento, la Diputada del PRD, Purificación Carpinteyro, pidió subir al pódium para exponer sus puntos de vista sobre el tema.
Aseguró que el proceso irregular planteado para la dictaminación de la iniciativa por las Comisiones de Comunicaciones y de Radio y TV del Senado de la República, pone en entredicho la legalidad de la misma, por lo que anunció que buscará reunir la firma de una tercera parte del total de los diputados, a fin de presentar una acción de inconstitucionalidad a la Ley Peña-Televisa, en caso de que sea aprobada por el Congreso de la Unión, sin modificaciones.
Señaló que ya no hay tiempo para un dictamen responsable con miras a la elaboración de una legislación que atienda fielmente lo mandatado por la Constitución y que incorpore como piedra angular la definición de la radio y la televisión.
